"El "caso Tous" no termina ni con un tercer decreto"
Pregunta. ¿Qué fue lo peor que encontró sobre la mesa cuando accedió al cargo en mayo de 1996? ¿El caso Tous? Respuesta. A largo plazo, Tous, que es un tema que está en vanguardia todos los días. Y cuando parecía que iba a estar resuelto con los convenios transaccionales, la sentencia condenatoria ha vuelto a reavivar el tema y estamos intentando buscarle la solución adecuada. P. Uno de estos días el Congreso de los Diputados debe ratificar el crédito de 9.400 millones para los 5.270 damnificados por la rotura de la presa que optaron por la vía de los tribunales. Algunos grupos de la oposición...
Carlos González Cepeda
Pregunta. ¿Qué fue lo peor que encontró sobre la mesa cuando accedió al cargo en mayo de 1996? ¿El caso Tous? Respuesta. A largo plazo, Tous, que es un tema que está en vanguardia todos los días. Y cuando parecía que iba a estar resuelto con los convenios transaccionales, la sentencia condenatoria ha vuelto a reavivar el tema y estamos intentando buscarle la solución adecuada. P. Uno de estos días el Congreso de los Diputados debe ratificar el crédito de 9.400 millones para los 5.270 damnificados por la rotura de la presa que optaron por la vía de los tribunales. Algunos grupos de la oposición quieren que se aumente este crédito para compensar al resto de damnificados. ¿Lo cree oportuno? R. Respeto la voluntad de todos, pero algún grupo político está aprovechando un excesivo oportunismo cuando ha tenido 14 años para resolver el problema a satisfacción de todos los damnificados. En cualquier caso, hay dificultades administrativas. Manejar más de 40.000 expedientes después de 17 años hace complicadísimas esas situaciones. P. De estos 5.270 damnificados sólo han presentado papeles para cobrar un millar. ¿Qué ocurre con el resto? R. Con la sentencia se dan unos casos curiosísimos. Había gente que tenía daños materiales por valor de 5.000 pesetas, que, con el paso del tiempo y los daños morales, puede llegar a cobrar un millon de pesetas. Pero el damnificado que presentó en aquel momento una cartilla por ese valor, o la ha perdido, o no se acuerda, o se ha trasladado. Entonces, cerca de la mitad no han pedido la ejecución de la sentencia. Es la primera vez que la Administración se dirige personalmente uno a uno, telefónicamente o a través de los ayuntamientos, para que cobren. P. Las asociaciones Afiva y Apemeda han estado negociando una salida para equiparar sus afiliados a los que optaron por los tribunales. R. Afiva y Apemeda plantean el problema de que son asociaciones que han mantenido la llama de la reivindicación y han tenido unos gastos importantísimos, y ahora resulta que ni en los convenios transaccionales, donde había un acuerdo interpartes extrajudicial, se les reconocen los gastos que han tenido. Ellos lo que están reivindicando fundamentalmente no es el pago de las indemnizaciones a todos, que evidentemente lo reclaman, sino también que han tenido unos gastos y no son capaces de hacer frente a ellos porque muchos de sus asociados han cobrado el dinero y no han querido saber nada del asunto. Y muchos de los dirigentes han tenido que avalar personalmente créditos para defender a los asociados. Eso nos parece injusticia porque gracias a Afiva y Apemeda se ha llegado a donde se ha llegado. P. Estas asociaciones han estado negociando un tercer decreto. R. Cuando entré aquí se habían aprobado los dos decretos que no satisfacían a las asociaciones al cien por cien, si bien es cierto que el segundo decreto se aplicó con unos criterios bastante generosos y eso permitió que la mayoría hiciera el convenio transaccional. Pero había una serie de particularidades que habían quedado fuera y todo el mundo pensaba que la sentencia del Tribunal Supremo iba a ser absolutoria. Entonces, buscamos una solución intemedia: el famoso tercer decreto, que iba a mejorar el segundo decreto y a eliminar las desigualdades. Había un remanente en los dos decretos que no se iba a cubrir en sus totalidad y pensamos que había que reinvertirlo sobre los damnificados a través de otro decreto. Y no lo tramitamos porque no sabíamos la cifra exacta del remanente hasta que no se hubiesen liquidado todos los expedientes. Y cuando sale la sentencia contra uno de los técnicos, aunque con la responsabilidad subsidiaria de la Administración, y cobran, pues ya no tiene sentido ese tercer decreto. Por eso queremos acabar con la ejecución de la sentencia y saber las cifras para poder empezar a trabajar de nuevo. Hay que esperar, porque no sabemos cuál es el remanente; porque nadie es capaz de determinar la cifra que hay que pagarle a todo el mundo, y porque, aun pagándoles a todos, habrá unas discriminaciones brutales entre todos. En cualquier caso, si se les pagase a todos, el caso Tous se prolongaría por lo menos otros cuatro o cinco años, porque habría que reavivar 40.000 expedientes con todo lo que conlleva. Siempre habrá perjudicados porque