La escuela cristiana rechaza que margine a los hijos de inmigrantes
El Consejo de la Escuela Cristiana de Cataluña, que representa a más de 500 escuelas concertadas, hizo pública ayer una declaración sobre la escolarización de los hijos de familias inmigrantes en la que manifiesta su compromiso de apertura "a todas las clases sociales, especialmente a las más necesitadas". El documento rechaza que se margine a los alumnos con necesidades educativas especiales (NEE), pero apunta que para su atención la escuela pública dispone de plantillas más amplias.
El presidente del Consejo, Francesc Riu, señaló ayer que la declaración no sólo va dirigida a la socied...
El Consejo de la Escuela Cristiana de Cataluña, que representa a más de 500 escuelas concertadas, hizo pública ayer una declaración sobre la escolarización de los hijos de familias inmigrantes en la que manifiesta su compromiso de apertura "a todas las clases sociales, especialmente a las más necesitadas". El documento rechaza que se margine a los alumnos con necesidades educativas especiales (NEE), pero apunta que para su atención la escuela pública dispone de plantillas más amplias.
El presidente del Consejo, Francesc Riu, señaló ayer que la declaración no sólo va dirigida a la sociedad y a la Administración, sino también a las escuelas cristianas concertadas para que actúen en consecuencia. "Si se producen irregularidades en la matriculación, si se margina a alguien, los padres deben denunciarlo y la Administración tiene que cumplir con su obligación", dijo. "Las escuelas cristianas quieren ser escuelas para todos y no queremos que nadie se encuentre la puerta cerrada", añadió Riu. La ideología religiosa, admitió, puede suponer un cierto tipo de barrera, pero una persona de otra religión que quiera ir, "no debe sentirse incómoda". El consejero de Enseñanza de la Generalitat, Xavier Hernández, se ha mostrado siempre contrario a "repartir" a estos alumnos entre las escuelas de cada localidad, si bien reconoció recientemente que se producían irregularidades en el proceso de matriculación en los centros privados concertados, que, dijo, en algunos casos, aplican "políticas sibilinas" para impedir el acceso de determinado tipo de alumnos. Riu también se manifiesta contrario al "reparto" de los alumnos hijos de inmigrantes y considera que la solución aplicada en este sentido en Manlleu y Vic, donde se distribuyó a los alumnos, "no ha sido satisfactoria". El Consejo de la Escuela Cristiana considera que la inmigración es una cuestión "delicada y compleja" que se "presta a una demagogia fácil y puede ser puesta al servicio de intereses no siempre legítimos". Unos intereses que, a juicio de Riu, podrían ser de tipo político. La declaración establece tres principios fundamentales sobre la escolarización de los hijos de familias inmigrantes "de otras culturas y otras religiones". Reconoce el derecho que tienen a recibir una atención educativa individualizada que les ayude a desarrollar sus capacidades, pero también el de la "diversidad de escuelas y propuestas educativas como expresión del pluralismo de nuestra sociedad y de la libertad de enseñanza", así como el derecho de los padres "a elegir el tipo de educación, la escuela que deseen para sus hijos y la formación religiosa que estos reciban". Más plantilla en la pública A modo de excusa contra quienes les acusan de poner trabas a la matriculación de los llamados alumnos con necesidades educativas especiales, eufemismo legal bajo el que se engloban básicamente los hijos de inmigrantes extranjeros, la declaración apunta que las posibilidades de prestar atención individualizada a los NEE "no son las mismas en todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos. A causa, sobre todo, de la diferente composición de las plantillas de profesores, que es más amplia en las escuelas públicas que en las escuelas concertadas". El órgano de las escuelas católicas catalanas señala también el hecho de que los parvularios en las escuelas concertadas no sean gratuitos como una de las "barreras económicas -en palabras de Riu- que impiden la integración". Apunta también al bajo nivel cultural de algunos inmigrantes a la hora de seleccionar la opción que prefieren para sus hijos, y se remite a la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre este asunto que daba la razón a la Generalitat ante la protesta de las asociaciones de padres de Girona, que exigían un reparto más equitativo de los NEE entre la pública y la concertada. Fue una sentencia polémica ya que, si bien rechazaba el recurso presentado por las APAS reafirmando el derecho de los padres a escoger centro, en sus considerandos incidía en la necesidad de que no se produjera una desproporción y abría la puerta a algún tipo de reparto.