Tabarca y un señor de Cartagena

El Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el PP, inventó el año pasado la plaza de vigilante de la isla de Tabarca. La justificación era razonable: controlar este pequeño espacio de tierra declarado Bien de Interés Cultural y reserva marina. Un funcionario municipal de nuevo cuño velaría así por la salvaguarda del rico patrimonio de la isla. "Con el PP termina la desidia de los socialistas en la gestión de Tabarca", dijo un concejal popular en el borrascoso pleno que aprobó el nombramiento del nuevo vigilante municipal de la isla. ¿A qué se debió la algarabía de la oposición ante un acuerdo t...

El Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el PP, inventó el año pasado la plaza de vigilante de la isla de Tabarca. La justificación era razonable: controlar este pequeño espacio de tierra declarado Bien de Interés Cultural y reserva marina. Un funcionario municipal de nuevo cuño velaría así por la salvaguarda del rico patrimonio de la isla. "Con el PP termina la desidia de los socialistas en la gestión de Tabarca", dijo un concejal popular en el borrascoso pleno que aprobó el nombramiento del nuevo vigilante municipal de la isla. ¿A qué se debió la algarabía de la oposición ante un acuerdo tan necesario? ¿Acaso Tabarca no necesita control municipal? ¿No impediría el vigilante funcionario que la reserva marina se llenara de escombros? Claro que sí, y más aún con los méritos de un experto en la materia: José Luis Sánchez Carrascosa, hermano de Jesús Sánchez Carrascosa,-paisano y hombre de confianza de Eduardo Zaplana, además de ex director de Canal 9-, que ganó la plaza por oposición. Y, además, con buena nota. Que el alcalde de Santa Pola, el popular Pascual Orts, tenga ahora abiertos un puñado de expedientes sancionadores por realizar vertidos a la reserva marina procedentes de un grupo de viviendas que él mismo promueve en la isla -otrora refugio de piratas berberiscos que asaltaban las poblaciones costeras- debe de ser un desliz. Y una casualidad que la Fiscalía de la Audiencia, el Ministerio de Medio Ambiente, la Consejería de Obras Públicas y el propio Ayuntamiento de Alicante se hayan visto forzados a investigar un supuesto atentado contra este paraje natural. Ya en su día, antes de que se resolviera el concurso de la plaza de vigilante, el grupo socialista adelantó quién sería el ganador. Acertó de pleno. La Administración del PP, local y autonómica, se apresuró a conceder los permisos al regidor santapolero. Lo hizo poco antes de que el nuevo plan especial de protección de la isla, proyecto cuyo plazo de exposición al público expiró el pasado jueves, dibujara una nueva ordenación de Tabarca. El caso es similar al del proyecto de la Universidad de Alicante para desarrollar un parque científico, pero al revés. ¿Para qué recalificar a la Universidad el terreno que necesita si hay en ciernes una revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)?, se pregunta el alcalde Díaz Alperi como justificación al bloqueo al plan de expansión del equipo rectoral de Andrés Pedreño. La pregunta es si cuando el Ayuntamiento de Alicante apruebe el plan de Tabarca quedará algo por proteger. Este proyecto surge como consecuencia de la revisión del plan especial de la isla, documento aprobado en octubre de 1984, para adaptarlo a las exigencias de la Ley sobre el Patrimonio Histórico Español. La finalidad básica del documento es la ordenación urbanística del territorio de la isla encaminada a la protección, revitalización, mejora y recuperación de los valores histórico-artísticos. La recuperación del sistema defensivo, construido entre los años 1772 y 1975 es una de la principales actuaciones previstas en el plan especial, aunque también la más contestada en las alegaciones vecinales, ya que el documento prevé la demolición de varias viviendas para dejar paso al paseo de la muralla. También los ecologistas han presentado alegaciones. La Colla Ecologista d"Alacant reclama la prohibición en la isla del vertido de desechos de obras en construcción o vaciados de tierra. Aunque una ordenanza establece como norma general el traslado y vertido de escombros fuera de la isla, la nueva normativa sí admite que las administraciones competentes puedan habilitar una escombrera en Tabarca para el depósito de esos materiales. En opinión de la Colla, el plan especial se excede en sus propuestas, pues va mucho más allá de catalogar las edificaciones a proteger e imponer una serie de ordenanzas sobre urbanización y construcción. A su juicio, un plan de estas características no puede incluir proyectos constructivos. Pero la iniciativa municipal, según el grupo ecologista, contempla proyectos por valor de 1.500 millones, unos planes que "deberían ser objeto de otros trámites administrativos", como la celebración de concursos de ideas y debates públicos con información a los ciudadanos sobre las propuestas de actuación. En otra de sus alegaciones, la Colla pide que se prohíba el uso de PVC como material de carpintería en la isla. Recuerdan los ecologistas que muchas ciudades europeas han prohibido el uso de ese material, que provoca gran contaminación en su producción y eliminación. Mientras se informan las alegaciones, la oposición denuncia que Tabarca se ha convertido en un coto privado del PP, bajo la atenta y eficaz vigilancia del funcionario municipal.