Picaresca médica
Los colegios profesionales en las sociedades democráticas cumplen el papel de instrumentos de control corporativo de profesiones de carácter liberal. La autoregulación corporativa es muy rigurosa en algunos países que han entendido que la garantía de calidad del servicio profesional, defendida con normas muy estrictas, es un valor añadido que beneficia a todos los miembros que ejercitan una profesión. Pero en España las actitudes colegiales de defensa de la calidad de los servicios conviven con demasiada frecuencia con otras menos deseables, como la rigidez de las tarifas profesionales, la inf...
Los colegios profesionales en las sociedades democráticas cumplen el papel de instrumentos de control corporativo de profesiones de carácter liberal. La autoregulación corporativa es muy rigurosa en algunos países que han entendido que la garantía de calidad del servicio profesional, defendida con normas muy estrictas, es un valor añadido que beneficia a todos los miembros que ejercitan una profesión. Pero en España las actitudes colegiales de defensa de la calidad de los servicios conviven con demasiada frecuencia con otras menos deseables, como la rigidez de las tarifas profesionales, la inflexibilidad geográfica en el empleo que defienden para sus asociados o su notable resistencia a integrarse en mercados abiertos a las reglas de la competencia. Hasta el punto de que una de las condiciones para la plena liberalización de la economía española, que todavía está lejos de conseguirse, es la ruptura de las normas monolíticas que encarecen los servicios que prestan dichos colegios y sus asociados.Ahora se sabe que los colegios médicos cobran cantidades indebidas, hasta 2.000 pesetas, por certificados médicos ordinarios por los que apenas deberían percibir 200 pesetas. Esta exacción fraudulenta forma parte de una picaresca que suele brillar en los vericuetos de la burocracia (oficial y privada) para aligerar los bolsillos de los ciudadanos. Resulta preocupante la facilidad con que los médicos de al menos quince colegios provinciales se embolsan unos ingresos extraordinarios -cientos de millones anuales en total- a cuenta de la buena voluntad de quienes necesitan certificados porque unos trámites administrativos, a veces exasperantes, así se lo exigen.
El Ministerio de Sanidad afirma que se ha dirigido en cuatro ocasiones a los colegios médicos exigiendo que pongan término a esta exacción, pero está obligado a acabar con ella y sancionar a quienes cobren por los impresos más de loque cuesta su impresión. Por poco importante que parezca a simple vista este ejercicio de sisa corporativa, es un encarecimiento innecesario que los ciudadanos no tienen que soportar y una afrenta para los propios médicos, que seguramente no tienen por qué recurrir a recursos de esta índole para financiar a sus propios colegios profesionales.