Navarra en el túnel del tiempo

La declaración de Estella aprobada por el nuevo frente nacionalista y las pretensiones políticas de ETA nos han devuelto a los navarros al túnel del tiempo. Parece como si veinte años de proceso democrático no hubieran servido de nada. La discusión se plantea igual que entonces, aunque haya cambiado ligeramente la terminología. Ya no se reclama que "Navarra es Euskadi", como en 1977. Ahora se exige el reconocimiento de la "territorialidad de Euskal Herria", que es una manera sutil de decir lo mismo. En los tiempos de la transición a la democracia, cuando los nacionalistas ofrecían en Madrid -...

La declaración de Estella aprobada por el nuevo frente nacionalista y las pretensiones políticas de ETA nos han devuelto a los navarros al túnel del tiempo. Parece como si veinte años de proceso democrático no hubieran servido de nada. La discusión se plantea igual que entonces, aunque haya cambiado ligeramente la terminología. Ya no se reclama que "Navarra es Euskadi", como en 1977. Ahora se exige el reconocimiento de la "territorialidad de Euskal Herria", que es una manera sutil de decir lo mismo. En los tiempos de la transición a la democracia, cuando los nacionalistas ofrecían en Madrid -siempre lo han hecho- aspecto de buenos chicos, preocupados tan sólo por la recuperación de los viejos fueros y la instauración de la democracia en España, no perdían la oportunidad de hacer llegar a La Moncloa el mensaje de que la integración de Navarra en Euskadi era el único camino para conseguir la paz.Los que sosteníamos que sólo el pueblo navarro debía ser dueño de su propio destino y, ante el dilema Navarra-Euskadi, sosteníamos el derecho de nuestro pueblo a conservar su identidad y a fortalecer su secular autonomía foral mediante la democratización de sus instituciones en el marco de un nuevo pacto con el Estado para el "amejoramiento" del Fuero, y además considerábamos que ser navarro era una manera de ser español, tuvimos que acostumbrarnos a vivir peligrosamente entre la amenaza terrorista, de una parte, y la enorme presión ejercida tanto dentro como fuera de Navarra por el nacionalismo vasco "democrático".

A pesar de ello aguantamos el chaparrón y decidimos impulsar procesos de diálogo y de negociación. Y dio resultado. Primero nos pusimos de acuerdo los nueve diputados y senadores navarros (UCD, PSOE y PNV) con la legitimidad que nos proporcionaba el ser, por aquel entonces, los únicos representantes democráticamente elegidos por Navarra. Al fin, y después de prolijas y complicadas discusiones, convinimos en el establecimiento de un cauce democrático para la resolución del conflicto surgido con motivo de la creación, como órgano provisional de autonomía, del Consejo General Vasco. El pacto alcanzado suponía que todos aceptábamos que la integración en el referido Consejo sólo podría producirse si el pueblo navarro así lo decidía en referéndum. Y, a propuesta del PNV, liderado entonces por Garaicoechea, acordamos que el mismo principio democrático quedara plasmado en la futura Constitución española.

Las direcciones de los tres partidos ratificaron el pacto alcanzado por los parlamentarios navarros y así surgió la disposición transitoria cuarta de la Constitución, cuya redacción definitiva fue asimismo pactada por representantes de UCD (Abril Martorell y Del Burgo), del PSOE (Benegas y Urralburu) y del PNV (Garaicoechea y Ajuria Guerra). Además, todos asumimos el compromiso político de no propiciar la celebración de ningún referéndum bajo la presión del terrorismo.

El pueblo navarro, por mayoría absoluta del cuerpo electoral, refrendó el 6 de diciembre de 1978 la Constitución y, por tanto, la disposición transitoria cuarta posee plena legitimidad democrática. En ella se establece que la iniciativa para la incorporación de Navarra al régimen autonómico vasco corresponde al "órgano foral competente", el cual habría de adoptar su decisión por mayoría de sus miembros. Para la validez de dicha iniciativa sería preciso, además, que la decisión favorable a la incorporación se ratificase por referéndum expresamente convocado al efecto y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos.

Poco después, el 25 de enero de 1979, la Diputación Foral, respaldada por el Consejo Parlamentario de Navarra, pactó con el Estado la creación del Parlamento Foral, al que se atribuyó la condición de "órgano foral competente" para solventar el contencioso Navarra-Euskadi.

