Imputados cuatro técnicos municipales por cohecho en el caso de la sauna "gay"

El Juzgado de Instrucción número 37 ha imputado un presunto delito de cohecho (soborno) a cuatro funcionarios del Ayuntamiento de Madrid vinculados al caso de la sauna gay Paraíso, una supuesta trama de corrupción municipal destapada en junio de 1996. La investigación judicial, contenida en un auto de transformación de diligencias en procedimiento abreviado, describe con detalle la supuesta participación de los cuatro empleados públicos (que ya fueron expedientados en su día) en una red de conseguidores dedicada presuntamente a cobrar dinero a particulares a cambio de evitar, retrasar o aceler...

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El Juzgado de Instrucción número 37 ha imputado un presunto delito de cohecho (soborno) a cuatro funcionarios del Ayuntamiento de Madrid vinculados al caso de la sauna gay Paraíso, una supuesta trama de corrupción municipal destapada en junio de 1996. La investigación judicial, contenida en un auto de transformación de diligencias en procedimiento abreviado, describe con detalle la supuesta participación de los cuatro empleados públicos (que ya fueron expedientados en su día) en una red de conseguidores dedicada presuntamente a cobrar dinero a particulares a cambio de evitar, retrasar o acelerar trámites legales relacionados con sus licencias municipales.Entre los funcionarios imputados figuran los entonces jefes de negociado de Industria de la Junta Municipal de Centro (Juan Bautista Beltrá) y de la Junta Municipal de Moncloa-Aravaca (Antonio Ramírez Rodríguez). También se hallan implicados dos funcionarios de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Carmelo García Sánchez, del departamento de Iniciativa Privada, y Jerónimo Martínez Fuentes, de Conservación de Edificaciones. Una lista que sigue con el ingeniero industrial Francisco Garrido, el delineante Roberto Martínez Guindal (ex funcionario interino de la Junta Municipal de Vallecas) y los gerentes de dos establecimientos que, según se desprende del relato judicial, solicitaron presuntamente los servicios de la red: Reinhart Max Kraege, de la empresa TUV, y Francisco Herrero Cogorro, dueño de las saunas Paraíso y Príncipe. Este último imputado fue precisamente quien denunció los hechos que han motivado la apertura de esta investigación judicial. Uno de sus locales, una sauna gay situada en la calle del Norte (Centro), llevaba más de un año abierta cuando, el 10 de junio de de 1996, la Policía Municipal la precintó. Fue entonces cuando el dueño de la sauna denunció en un juzgado la supuesta trama de empleados municipales, quienes, según él, le exigían dinero (hasta tres millones de pesetas) a cambio de mantener abierto el negocio.

La juez revela que un funcionario recibía por sus "gestiones" 100.000 pesetas al mes de la sauna

A los dos años de la denuncia, la investigación judicial ha ido más allá de la sauna Paraíso. El auto describe los supuestos manejos de la trama en otros dos casos. Éste es un resumen de cada uno de ellos, siempre según el apartado de hechos del citado auto.

Sauna Paraíso. Francisco Herrero Cogorro tenía problemas con su local de la calle del Norte. En febrero de 1994, el jefe de la sección de Industria del Ayuntamiento de Madrid había dictado una propuesta de cese de actividad de la sauna Paraíso, que se convirtió en decreto el 7 de julio. Así las cosas, en enero de 1995, siempre según el auto, Herrero conoció a Carmelo García Sánchez, funcionario del departamento de Iniciativa Privada de la Gerencia Municipal de Urbanismo. La juez relata lo que supuestamente sucedió a continuación: el citado empleado público "se ofreció para evitar la clausura de dicha sauna a cambio de recibir 500.000 pesetas en efectivo y otras 500.000 pesetas cada tres meses, cantidades que Herrero Cogorro debía entregar a Jerónimo Martínez Fuentes, funcionario destinado al departamento de Conservación de Edificaciones de la Gerencia de Urbanismo".

