El Tribunal de Cuentas culpó al recaudador municipal de Brunete de la desaparición de siete millones de pesetas

El Tribunal de Cuentas responsabilizó al recaudador de impuestos de Brunete, Vicente Joaquín A. G., de la desaparición de más de siete millones de pesetas de las arcas municipales y le condenó a devolverlos. Los auditores públicos explican que el supuesto defraudador utilizaba dos técnicas para quedarse con el dinero de los impuestos municipales. Por un lado, Vicente Joaquín, que recibía los recibos de tesorería, ingresaba en el Ayuntamiento cantidades inferiores a las reflejadas en los documentos de cobro. Por otro lado,cobraba recibos, pero los inscribía como pendientes de cobro y luego trat...

El Tribunal de Cuentas responsabilizó al recaudador de impuestos de Brunete, Vicente Joaquín A. G., de la desaparición de más de siete millones de pesetas de las arcas municipales y le condenó a devolverlos. Los auditores públicos explican que el supuesto defraudador utilizaba dos técnicas para quedarse con el dinero de los impuestos municipales. Por un lado, Vicente Joaquín, que recibía los recibos de tesorería, ingresaba en el Ayuntamiento cantidades inferiores a las reflejadas en los documentos de cobro. Por otro lado,cobraba recibos, pero los inscribía como pendientes de cobro y luego trataba de que los dieran de baja en tesorería, siempre según las conclusiones del ministerio fiscal.

Vicente Joaquín dejó su trabajo para el Ayuntamiento de Brunete, pero el secretario general de la corporación, que se incorporó al puesto en 1992, descubrió numerosas anomalías en la tramitación de los recibos. Solicitó una auditoría para aclarar lo sucedido y se descubrió el agujero.

El Tribunal de Cuentas encontró a Vicente Joaquín "responsable contable directo de daños y perjuicios causados en los caudales públicos por valor de 7.727.794" y le condenó "al pago" de esa cantidad. El 11 de septiembre de 1996, el ministerio fiscal interpuso una querella criminal contra el recaudador, en la que le acusaba de apropiarse de más de 14 millones entre el 3 de julio de 1990 y el 3 de julio de 1992, cuando gobernaba el PP en Brunete.

Pero el tribunal no pudo obtener pruebas concluyentes con las que demostrar la acusación por el caos imperante en las cuentas municipales. La sentencia señala: "Acreditado el descontrol que existía en las cuentas del Ayuntamiento, el Tribunal no puede alcanzar la convicción de que el acusado sustrajera no ya la cantidad que se le imputa en este procedimiento, sino cualquier otra, dada la situación constatada entonces en el Ayuntamiento".

La Audiencia Provincial de Madrid le ha absuelto de la acusación de malversación de caudales públicos por falta de pruebas debido al descontrol de las cuentas municipales de Brunete.