El juez interroga a un ex recluso y a un funcionario judicial por el robo de cuatro revólveres en los juzgados
El juez de Madrid que investiga el robo de cuatro revólveres en los juzgados de la plaza de Castilla interrogó ayer, en calidad de imputados, a un funcionario del Ministerio de Justicia y a un ex recluso que hace años trabajó como jardinero en el edificio judicial. Los dos imputados negaron ayer cualquier intervención en el robo. El juez, según fuentes cercanas a las pesquisas, no adoptó ninguna medida cautelar contra ellos, si bien ha citado de nuevo para el lunes al funcionario judicial para que le aporte documentación sobre algunos bienes de su patrimonio.Los cuatro revólveres fueron sustra...
El juez de Madrid que investiga el robo de cuatro revólveres en los juzgados de la plaza de Castilla interrogó ayer, en calidad de imputados, a un funcionario del Ministerio de Justicia y a un ex recluso que hace años trabajó como jardinero en el edificio judicial. Los dos imputados negaron ayer cualquier intervención en el robo. El juez, según fuentes cercanas a las pesquisas, no adoptó ninguna medida cautelar contra ellos, si bien ha citado de nuevo para el lunes al funcionario judicial para que le aporte documentación sobre algunos bienes de su patrimonio.Los cuatro revólveres fueron sustraídos el pasado agosto de la armería de los juzgados de Madrid, situada en el edificio judicial al que se accede por la calle de Capitán Haya. Desde entonces, nada se ha sabido de estas armas, aunque fuentes policiales han asegurado, basándose en datos de confidentes, que las personas que tienen en este momento en su poder las armas han intentado venderlas a una banda de atracadores.
El funcionario, que en la actualidad trabaja en los juzgados, y el ex recluso son las únicas personas interrogadas en calidad de imputadas en relación con este robo. No obstante, el juez comenzó a citar el pasado día 15 a algunos vigilantes de seguridad de la plaza de Castilla que trabajaron el día en que se produjo el robo de las armas. Estos guardias pertenecen a la empresa de seguridad Savico, responsable de la vigilancia interior de los juzgados y tribunales de Madrid.
Este periódico ha intentado reiteradas veces, sin éxito, dialogar sobre este asunto con Savico, que ha declinado pronunciarse al respecto alegando que el caso estába siendo investigado por los jueces.
No obstante, a raíz del robo, Savico decidió despedir a su jefe de seguridad en la plaza de Castilla, Esteban S. R., quien, además, es la persona que tenía encomendada ese día la custodia de estas armas.
Esteban S. R. ha asegurado a este periódico que dejó los revólveres en una caja fuerte de la armería y se marchó del lugar para almorzar. Luego, un compañero le telefoneó al restaurante y le comentó que las armas habían desaparecido.
"Armería no homologada"
Otras fuentes relacionadas con la empresa de seguridad de la plaza de Castilla niegan la versión anterior. Señalan que las armas nunca fueron depositadas dentro de la caja fuerte, y que, además, la alarma de la habitación en la que se halla la armería no fue conectada ese día, como es preceptivo."Las cuatro armas no pertenecían al servicio de seguridad de los juzgados de plaza de Castilla, sino a la estafeta de Correos de la estación de Chamartín, pero se guardaban en los juzgados porque la estafeta carece de una armería homologada", explicaron ayer fuentes cercanas a la defensa de Esteban. "Las armas se trasladaban a diario a los juzgados de la plaza de Castilla en los propios coches de los vigilantes, lo que era una irresponsabilidad", añadieron las citadas fuentes.
Esteban S. R., que disponía de una asignación mensual por custodiar las armas robadas, mantiene en la actualidad un pleito laboral contra su empresa por el despido. El juicio debió celebrarse el pasado día 19, pero fue aplazado por la incomparecencia de un testigo que la defensa de Esteban consideró clave.
La negligencia en la custodia de estas armas se ha traducido ya en una propuesta de sanción para Savico de cinco millones de pesetas. La propuesta ha sido formulada por la Delegación del Gobierno en Madrid. Además, la Guardia Civil ha iniciado otro expediente, que también podría derivar en una nueva sanción económica para la empresa.