el caso ha tenido una complejidad enorme, que va más allá de los damnificados. Ni con un tercer decreto se acaba el caso, porque tiene flecos que lo complican: los pueblos de Beneixida y Gavarda todavía están por solucionar, las tierras arrasadas de Sumacàrcer están sin arreglar, los que construyeron los ayuntamientos todavía no han cobrado... P. En cinco años los ciudadanos provenientes del Este de Europa han triplicado su presencia en la Comunidad Valenciana, preferentemente en La Vega Baja. ¿Es casualidad? R. No solamente en La Vega Baja. En estos momentos estamos actualizando unas estadísticas de la provincia de Valencia y en el año 96 había 15.000 emigrantes, y ahora estamos en 26.000, de los cuales alrededor de 9.000 son comunitarios. el resto son de países del Este, de África y Suramérica. Estos son los legales, o sea que hay que añadir otros 7.000. ¿Qué se está produciendo? Un movimiento migratorio en Europa hacia los países más desarrollados. Luego, en un momento determinado, por un sentido comercial importante, algunos promotores inmobiliarios vieron que una buena parte de su mercado estaba en los países del Este, concretamente en Rusia. Algunos promotores se fueron allí, vendieron y esto ha traído que luego vengan otros y se forme un asentamiento importante de países del Este en la zona de Torrevieja. Es un número importante y muchos de ellos han buscado el asentamiento definitivo. ¿Que eso conlleva blanqueo de dinero negro? Evidentemente, porque han pagado a precios superiores al mercado. Pero de eso a deducir que ese asentamiento es una mafia, pues yo no tengo encima de la mesa un dato que me haga pensar que es así. Si mafias son organizaciones delictivas para recaudar dinero y extorsionar, yo no puedo decir que ni en Orihuela ni en la zona sur de la provincia de Alicante existan estas organizaciones. ¿Que hay un colectivo importante que se está incrementando, que lo estamos controlando y que dentro de él hay de todo? Evidentemente, pero no podemos hablar de mafias. Podemos decir que la procedencia del dinero en muchos casos es dudosa, pero no que haya una organización delictiva paralela al Estado. P. Para la oposición, el asesinato de un ciudadano ruso el 22 de agosto en Orihuela supone una confirmación de las actividades mafiosas que se desarrollan en La Vega Baja. R. Uno, y un intento de secuestro hace unos meses. Pero las características de ese secuestro eran tan chapuceras que me niego a creer que una mafia tenga un grado de chapuza tan grande. Hubo un asesinato como también ha habido asesinato de chinos en Gandia. ¿Pero con uno ya podemos determinar que hay una mafia? Me cuesta trabajo creerlo. No hay que olvidar que los colectivos tienen un efecto mimético muy importante. Ahora mismo en Castellón hay un asentamiento importante de rumanos. ¿Por qué? Porque en Castellón hay falta de mano de obra industrial, agrícola y doméstica. ¿Y por qué hay tanto rumano? Porque unos se llaman a otros. Los colectivos se asientan donde encuentran situaciones favorables. En Alicante hay un colectivo importante de argelinos. En Valencia hay un colectivo importante de chinos, que además son todos de la misma provincia. Pero eso no determina que haya una mafia argelina o china. P. Usted que ha sido miembro del Instituto de Análisis de Inversiones, ¿tiene una idea de por qué invierten los rusos en La Vega Baja? R. Había que ir a La Vega Baja y ver el número de apartamentos que había sin vender, y a los promotores se les ocurrió ir a Rusia, contactaron y vendieron. ¿Que es una salida de dinero del Este? ¿Que una parte de ese dinero sería de dudosa procedencia? Evidentemente.Pero las transacciones comerciales que se han hecho en La Vega Baja se han realizado con toda la legalidad del mundo. Lo que ocurre es que apartamentos que valen 15 millones han sido vendidos por 28, pero si el dinero del Este tiene miedo y aquí se encuentra seguro y ellos encuentran expectativas, pues no hay nada que decir. Me preocupa mucho más el índice de delincuencia del pequeño delito, del tráfico de drogas, o del delito contra el patrimonio. Me preocupa más el tráfico de inmigrantes que se hace por la A-7, en el que están implicados muchos españoles. Pero con el fenómeno de la inmigración hay que ser comprensivo. No hay que olvidar que los españoles tenemos una cultura de emigración muy fuerte y tenemos que ser comprensivos. Hay una gran hipocresía social respecto a la inmigración. P. ¿Dónde la detecta? R. Si la emigración es de hambre, por necesidad económica, tenemos que acogerla con los brazos abiertos, porque si no la estamos condenando a la delincuencia. La sociedad es hipócrita, y si la inmigración es con dinero, vuelve los ojos. Mientras la sociedad se aprovecha del inmigrante para los trabajos que los españoles no quieren hacer, ¡benditos! Se aprovecha de ellos porque sus sueldos son los más baratos y luego le molestan. Ni hay que abrir la puerta a todos, como pretenden algunos, ni hay que