El Gobierno admite haber desviado dinero del Plan de Empleo a cuatro capitales andaluzas

El Delegado del Gobierno en Andalucía, José Torres Hurtado, reconoció ayer la existencia de acuerdos entre el ministro de Trabajo Javier Arenas y los ayuntamientos de Málaga, Sevilla, Huelva y Córdoba para adjudicarles 1.439 de los 5.083 millones de los fondos extraordinarios del Plan Nacional de Empleo destinados a Andalucía. Torres Hurtado justificó la decisión aduciendo que ésta no había sido tomada por "capricho", sino para avalar unos proyectos "muy bien" presentados. De esta forma la Junta ve respaldada su denuncia sobre un reparto "arbitrario" de dichos fondos. La consejera de Gobernaci...

El Delegado del Gobierno en Andalucía, José Torres Hurtado, reconoció ayer la existencia de acuerdos entre el ministro de Trabajo Javier Arenas y los ayuntamientos de Málaga, Sevilla, Huelva y Córdoba para adjudicarles 1.439 de los 5.083 millones de los fondos extraordinarios del Plan Nacional de Empleo destinados a Andalucía. Torres Hurtado justificó la decisión aduciendo que ésta no había sido tomada por "capricho", sino para avalar unos proyectos "muy bien" presentados. De esta forma la Junta ve respaldada su denuncia sobre un reparto "arbitrario" de dichos fondos. La consejera de Gobernación, Carmen Hermosin, anunció su intención de modificar los "intocables" compromisos de Arenas.

El Gobierno central intentó ayer encauzar la confrontación que mantiene con la Junta sobre el reparto de los fondos extraordinarios del Plan Nacional de Empleo. Fue el Delegado del Gobierno el encargado de mantener una reunión con la Junta y los sindicatos para desbloquear la distribución de los 5.083 millones de pesetas destinados a Andalucía. A la reunión asistieron la consejera de Gobernación, Carmen Hermosín; el titular de Trabajo, Guillermo Gutiérrez; el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Alfredo Sánchez Monteseirín y los máximos responsables de los sindicatos UGT y CCOO, Manuel Pastrana y Julio Ruiz. La propuesta formulada por Torres Hurtado a los asistentes se centraba en admitir el envío de 1.439 millones de pesetas para sufragar compromisos adquiridos unilateralmente por el ministro Javier Arenas con los ayuntamientos de Málaga, Sevilla, Huelva y Córdoba. A cambio, y para lograr que la Junta respete dichos acuerdos, el Gobierno aceptaría los criterios del Ejecutivo regional para una nueva redistribución de los fondos pendientes: 3.644 millones. Así fue desvelado por Carmen Hermosín, quien calificó el reparto de "arbitrario y caciquíl", al no haberse tenido en cuenta el numero de desempleados existentes en las provincias andaluzas. Javier Arenas, obviando a la Junta y a los representantes sindicales, habría destinado 700 millones de pesetas para un proyecto destinado a los Parados Mayores de 40 años (PM40), presentado por la alcaldesa de Málaga, Celia Villalobos. También el ayuntamiento sevillano recibiría 166 millones para un programa similar propuesto por la alcaldesa, Soledad Becerril. En Huelva, la cuenca minera se haría con 300 millones y Córdoba con 273. Por contra Cádiz, la provincia con una mayor tasa de desempleo, se habría quedado fuera de los programas respaldados directamente desde el ministerio. Torres Hurtado, tras asistir a la reunión de subdelegados del Gobierno en Andalucía celebrada ayer en Córdoba, defendió la posición del ministro de Trabajo argumentando que Arenas no se había dejado llevar por "caprichos". En un intento de justificar el apoyo del ministerio a las provincias agraciadas, indicó que éstas plantearon proyectos "muy bien" presentados. Para cumplir su compromiso, Torres Hurtado ha dado instrucciones para desconvocar las mesas provinciales del antiguo PER, hasta que no se llegue a un acuerdo con la Junta. Esto dejaría sin efecto el reparto ya efectuado en las provincias de Granada y Almería, a la espera de que sea la mesa regional del PER la que dicte los criterios de distribución del dinero público. Los sindicatos confían en que un acercamiento entre las dos Administraciones sirva para realizar un reparto "más equitativo" de los fondos, teniendo en cuenta las necesidades reales de cada provincia. El secretario general de la federación del Campo de Comisiones Obreras, Miguel Ruiz, desveló la renuncia de los sindicatos a reclamar el dinero ya adjudicado a algunas provincias, ya que pese a no estar de acuerdo con dichos criterios los "respetaremos porque no hay posibilidad de modificarlos", adujo. Este sacrificio sindical se vería recompensado por un reparto "equitativo" del resto de las ayudas y un incremento de las cantidades en un principio destinadas a la región, alcanzándose los 6.375 millones. Un incremento calculado por los sindicatos tras sumar los fondos disponibles del Gobierno y los 2.731 millones que aportaría la Junta. A esto se le añade el 40% que tendrá que abonar la Administración autónoma en materiales destinados a programas de fomento agrario que concentra el 70% del total de fondos. Carmen Hermosín reiteró su apoyo "firme" al PER, reflejados en los 72.000 millones aportados por la Junta desde 1985, pero condicionó su respaldo a que el Gobierno "no tome decisiones que son nuestras", añadió. Tras la oferta de Torres Hurtado, los asistentes se comprometieron a intentar acercar posiciones en una reunión el próximo lunes.