Barranco denuncia que la Operación Chamartín esconde un posible delito de prevaricación

La operación urbanística más importante planteada en Madrid en los últimos años, que permitirá ampliar la Castellana hacia el norte con un pasillo de oficinas, viviendas y parques sobre terrenos de Renfe, se enreda en el Parlamento y puede quedar paralizada en los tribunales.El senador socialista Juan Barranco denunció ayer en la Cámara alta un posible delito de prevaricación en la denominada Operación Chamartín. En principio, la actuación afectaba a 625.000 metros cuadrados, según el contrato de adjudicación otorgado por Renfe por concurso a Argentaria en 1993. Esta entidad, entonces banco p...

La operación urbanística más importante planteada en Madrid en los últimos años, que permitirá ampliar la Castellana hacia el norte con un pasillo de oficinas, viviendas y parques sobre terrenos de Renfe, se enreda en el Parlamento y puede quedar paralizada en los tribunales.El senador socialista Juan Barranco denunció ayer en la Cámara alta un posible delito de prevaricación en la denominada Operación Chamartín. En principio, la actuación afectaba a 625.000 metros cuadrados, según el contrato de adjudicación otorgado por Renfe por concurso a Argentaria en 1993. Esta entidad, entonces banco público, cedió la gestión de esa operación a la empresa Desarrollo Urbanístico Chamartín (Duch), "condicionando el contrato a que Duch consiguiese, en un plazo máximo de dos años, 870.000 metros cuadrados más", según reveló ayer Juan Barranco en una interpelación al ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, en el Senado.

"La empresa no cumplió ese compromiso, pero Renfe no sólo no resolvió la adjudicación, sino que en 1997 le regala 1,3 millones de metros cuadrados más sin concurso público, a pesar de que un informe de la Secretaría General Técnica de Renfe, elaborado en 1995, dice que no puede hacerse esa ampliación", afirmó ayer Barranco. Arias-Salgado rechazó ayer estas acusaciones y defendió la nueva adjudicación asumiendo directamente la decisión de la misma. "No anulé la concesión porque me planteé que era mucho mejor salida la novación para introducir un planteamiento de desarrollo urbanístico, y estoy satisfecho de haberlo hecho", afirmó el ministro en su última intervención.

"La ampliación está impugnada en el Tribunal Superior de Madrid y Arias-Salgado tendrá que responder ante los tribunales de los responsabilidades que ha asumido hoy [por ayer] en sede parlamentaria", replicó Barranco.

Arias-Salgado contraatacó acusando al Gobierno socialista de intentar especular con la Operación Chamartín ofreciendo 6.000 millones de pesetas a los reversionistas, a cuyo frente estaba el ex edil socialista Jesús Espelosín.

Moción

El PSOE va a presentar hoy una moción pidiendo que se anule todo lo que se ha hecho sobre la Operación Chamartín y que ésta se desarrolle por un consorcio público. La semana pasada, el consejero de Obras Públicas, Luis Eduardo Cortés, presidente del consorcio encargado de velar por la operación, presentó el proyecto de ampliación de tres kilómetros en el paseo de la Castellana, jalonado por 12 rascacielos y 14.000 viviendas. El ministro apuntó ayer en el Senado que esa edificabilidad prevista (0,6 metros cuadrados por cada metro cuadrado) podría subir hasta el 0,8. "Se van a construir 14.000 viviendas, todas de precio libre, y no están previstos pisos para la tercera edad ni equipamientos culturales o deportivos. Estamos hablando de una operación que supondrá un negocio de 500.000 millones, condicionada a los intereses de los beneficios de un privado. En el Pasillo Verde, un tercio de los pisos eran de protección oficial, y se construyeron parques y equipamientos culturales", mantiene Juan Barranco.La comparación entre la actuación seguida en el Pasillo Verde Ferroviario y la Operación Chamartín endureció el enfrentamiento entre el senador y el ministro. Éste calificó a Barranco de "maniqueísta" por considerar mejor la gestión pública que la privada, y recordó que el Pasillo Verde Ferroviario se cerró con números rojos. "Si el modo democrático de gestión consiste en que el Gobierno tenga que desafectar terrenos por 12.000 millones para poder pagar, mal son defendidos los intereses de los madrileños", señaló el ministro. Paradójicamente criticó así el modelo de gestión previsto en Chamartín: la venta de terrenos públicos de Renfe, previamente recalificados, al mejor postor. "Arias-Salgado se olvida de que el Pasillo Verde fue diseñado por el último gobierno municipal socialista, pero gestionado desde 1989 por el PP. Si ha habido déficit debe pedirle explicaciones al alcalde y a su edil de Obras, Enrique Villoria", replicó Barranco.