Nadal, "preocupado" y cauto tras conocer la presentación de un segundo suplicatorio
"Es un tema que me preocupa pero no me ocupa". Así de cauto se mostró ayer el alcalde de Tarragona y diputado al Congreso, Joan Miquel Nadal, a la hora de analizar la decisión del Tribunal Supremo de solicitar un segundo suplicatorio contra su persona por los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación. Fuentes del Congreso informaron ayer de que la votación del suplicatorio de Nadal podría demorarse hasta el próximo mes de febrero debido a que enero es inhábil en la cámara legislativa.
Joan Miquel Nadal compareció ayer ante los medios de comunicación tras una visita a l...
"Es un tema que me preocupa pero no me ocupa". Así de cauto se mostró ayer el alcalde de Tarragona y diputado al Congreso, Joan Miquel Nadal, a la hora de analizar la decisión del Tribunal Supremo de solicitar un segundo suplicatorio contra su persona por los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación. Fuentes del Congreso informaron ayer de que la votación del suplicatorio de Nadal podría demorarse hasta el próximo mes de febrero debido a que enero es inhábil en la cámara legislativa.
Joan Miquel Nadal compareció ayer ante los medios de comunicación tras una visita a las obras del futuro Palacio de Congresos de Tarragona, obra que se inaugurará en mayo del próximo año. El alcalde convergente no quiso responder a ninguna pregunta relacionada con la petición de un nuevo suplicatorio y ante la insistencia de los periodistas se limitó a declarar: "Es un asunto que me preocupa, pero no me ocupa. Estoy muy tranquilo. Gracias por su amabilidad, comprensión y tolerancia". Este segundo suplicatorio se refiere al trato de favor que supuestamente se dispensó desde el Ayuntamiento de Tarragona a la promoción de unos chalets adosados construidos en la población de Els Pallaresos por parte de la sociedad Citeco, empresa de la que formaba parte como accionista la esposa del alcalde, Julia Abad. Aunque el grupo municipal de Convergència i Unió (CiU) y el propio alcalde ya se esperaban una resolución de este tipo por parte del Tribunal Supremo, la solicitud del suplicatorio cayó como un jarro de agua fría en el Ayuntamiento de Tarragona, principalmente porque la votación en el Congreso sobre si le retira o no la inmunidad parlamentaria a Nadal se retrasará muy probablemente hasta el próximo mes de febrero. De este modo, la votación coincidiría de pleno con la época electoral si finalmente las elecciones autonómicas se adelantaran al próximo mes de marzo. Por el momento, Joan Miquel Nadal se perfila como cabeza de lista de Convergència i Unió (CiU) al Parlament por la provincia de Tarragona. Fuentes de Convergència no quisieron comentar ayer si la retirada de la inmunidad parlamentaria podría dificultar el acceso del alcalde de Tarragona a la candidatura autonómica. Además, el auto del Supremo también sorprendió porque en este texto se afirma que Joan Miquel Nadal aprobó el proyecto urbanístico en el que participaba la empresa de su esposa, cuando en verdad éste se construyó en el término municipal de Els Pallaresos y, en consecuencia, fue el Ayuntamiento de aquella población el que dio el visto bueno a la construcción de los chalets. La investigación del Tribunal Supremo tratará de dilucidar si el alcalde y diputado por CiU, Joan Miquel Nadal, benefició de alguna forma a la urbanización promovida por su esposa. Este periódico ha tenido acceso al expediente administrativo municipal y en ningún documento aparece la firma del alcalde. Los hechos se remontan a 1985, cuando el Ayuntamiento de Els Pallaresos pidió al de Tarragona poder conectarse a su red de alcantarillado debido a la proliferación de urbanizaciones en su término municipal. El gobierno municipal socialista de la época le concedió la autorización. Contraprestación Sin embargo, en 1992 Els Pallaresos pidió una ampliación de caudal porque se habían construido tres urbanizaciones más, entre ellas la de la esposa del alcalde. Los técnicos del consistorio tarraconense supeditaron su aprobación a la firma de un convenio de contraprestación de servicios entre los dos ayuntamientos. Este convenio no se aprobó hasta noviembre de 1996. Según el informe de la fiscal, María José Osuna, gracias a la conexión con la red de Tarragona, la constructora Citeco se ahorró instalar una depuradora o asumir obras más costosas. Por su parte, el Ayuntamiento de Tarragona argumenta que la firma del convenio se retrasó debido a su complejidad y a la celebración durante aquel periodo de las elecciones municipales de 1995, lo que paraliza la vida municipal. Además, el convenio fue aprobado por unanimidad en un pleno del que se ausentó Joan Miquel Nadal.