ser tan hipócrita como otros. Hay un término medio. En los próximos años los países de la Unión Europea vamos a una sociedad multirracial y hay que aceptarlo. Lo que hay que hacer es controlarlo adecuadamente. No puede ser que aceptemos al inmigrante para contratarlo de chacha en casa y que nos moleste si sale con nuestro hijo. Es una hipocresía social que hay que combatir. P. ¿Ceuta nos rebota inmigrantes para que sean expulsados desde aquí o no es así? R. No, Ceuta es un enclave muy complicado de controlar, lo que está provocando que su centro de internamiento para los inmigrantes que incumplen la Ley de Extranjería no tenga capacidad suficiente. Entonces, se trasladan con toda la reglamentación adonde existen centros de internamiento, como Valencia. La ley permite que pasen 40 días en uno de estos centros, y luego o los dejas en libertad o los expulsas. El equilibrio entre el corazón y la razón es muy difícil de mantener. Si olvido la ley y me dejo llevar por el corazón, estoy discriminando a los que se les ha aplicado la ley. Y luego ocurre que si salen del centro la sociedad no está sensibilizada para acogerlos. Si no tienen documentación, no se puede tramitar la expulsión; si no se puede tramitar la expulsión, a los 40 días hay que dejarlos en libertad; si tienen orden de expulsión, nadie les puede dar trabajo; si no tienen trabajo, no pueden dormir en casas... Es un gran problema. P. La Oficina de Extranjeros de Alicante es deficiente: no tiene traductor de árabe, siendo uno de los puertos del paso del Estrecho. R. Cuando entré, nos encontramos a caballo de una política que era la creación de oficinas de extranjeros específicas que integraran a los tres ministerios de Interior, Trabajo y Bienestar Social para coordinar la tramitación, que era muy lenta. Y se hizo mal. A la Oficina de Extranjeros no se le dotó de medios económicos ni materiales, ni de una organización adecuada, ni de personal ni, sobre todo, de mentalidad. En vez de hacer una oficina integradora, lo que se hizo fue ubicar en un local a la gente para arrastar el problema Hemos estado buscando fórmulas de choque en organización y personal, donde entrarían los intérpretes. El problema es que la oficina de Alicante se creó con mentalidad de pasado, en un momento en que eran más importantes en número los inmigrantes comunitarios que los norteafricanos. La oficina de Valencia, que se inaugurará a principios de año, la estamos dotando con otro tipo de organización y mentalidad, y creemos que, junto a la de Barcelona, va a servir de modelo al resto dc oficinas de extranjería. También servirá de apoyo tanto a la oficina de Alicante como a la Delegación de Extranjería de Castellón. P. Castellón es una plaza fuerte para las páginas de sucesos. R. Castellón es una sociedad rica, apacible y con un índice de delincuencia de los más bajos de España. Eso hace que cualquier suceso tenga una resonancia mayor. Cuando además suceden una serie de asesinatos que estaban pendientes de resolver, pues cada hecho nuevo provocaba mayor alarma. En estos momentos, una vez resueltos estos casos, el índice de delitos de sangre está en los niveles en que debía estar, y quedan por resolver dos asesinatos. P. ¿Se acuerda de Antonio Anglés? R. Claro, y no lo damos por perdido. La Guardia Civil se sentía dolida porque se dudó de su profesionalidad y de sus actuaciones. Puedo dar fe del sentido de la responsabilidad absoluta por parte de la policía judicial de la Guardia Civil, y que sus actuaciones fueron las normales. Fueron a registrar la casa de Anglés, pero no sabían con qué se podían encontrar. Lo que no pensaban es que iba a saltar por una ventana, pero hay que tener en cuenta los indicios que tienes, los medios con los que cuentas y las circunstancias del momento. Desde el momento en que se escapa ha habido una novela. Puedo decir que la Guardia Civil ha rastreado y comprobado todas las informaciones que se le han dado. El caso continúa abierto. P. Unión Valenciana ha sufrido varios asaltos en sus sedes. ¿Qué está sucediendo? R. Sí, han pedido audiencia al ministro y todo. Tengo que decir que lo que ha habido son pintadas, como las hay en las sedes de todos los partidos políticos. ¿Que ha habido una serie de coincidencias en Unión Valenciana? De acuerdo, pero me parece muy aventurado hacer de ellas un hilo conductor de una trama concreta. Hubo pintadas en L"Alcúdia, en Sagunto y en Valencia, como las ha habido en las demás sedes de partidos. Me llamaron y pusimos vigilancia policial por las noche durante junio y julio, pero no podíamos mantener una dotación todas las noches si no ocurre nada. Luego da la casualidad que sufren un robo en la sede, que entendemos que es vulgar y corriente, porque, de hecho, la caja aparece a los dos días forzada, sin el dinero y con toda la documentación sin revolver. Y eso, intentar relacionarlo además con una situación que se produce con un conflicto colectivo de los bomberos, me parece demasiado.