UGT y CC OO acusan al Gobierno de negarse a modificar el antiguo PER
UGT y Comisiones Obreras criticaron ayer lo que consideran negativa del Gobierno central a modificar el antiguo Plan de Empleo Rural (PER). Tras un año de arduas negociaciones, los sindicatos se encuentran a punto de romper el diálogo por la imposibilidad de acercar posiciones. La última reunión se produjo el pasado jueves. Los sindicatos esperaban una ratificación del acercamiento que sobre la reforma del PER se produjo en febrero. Sin embargo, la directora general del Inem, María Dolores Cano, reveló la intención del Gobierno de dificultar la entrada de nuevos beneficiarios del subsidio agra...
UGT y Comisiones Obreras criticaron ayer lo que consideran negativa del Gobierno central a modificar el antiguo Plan de Empleo Rural (PER). Tras un año de arduas negociaciones, los sindicatos se encuentran a punto de romper el diálogo por la imposibilidad de acercar posiciones. La última reunión se produjo el pasado jueves. Los sindicatos esperaban una ratificación del acercamiento que sobre la reforma del PER se produjo en febrero. Sin embargo, la directora general del Inem, María Dolores Cano, reveló la intención del Gobierno de dificultar la entrada de nuevos beneficiarios del subsidio agrario."Algo que no aceptaremos por principio", advirtió el secretario general de la Federación de la Tierra de UGT, Juan Aguilar. Éste acusó al Gobierno de "engañar" a los sindicatos por haberles hecho creer en su intención de modificar el PER. "De haber sabido esto, UGT no hubiera firmado jamás la reforma de 1996", añadió. Detrás de este fracaso -"en vez de acercar posiciones se agrandan las diferencias, según los sindicatos"- se escondería la presunta intención del Gobierno de dar marcha atrás en una reforma del PER que supondría un mayor incremento de los gastos: a los 125.00 jornaleros adscritos al subsidio agrario en Andalucía y Extremadura se les sumarían unos 300.000 trabajadores agrícolas del resto de España que actualmente carecen de protección.
Además, la reforma conllevaría la posibilidad de compatibilizar el PER con el sistema contributivo general de la Seguridad Social. El Gobierno tendría que aportar más dinero: a los 130.000 millones de pesetas que cuesta anualmente el subsidio agrario habría que añadir otros 40.000 por el aumento de beneficiarios, de los que una parte se recuperaría tras igualar el abono de cotizaciones al régimen general. Una tesis que no comparte el Gobierno, que pretende disminuir los subsidiados y dificultar la entrada al PER a los menores de 25 años y a los mayores de 45.