Cuando el protector discrimina

El abanico de los colectivos discriminados se ha ampliado en las últimas décadas. Han aparecido los enfermos de sida, la inmigración ha extendido el racismo en países receptores y se han hecho sentir las voces de las víctimas de las discriminaciones más cotidianas, las más sutiles y las más olvidadas por las administraciones. Son precisamente las instituciones las responsables, directa o indirectamente, de la mayoría de las discriminaciones que sufren las minorías sociales, según aseguran en una encuesta 34 organizaciones no gubernamentales (ONG) y entidades cívicas que trabajan en Barcelona c...

El abanico de los colectivos discriminados se ha ampliado en las últimas décadas. Han aparecido los enfermos de sida, la inmigración ha extendido el racismo en países receptores y se han hecho sentir las voces de las víctimas de las discriminaciones más cotidianas, las más sutiles y las más olvidadas por las administraciones. Son precisamente las instituciones las responsables, directa o indirectamente, de la mayoría de las discriminaciones que sufren las minorías sociales, según aseguran en una encuesta 34 organizaciones no gubernamentales (ONG) y entidades cívicas que trabajan en Barcelona con el propósito de eliminar las desigualdades sociales. La consulta, realizada por el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, fue encargada por la concejalía de Derechos Civiles del Ayuntamiento de Barcelona con el fin de identificar las discriminaciones más habituales que sufren los colectivos más desfavorecidos de la capital catalana y adoptar medidas para combatirlas. El estudio puso de manifiesto la necesidad de crear, para la ciudad y su área metropolitana, una Oficina por la No Discriminación, con una función similar a la que ejerce el Síndic de Greuges: actuar como mediador entre el ciudadano y la Administración. La Oficina por la No Discriminación de Barcelona, que hoy abre sus puertas, es la primera de estas características que se crea en Europa y está inspirada en un organismo similar que funciona en la ciudad norteamericana de San Francisco desde hace 33 años. Los ciudadanos víctimas de algún tipo de discriminación tienen tres opciones: acudir a la oficina (calle de Sant Francesc, 42), exponer su caso por teléfono (93 304 3118) o denunciarlo a través del apartado de correos 803 (08080). La encuesta revela que las víctimas de las discriminaciones suelen denunciarlas con escasa frecuencia, mayoritariamente por miedo, por desconfianza en la justicia, por conformismo o por falta de recursos económicos para asumir los costes de un proceso legal. El equipo de profesionales de la nueva Oficina por la No Discriminación (entre ellos licenciados en derecho y asistentes sociales) ejercerán una función mediadora entre el denunciante y la parte agresora. En caso de fracasar la reconciliación, se ayudará a la persona discriminada a tramitar la denuncia por la vía judicial. Sin minimizar las discriminaciones atribuibles a la sociedad o a particulares, las organizaciones consultadas destacan la relevancia de aquellas que son imputables a la Administración. El estudio se centra especialmente en la Administración municipal y concluye que los minusválidos constituyen el colectivo más "incomprendido" por el Ayuntamiento barcelonés. Minusválidos. Las siete asociaciones de minusválidos entrevistadas coinciden en que las decisiones o programas políticos municipales no tienen en cuenta el derecho a la igualdad de este colectivo. Los ámbitos en los que las personas discapacitadas aseguran sufrir una marginación más sistemática son el laboral (en la incorporación de discapacitados en las plantillas: las empresas no suelen respetar los porcentajes que establece la ley), la educación, el transporte y la vivienda, además de las barreras arquitectónicas. Las asociaciones señalan que ninguna de las discriminaciones que sufren en las citadas esferas es únicamente imputable a particulares, sino que las administraciones tienen como mínimo responsabilidad compartida, ya sea por falta de regulación jurídica o por incumplimiento de la ley. Los sordos se consideran especialmente ignorados por el Ayuntamiento y las instituciones. Las barreras comunicativas que se les imponen en todos los servicios de atención al ciudadano (sin intérpretes del lenguaje de los signos) se convierten en un problema grave cuando quieren contactar con los servicios de urgencias, como los hospitales, los bomberos o la policía. Inmigrantes. Casi todas las organizaciones consultadas han coincidido en que los inmigrantes son constantemente discriminados cuando buscan trabajo o vivienda. También coinciden en que la principal y más significativa discriminación es la originada por la propia ley de Extranjería. La mitad de las asociaciones consultadas citan, como las más habituales, las discriminaciones y agresiones cotidianas de particulares. SOS Racismo apunta que este tipo de actitudes xenófobas se han generalizado. También la mitad de las entidades alude al acoso que los inmigrantes sufren de la policía. Los inmigrantes denuncian en pocas ocasiones, por miedo a perder lo poco que tienen o porque su situación irregular les impide hacerlo. Gitanos. La única entidad consultada es la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña. Las principales discriminaciones que sufren los gitanos se producen en el ámbito de la vivienda y el trabajo. La federación atribuye al Ayuntamiento de Barcelona la responsabilidad de algunas políticas de acceso a la vivienda que resultan discriminatorias para los gitanos. Se reprocha, por ejemplo, que la documentación que se les solicita (nóminas) les impide formalizar contratos de alquiler. La federación ha interpuesto denuncias por desalojos de viviendas y declaraciones políticas que considera discriminatorias para los gitanos. La entidad denuncia el racismo social que sufren los gitanos. Homosexuales. Cuatro de un total de cinco entidades preguntadas afirman que los programas políticos del Ayuntamiento discriminan a los homosexuales y las lesbianas. Las asociaciones reprochan las actitudes discriminatorias de instituciones como la Iglesia y el Ejército. El rechazo se centra en el ámbito laboral y jurídico. Tres entidades señalan que la ley, especialmente en el ámbito del derecho civil, les margina. Mujeres. Las asociaciones han responsabilizado a las administraciones de las dificultades que tienen las mujeres en paro para incorporarse en el mundo laboral o para a acceder a la vivienda en el caso de las mujeres solas. Son habituales las discriminaciones salariales, los despidos por embarazo y el acoso sexual en el trabajo, a juzgar por las quejas de las asociaciones consultadas. La penalización del aborto es vista como una discriminación por las asociaciones de mujeres, que denuncian también la falta de sensibilidad de la justicia hacia las mujeres víctimas de malos tratos o agresiones sexuales. Infancia. Las dos entidades preguntadas coinciden en destacar la generalización de la falta de atención afectiva que sufren los niños de familias acomodadas a causa del ritmo de trabajo al que se ven sometidos los padres. La investigación se centra en la situación de los niños del Raval de Barcelona, discriminados por las precarias condiciones en que deben vivir. Enfermos crónicos. En la encuesta se ha analizado varios colectivos: los enfermos de sida, los ludópatas y los alcohólicos. En el caso de los enfermos de sida, las dos asociaciones entrevistadas coinciden en que las discriminaciones institucionales son las más graves, aunque destacan el apoyo que reciben del Ayuntamiento de Barcelona. Critican que las administraciones no informan a los enfermos de sida sobre los derechos que tienen y reprochan al Servicio Catalán de la Salud que les somete a excesivos controles y citaciones. Los ludópatas y alcohólicos, por su parte, reclaman políticas de prevención contra estas adicciones. Remarcan que la sociedad en general, más que los hombres en particular, los discrimina. Vejez. Las asociaciones consultadas afirman que, además del rechazo familiar y la soledad, los ancianos sufren la ignorancia de la Administración. Se quejan de la falta de centros de día y de residencias geriátricas y de la existencia de barreras arquitectónicas.