Justicia confía en que Mariscal apoye el nuevo decreto para su plantilla
El Gobierno vasco aprobó ayer un nuevo decreto que permitirá a los funcionarios vascos de Justicia percibir de nuevo un incremento en sus sueldos, tras la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional el pasado mes de septiembre. Al hacer pública esta decisión, la portavoz del Ejecutivo autonómico, Mari Carmen Garmendia, se hizo eco del "optimismo" expresado por el consejero de Justicia, Sabin Intxaurraga, en el sentido de que la Administración central y, especialmente, el ministerio que encabeza Margarita Mariscal de Gante aceptará los términos de este nuevo acuerdo. El decreto es provis...
El Gobierno vasco aprobó ayer un nuevo decreto que permitirá a los funcionarios vascos de Justicia percibir de nuevo un incremento en sus sueldos, tras la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional el pasado mes de septiembre. Al hacer pública esta decisión, la portavoz del Ejecutivo autonómico, Mari Carmen Garmendia, se hizo eco del "optimismo" expresado por el consejero de Justicia, Sabin Intxaurraga, en el sentido de que la Administración central y, especialmente, el ministerio que encabeza Margarita Mariscal de Gante aceptará los términos de este nuevo acuerdo. El decreto es provisional, puesto que posee una vigencia de un año: desde este mes hasta octubre de 1999. Según detalla el texto, el complemento que recibirá la plantilla judcial vasca es "transitorio y no acumulativo" y, además, se deben cumplir "una serie de objetivos prefijados" (como, por ejemplo, cumplir un horario). Su incumplimiento por parte del funcionariado conllevará la no percepción del plus, ya sea parcial o totalmente. Este decreto trata de paliar un conflicto entre los gobiernos central y autonómico que afecta a 1.700 agentes, oficiales y auxiliares judiciales fijos y a 200 interinos. El Ejecutivo autónomo promulgó un primer decreto en marzo para que los funcionarios judiciales vascos recibieran las mismas retribuciones que los demás funcionarios de Euskadi en tres años. El Gobierno central, disconforme al entender que todo el personal de la Justicia española debe tener los mismos salarios, recurrió el decreto en agosto y el Tribunal Constitucional decidió suspenderlo en septiembre a la espera de que se emita una sentencia definitiva. Para entonces, ya se había iniciado el aumento en los salarios. De este modo, las dos administraciones han negociado para corregir la situación creada, puesto que en los dos últimos meses no han percibido los aumentos. Con este nuevo decreto se trata de que, de algún modo, los funcionarios puedan recuperar sus incrementos retributivos en forma de plus. El Ministerio de Justicia, no obstante, deberá dar el visto bueno.