Potestad sancionadora
1. ¡Delegación del poder sancionador!De todos es sabido que algunos alcaldes tienen delegada la potestad sancionadora en asuntos de tráfico en algún concejal; el de Madrid en su concejal de Hacienda. Actualmente creo que existe una reciente sentencia del Tribunal Supremo que avala esta delegación.
Bueno, respetando la citada sentencia, he de manifestar mi disconformidad ante la posibilidad de esta delegación. La ley es bien clara: "El poder o facultad sancionadora reside en el alcalde, en el tráfico urbano", y ésta es una de las facultades que confieren carácter a la autoridad. Yo d...
1. ¡Delegación del poder sancionador!De todos es sabido que algunos alcaldes tienen delegada la potestad sancionadora en asuntos de tráfico en algún concejal; el de Madrid en su concejal de Hacienda. Actualmente creo que existe una reciente sentencia del Tribunal Supremo que avala esta delegación.
Bueno, respetando la citada sentencia, he de manifestar mi disconformidad ante la posibilidad de esta delegación. La ley es bien clara: "El poder o facultad sancionadora reside en el alcalde, en el tráfico urbano", y ésta es una de las facultades que confieren carácter a la autoridad. Yo diría que es consustancial con la de mando, pues presupone que la soberanía popular le ha conferido ese superpoder: siendo parte le ha hecho juez. Delegaciones como éstas nos llevarían a aberraciones como a que las penitencias las pusiese el monaguillo, salvando las distancias para los creyentes, o que los arrestos los pusiera el cabo furriel, que el juez delegara su función de sentenciar en el secretario, etcétera. Por este camino se podría llegar a cualquier disparate, como que los indultos los concediera el ujier. Esto es indelegable, en democracia más que en cualquier otro sistema. "Cada palo ha de aguantar su vela", y al que no le guste, que se vaya.
Me permito presuponer que si alguien se anima y lo lleva al Tribunal Constitucional, no podrá fallar más que en este sentido.
2. ¡Poder de ejecución de embargos! Muchas autoridades tienen en nuestro ordenamiento jurídico poder ejecutivo en embargos por deudas tributarias, multas, sanciones, etcétera. Ahora Hacienda amenaza con la incautación del automóvil de morosos. Que conste que no soy moroso de nada.
Lo primero que quisiera es reflexionar sobre este extraordinario poder conferido a la autoridad. Ella es parte: Hacienda en todo lo que confiere a impuestos y fiscalidad del Estado; los alcaldes en las multas, sanciones, tasas, impuestos municipales; la DG de Tráfico en multas; la Comunidad en tasas e impuestos transferidos por el Estado. Y todos ellos "parte", a su vez son jueces, pues en su libre interpretación, en primera instancia, se cobran nuestra "supuesta" deuda. ¿A cuántos ha cobrado, por esa vía, multas el Ayuntamiento de Madrid, injustas e injustificadamente? Y si no, que nos cuente el señor Álvarez del Manzano el vía crucis que ha pasado para encontrar la vía administrativa de comunicación de multas: primero los carteros que no encontraban a nadie en casa; luego el intento de involucrar a los empleados de fincas urbanas, fallido intento entrometiendo a terceros; luego la contrata de la compañía USA de gestión de multas, y ya el actual de publicación oficial. Y, por si fuera poco y no le hubieran crecido suficiente los enanos, ahora el lío de las firmas. En fin, un cúmulo de desatinos. Existe otro aspecto de mayor profundidad, la inviolabilidad de ciertas cosas: nuestro domicilio, nuestra correspondencia, el teléfono, etcétera, que sólo pueden violarse por mandamiento judicial. ¿No sería el caso del vehículo cuando es herramienta de trabajo? Y no digamos de los depósitos bancarios, ellos han sustituido "el calcetín", el sancta santorum del domicilio, no hace tantos años. Yo diría que actualmente nuestras cuentas corrientes se han convertido en la casa de tócame Roque, con la pasividad de ciudadanos, autoridades, juristas, entidades bancarias, jueces y fiscales, senadores y diputados, Defensor del Pueblo... Quizá, de aquellos polvos nos vengan estos lodos.-