La Fiscalía rechaza el arresto indiscriminado de los portadores de navajas ilegales
La Fiscalía de Madrid ha puesto un límite al proyecto de la Delegación del Gobierno de Madrid de llevar ante el juez a todos los portadores de armas blancas prohibidas. El ministerio público ha comunicado a los responsables gubernativos, según fuentes jurídicas, que esta medida disuasoria, que puede acarrear una condena de hasta tres años de cárcel, ha de estar supeditada a determinadas condiciones como son el lugar y la hora del arresto.La idea de la Fiscalía es evitar que la persecución de las armas blancas prohibidas (automáticas, de doble filo y las de hoja superior a los 11 centímetros) p...
La Fiscalía de Madrid ha puesto un límite al proyecto de la Delegación del Gobierno de Madrid de llevar ante el juez a todos los portadores de armas blancas prohibidas. El ministerio público ha comunicado a los responsables gubernativos, según fuentes jurídicas, que esta medida disuasoria, que puede acarrear una condena de hasta tres años de cárcel, ha de estar supeditada a determinadas condiciones como son el lugar y la hora del arresto.La idea de la Fiscalía es evitar que la persecución de las armas blancas prohibidas (automáticas, de doble filo y las de hoja superior a los 11 centímetros) pueda generar indefensión y dar paso a detenciones indiscriminadas. Para ello ofrecen una nueva interpretación del artículo del Código Penal que tipifica como delictiva la "tenencia de armas prohibidas" y que -en opinión de magistrados, expertos y representantes de organizaciones no guber-namentales- faculta a la policía para poner a los infractores a disposición judicial.
La Fiscalía rechaza esta idea y entiende que aplicar en su literalidad gramatical el citado artículo supone una distorsión valorativa ya que la posesión "estática" de estas armas -ya sea en el domicilio o en la calle- no es por sí sola objeto de sanción penal.
A cambio, el ministerio público ofrece una interpretación basada en el ánimo o la intención de quien porta el arma. Así, siempre según fuentes jurídicas, se considera punible la posesión de una navaja ilegal si concurre a una hora y en un lugar considerado peligroso, por ejemplo, si se llevan de madrugada, en una zona de copas y el portador muestra signos de violencia. La consecuencia de esta interpretación, que ha sido aceptada por la Delegación del Gobierno, es que la persecución de las armas blancas se centrará, sobre todo, en las zonas y en las horas en las que se registran los mayores índices de violencia juvenil -por ejemplo, las madrugadas del fin de semana en Moncloa o Chamberí-. De hecho, fue este fenómeno y los crímenes que arrastra el que llevó a los responsables policiales a poner en marcha la medida.
PASA A LA PÁGINA 3
Violencia juvenil
143 detenidos en un mes de operación policial contra la violencia juvenil de fin de semana
El resultado, siempre según fuentes jurídicas, ha sido la decisión gubernamental de tomar en consideración estas objeciones y limitar la persecución penal de las armas blancas ilegales a las situaciones de riesgo, especialmente las relacionadas con la violencia juvenil."El objetivo es evitar que, por ejemplo, un padre de familia que pasee con sus hijos a mediodía por la Casa de Campo sea considerado un delincuente y pueda ser condenado hasta con tres años de cárcel por llevar una navaja en el bolsillo", señaló una fuente jurídica.
Estas consideraciones, sin embargo, no impedirán que los infractores sorprendidos por la policía sean sometidos a un expediente administrativo que les puede acarrear el pago de multas de hasta 250.000 pesetas. En esta línea, las citadas fuentes indicaron que cuando se archiven las diligencias penales contra un implicado, se reabrirá el proceso administrativo, con el objetivo de que no quede sin castigo la tenencia de armas prohibidas o ilegales.
"De lo contrario, nos encontraríamos con la paradoja de que el infractor leve es multado, mientras que el detenido por llevar un arma más peligrosa, quedaría impune en caso de que su caso no prosperase ante el juez", dijo la citada fuente.
Una vez adoptada esta interpretación, la Delegación del Gobierno va a preparar las directrices para que actúen en consecuencia los policías encargados del control de las armas y la violencia juvenil.
Esta tarea de vigilancia ha quedado englobada en la denominada Operación Luna, un despliegue de fin de semana (de una a siete de la madrugada), en el que participan más de 200 agentes y que arrancó el pasado 9 de octubre. Desde entonces hasta el pasado domingo, la policía se incautó de 98 armas blancas, identificó a 3.967 personas y detuvo a 143. En 92 casos, los arrestos se debieron a supuestos delitos contra la seguridad vial o de resistencia a la autoridad; en otros 21, se originaron por agresiones; en nueve, por robo, y el resto por tráfico de drogas y órdenes de búsqueda y captura.
Los puntos negros controlados por la policía en esta operación han sido Moncloa, Chamberí, las plazas de Cibeles y Callao, y las estaciones de metro más concurridas, como Sol y Bilbao. Este despliegue, cuyo objetivo es disuadir a los jóvenes de portar armas, ha venido acompañado por la campaña que bajo el lema ¿Armas?, no gracias ha emprendido Movimiento contra la Intolerancia. Esta organización va a repartir en los próximos días por toda la región 10.000 carteles, 20.000 pegatinas y 40.000 folletos dirigidos a que los jóvenes abandonen el uso y la tenencia de navajas y cuchillos.
La persecución de las armas blancas es positiva, pero no basta. Es imprescindible que los jóvenes tomen conciencia del peligro que representan y se les quiten las ganas de llevarlas. Es preferible prevenir, que castigar", afirmó el presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra.
Sobre la firma
Archivado En
- VI Legislatura España
- Delegados Gobierno
- Ministerio del Interior
- Gobierno de España
- Armas privadas
- Subdelegaciones del Gobierno
- Provincia Madrid
- Policía municipal
- Acción policial
- Cuerpo Nacional Policía
- Ministerios
- Legislaturas políticas
- Madrid
- PP
- Partidos políticos
- Ayuntamientos
- Comunidad de Madrid
- Policía
- Gobierno
- Fuerzas seguridad
- Administración local
- Administración Estado
- Justicia
- Administración pública
- España