Nadal acusa a Comas de desatender a los ancianos y pide su dimisión

El choque entre el consejero de Bienestar Social, Antoni Comas, y el Ayuntamiento de Barcelona por los retrasos en la construcción de geriátricos ha llevado al PSC a examinar la gestión del departamento en esta materia. La conclusión es que la Generalitat no atiende el aumento de la demanda de plazas, provocado por el envejecimiento de la población catalana. A Comas le ha llegado la hora de la jubilación anticipada, dijo ayer el líder del Grupo Parlamentario Socialista, Joaquim Nadal.

Los socialistas interpelarán hoy a Comas en el Parlament por su actuación en este ámbito. Pero no se ha...

El choque entre el consejero de Bienestar Social, Antoni Comas, y el Ayuntamiento de Barcelona por los retrasos en la construcción de geriátricos ha llevado al PSC a examinar la gestión del departamento en esta materia. La conclusión es que la Generalitat no atiende el aumento de la demanda de plazas, provocado por el envejecimiento de la población catalana. A Comas le ha llegado la hora de la jubilación anticipada, dijo ayer el líder del Grupo Parlamentario Socialista, Joaquim Nadal.

Los socialistas interpelarán hoy a Comas en el Parlament por su actuación en este ámbito. Pero no se hacen ninguna ilusión acerca de una rectificación del consejero. Es por esto que Nadal pidió ya ayer su dimisión y adelantó que, según cuál sea la respuesta a la interpelación, presentarán una propuesta de reprobación. Comas "es incapaz de resolver los problemas de la población de la tercera edad y por lo tanto debe dimitir", dijo. El consejero ha recibido el apoyo del presidente Jordi Pujol y del Consejo Nacional de su partido, Convergència Democràtica. Ayer también le defendió el portavoz de CiU en el Parlament, el diputado Ramon Camp. Comarcas sin geriátricos Según un informe elaborado por el PSC, "la política de Bienestar Social del Gobierno de Pujol no atiende la demanda real de la sociedad". Los socialistas calculan que, de las 36.721 plazas residenciales para la tercera edad que hay en Cataluña, el 36% corresponde al sector público, mientras que la iniciativa privada acapara el 64% del total. Los socialistas denuncian que hay dos comarcas (Terra Alta y Alta Ribagorça) que no tienen ni una sola plaza residencial a pesar de ser zonas especialmente envejecidas. El Tarragonès, Barcelonès y Alt Empordà son comarcas en las que la cobertura pública del Departamento de Bienestar Social está por debajo de la media catalana, que es de 3,7 plazas por cada 100 habitantes si se suma la oferta pública y la privada. Los socialistas no sólo critican los pocos recursos que la Generalitat destina a este apartado, sino también su distribución territorial. Sus datos apuntan que 5 de las 10 comarcas con la población más envejecida de Cataluña están entre las primeras comarcas con menos plazas residenciales Al respecto, desde el PSC se asegura que "no se han ofrecido incentivos para que la iniciativa privada colabore en resolver los desequilibrios territoriales, ni se ha incentivado la creación de geriátricos como una fuente de riqueza y ocupación". El estudio del PSC dedica un apartado especial al problema de los geriátricos en la ciudad de Barcelona. A los socialistas la suma de las plazas de iniciativa municipal (Ayuntamiento más Diputación) les da un total de 527, mientras que les consta 447 plazas que sufraga la Generalitat. Es decir, que en la capital catalana existen 80 plazas geriátricas más de titularidad municipal que de la Generalitat. Sin embargo, un informe reciente de Bienestar Social rebaja a 196 las plazas bajo responsabilidad del Ayuntamiento, mientras que las de la Generalitat las sitúa en 1.094. Según Marina Geli, del PSC, "Bienestar Social debe sumarse las de iniciativa privada que están concertadas parcialmente por el departamento, y en las que el usuario o su familia acostumbra a pagar parcialmente el coste según sus recursos". Por otra parte, el PSC tiene previsto presentar hoy ante la fiscalía del Tribunal Superior de Cataluña una denuncia por haber insertado en la prensa un anuncio de publicidad a su juicio partidista contra el Ayuntamiento de Barcelona. El PSC quiere que este anuncio, cuyo coste cifra en torno al millón de pesetas, debe ir a cargo de Convergència y no del presupuesto de la Generalitat.