Herrero Cogorro facilitó a este último diversa documentación del local para su examen, pero finalmente no dio dinero alguno a los funcionarios. Y el 15 de marzo de 1995, la sauna fue precintada. La orden de cierre fue firmada por la concejal de Centro. Pero la propuesta de precinto había procedido, entre otros, del jefe de negociado de Industria de Centro, el también imputado Juan Bautista Beltrá. Alguien bien conocido por Herrero Cogorro a raíz de otro caso.

Sauna Príncipe. El 4 de noviembre de 1994, la concejal de Centro había decretado el cese de actividad de la sauna Príncipe, ubicada en la calle del Príncipe, 15 (Centro), y propiedad también de Herrero Cogorro. Poco después de esta decisión, el jefe de negociado de Industria, precisamente Juan Bautista Beltrá, junto con otro jefe de sección no imputado, dictó una propuesta de precinto que tenía que ejecutarse el 3 de mayo de 1995.

Herrero Cogorro se puso en contacto con el delineante Martínez Guindal, quien había sido funcionario interino en la Junta Municipal de Vallecas hasta junio de 1993, tiempo durante el que supuestamente había coincidido con Beltrá. "Martínez Guindal se ofreció para conseguir la licencia de actividad de la sauna, realizar el proyecto, la tramitación y la licencia, y paralizar el precinto a cambio de 1.500.000 pesetas", señala el auto. El dueño de la sauna aceptó esta oferta. Fue entonces cuando, por intermediación de Martínez Guindal, fueron presentados el jefe de negociado de Industria y el dueño del local, "indicándole aquél a Herrero Cogorro que podría paralizar el precinto". Y así ocurrió. El precinto de la sauna, que se iba a ejecutar el 3 de mayo de 1995, no se llevó a cabo.

Pero a continuación el ex funcionario Martínez Guindal "aumentó a 3.000.000 de pesetas la suma solicitada al objeto de obtener la licencia de actividad". Herrero Cogorro se resistió a esta exigencia y rompió el acuerdo.

Las consecuencias no se hicieron esperar. La investigación judicial establece que a Herrero Cogorro se le notificó el cierre de su local para el 20 de octubre de ese mismo año: "Al recibir tal notificación, Herrero Cogorro se puso en contacto con Juan Bautista Beltrá para que paralizase el precinto, presentando un recurso; entregándole aquél a éste la cantidad de 150.000 pesetas que Beltrá le indicó que necesitaba ". Acto seguido, siempre según esta versión judicial, Beltrá elaboró un escrito que fue presentado por Herrero en el Ayuntamiento. La sauna, sin embargo, fue precintada en la fecha acordada: el 20 de octubre.

A esta altura, el caso de la sauna Príncipe ya había convergido con el de la sauna Paraíso.

"Juan Bautista Beltrá y Francisco Herrero Cogorro acordaron que aquél se encargaría de hacer las gestiones para conseguir la licencia de apertura y de actividad de ambas saunas, Príncipe y Paraíso, percibiendo de Herrero 100.000 pesetas mensuales desde octubre de 1995 hasta mayo de 1996, parte de cuya cantidad se destinó al pago de la vivienda arrendada por Beltrá". El precinto, sin embargo, no llegó a retirarse.

TUV. Reinhart Max Kraege, director gerente de TUV, tenía problemas para obtener la licencia de actividad de sus oficinas de la calle de Moscatelar. Por ello, siempre según la versión judicial, entregó un cheque por valor de 5.050.000 pesetas. Era el pago al funcionario de Gerencia de Urbanismo Carmelo García Sánchez "por su mediación encaminada a la obtención de la licencia". El cheque, sin embargo, iba a nombre del ingeniero que había firmado una inexistente mejora de la sede comercial para obtener la licencia. Tras endosar el cheque a un tercero -que lo cobró y le entregó la cantidad recibida-, el ingeniero se quedó con 400.000 pesetas y dio el resto a "Antonio Ramírez Rodríguez, jefe de la sección de Industria de la Junta Municipal de Moncloa-Aravaca, para que lo hiciese llegar a Carmelo García, que estaba de vacaciones".

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