Destituido el jefe de ginecología del centro que esterilizó a una mujer

El director del hospital Reina Sofía de Córdoba, José Luis Temes, ha destituido al jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología de este centro sanitario, Santiago Carrasco, en vísperas de que éste declare ante el juez como imputado por el caso de la embarazada de 39 años a la que se le extirparon el útero y los ovarios al confundirla con otra paciente de idéntico nombre, pero con 71 años.

Santiago Carrasco confirmó ayer a este periódico que ha recibido una carta de la dirección del hospital cordobés en la que se le comunica su baja como jefe de ese servicio, sin que en la misma se jus...

El director del hospital Reina Sofía de Córdoba, José Luis Temes, ha destituido al jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología de este centro sanitario, Santiago Carrasco, en vísperas de que éste declare ante el juez como imputado por el caso de la embarazada de 39 años a la que se le extirparon el útero y los ovarios al confundirla con otra paciente de idéntico nombre, pero con 71 años.

Santiago Carrasco confirmó ayer a este periódico que ha recibido una carta de la dirección del hospital cordobés en la que se le comunica su baja como jefe de ese servicio, sin que en la misma se justifique el motivo de su sustitución. Carrasco se reunió ayer con los médicos de su departamento para notificarles esta decisión. Sus compañeros sospechan que el cambio obedece al error cometido con Rafaela Martínez Ruiz, la mujer de 39 años que fue esterilizada por error al confundirla con otra paciente del mismo nombre.Si la destitución se debiera a aquel error médico cometido en agosto del pasado año, éste sería el segundo cese que se produce desde que a finales de julio pasado saltó a la opinión pública el caso de Rafaela Martínez.

El 17 de agosto pasado presentó su dimisión el director médico del hospital Reina Sofía, José María Latre, por el error en la intervención de Rafaela Martínez. Posteriormente, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) abrió expediente disciplinario a los servicios de anatomía patológica y ginecología del hospital. Ayer, el responsable del centro nombró a Antonio Gordón como nuevo director médico en sustitución a José María Latre.

La destitución de Santiago Carrasco se produce en vísperas de que éste declare hoy ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba, José Francisco Yarza, como imputado en este asunto. También declararán hoy otros dos médicos que supuestamente están relacionados con el caso.

Ayer lo hizo Rafaela Martínez Ruiz, que, en su declaración ante el juez instructor, se ratificó en su denuncia, en la que se recoge que ésta padecía una hiperplasia simple o inflamación de endometrio, pero se le dictaminó un cáncer al confundir este diagnóstico con el de otra paciente de idéntico nombre.

Como consecuencia del error, a Rafaela Martínez, que estaba embarazada en esos momentos de pocos días, se le extirparon el útero y los ovarios. El abogado de la perjudicada, Antonio Pérez-Angulo, entiende que se ha producido un delito de lesiones graves y otro de aborto y dirige la denuncia contra los jefes de los servicios de ginecología y de anatomía patológica del hospital, así como contra cuantos médicos intervinieron en la operación de su cliente.

En la declaración judicial de ayer estuvieron presentes el ministerio fiscal y el representante legal del SAS.

Este asunto ha abierto un enfrentamiento entre el SAS y el Colegio de Médicos de Córdoba, porque mientras el primero asegura que se trató de un error médico, el segundo mantiene que fue un error administrativo lo que provocó la equivocación.

Rafaela Martínez y su esposo, José Aguilar, exigen al SAS el pago de 60 millones de pesetas en concepto de indemnización por este error, pero la compañía aseguradora Winterthur, con la que el Servicio Andaluz de Salud tiene contratada una póliza de responsabilidad civil que cubre hasta 100 millones de pesetas, sólo ha ofrecido por el momento 10 millones de pesetas. La perjudicada ha rechazado la oferta, según informó su abogado.

El baremo que Winterthur ha intentado aplicar a este caso es el que rige para accidentes de tráfico.