Cuantos concurrieron a las elecciones del 3 de abril de 1979, incluida HB, eran plenamente conscientes de que en dicho Parlamento se jugaba el futuro de Navarra. Y así fue. La nueva Cámara foral -elegida el 3 de abril de 1979- adoptó una serie de decisiones trascendentales. Rechazó una propuesta para la incorporación de Navarra en Euskadi y facultó a la Diputación Foral para negociar con el Estado, en el marco del reconocimiento constitucional de los derechos históricos (disposición adicional primera), otro nuevo pacto para el "amejoramiento" del Fuero, cuya incorporación al ordenamiento jurídico español -previa ratificación del Parlamento navarro y de las Cortes Generales- se produjo el 10 de agosto de 1982, mediante la promulgación de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral. La Comunidad Foral de Navarra, con pleno respeto a la personalidad histórica y a los principios de su secular régimen privativo, puede legítimamente enorgullecerse de ser hoy la comunidad española con mayor grado de autonomía.

Herri Batasuna -que participó activamente en la discusión de las bases de negociación para el amejoramiento- suele descalificarlo alegando que no fue sometido a referéndum del pueblo navarro. Pudimos haberlo hecho y el resultado hubiera sido congruente con el peso ampliamente mayoritario de las fuerzas políticas que lo apoyaron (UCD, PSOE, UPN y el Partido Carlista). Si no se hizo fue porque se entendió que no se trataba de ningún cambio de status ni de la aprobación de un estatuto constitucional de autonomía, sino de un nuevo hito en la trayectoria histórica de la autonomía foral. Por otra parte, tampoco se quiso cerrar la puerta a ninguna opción política de signo contrario. Por eso se reitera en el amejoramiento que el Parlamento de Navarra será el órgano foral competente para ejercer la iniciativa a la que se refiere la disposición transitoria cuarta de la Constitución (disposición adicional segunda).

En consecuencia, si Navarra no es Euskadi, no ha sido -como pretenden los ideólogos de ETA y HB- por la imposición de los poderes fácticos ni por la fuerza coactiva de ninguna ley represiva o de la Constitución, sino sencillamente por la libre decisión del pueblo navarro. Y si cuando se constituyó el Parlamento de 1979 algunos argumentaron que la incorporación estaba respaldada por 37 frente a 33 parlamentarios (afirmación que fue desmentida en el momento en que el PSOE decidió apoyar el proceso de "amejoramiento"), en la actualidad los nacionalistas sólo tienen siete parlamentarios de un total de 50, con la particularidad de que el PNV carece de representación.

Conviene recordar, por último, que tanto el Pacto de Ajuria Enea como el Acuerdo por la Paz y la Tolerancia de Pamplona reiteran que sólo los navarros podemos decidir sobre nuestro futuro.

En su "declaración de alto el fuego", ETA, por sí y ante sí, expide certificado de defunción de todo lo anterior. Suspende su actividad criminal porque cree que en estos momentos existen condiciones objetivas para iniciar un proceso de diálogo y negociación que conduzca a la independencia de Euskal Herria, sobre dos principios irrenunciables: la territorialidad y la autodeterminación, cuyo sujeto activo no puede ser otro que el conjunto de los ciudadanos vascos, incluidos los navarros y los de los herrialdes vasco-franceses. Sabemos, pues, que Navarra forma parte del precio para la paz fijado por el dogmatismo y la intolerancia de los neofascistas abertzales. Ignoramos todavía si el PNV y EA se retractan del pacto constitucional y de los acuerdos entre los partidos democráticos que garantizan la libre determinación de Navarra y están dispuestos a obtener, bajo el paraguas del terror, lo que hasta ahora no han sido capaces de conseguir en las urnas.

Ningún proceso de paz, hecho en nombre de los principios democráticos, puede conducirnos al lugar de los pueblos oprimidos. La inmensa mayoría de los navarros no queremos participar en ningún referéndum para la construcción nacional de Euskal Herria ni estamos dispuestos a contribuir a su independencia. Desde hace más de dos mil años, el solar navarro está ocupado por un grupo humano claramente reconocible en el conjunto peninsular y diferenciado de nuestros vecinos del Norte. Más de mil años de historia avalan la existencia de Navarra como comunidad política diferenciada. No sólo no somos un pueblo oprimido por España, sino que estamos orgullosos de haber contribuido a su formación. Nadie tiene derecho -y menos bajo ningún chantaje terrorista- a doblegar nuestra voluntad y a decidir por nosotros o contra nosotros.