Los Quince piden que Bruselas no actúe contra las TV públicas
Los ministros europeos de Cultura aprobaron ayer una resolución destinada a presionar a la Comisión Europea para que no abra acciones contra las televisiones públicas de distintos países por su sistema de financiación mixto (público y comercial a la vez). El texto ha sido aprobado por unanimidad, pero modificado de forma sustancial después de las críticas que habían sido planteadas por los servicios jurídicos del Consejo de Ministros comunitario.En una nota de gran dureza verbal, los servicios jurídicos criticaron el primer borrador de los ministros recordando que "una resolución es un acto at...
Los ministros europeos de Cultura aprobaron ayer una resolución destinada a presionar a la Comisión Europea para que no abra acciones contra las televisiones públicas de distintos países por su sistema de financiación mixto (público y comercial a la vez). El texto ha sido aprobado por unanimidad, pero modificado de forma sustancial después de las críticas que habían sido planteadas por los servicios jurídicos del Consejo de Ministros comunitario.En una nota de gran dureza verbal, los servicios jurídicos criticaron el primer borrador de los ministros recordando que "una resolución es un acto atípico, de carácter político", sin rango jurídico, pero que "debe respetar el Tratado". A juicio de los juristas el borrador no lo respetaba, porque hacía una interpretación restrictiva del protocolo sobre radiodifusión pública incluido en el Tratado de Amsterdam, que aún no ha entrado en vigor.
Los ministros decían que el Tratado "confirma la competencia exclusiva de los Estados miembros para definir, conferir, organizar y financiar las misiones de servicio público". A juicio de los juristas "una disposición tal no figura en el Tratado". Y los ministros acabaron haciendo caso a los juristas. El texto aprobado ayer se limita a decir que "las disposiciones del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea se entenderán sin perjuicio de la facultad de los Estados miembros de financiar el servicio público de radiodifusión en la medida en que dicha financiación no afecte a las condiciones del comercio y de la competencia en la Comunidad en un grado que no sea contrario al interés común, debiendo tenerse en cuenta la realización de la función de servicio público".
La resolución de los ministros se produce antes de que la Comisión decida si denuncia o no a varias televisiones públicas por su sistema de financiación. El primer caso sobre el que se pronunciará es el de RVTE.