Un catedrático critica la postura española en la OCM del aceite
"Si se logran salvaguardar los derechos adquiridos de Italia, España podría mejorar su cuota" en el marco de la Organización Común de Mercado (OCM) del aceite de oliva. Ésta es la tesis que defiende el profesor Francisco Rodríguez Martínez, catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Granada. Para conseguir este cambio, previamente habrá que esperar a que se abra la nueva negociación dentro de tres años y, mientras tanto, conseguir conciliar los intereses de los diferentes países de la cuenca del Mediterráneo. El profesor Rodríguez Martínez situó este comentario en el co...
"Si se logran salvaguardar los derechos adquiridos de Italia, España podría mejorar su cuota" en el marco de la Organización Común de Mercado (OCM) del aceite de oliva. Ésta es la tesis que defiende el profesor Francisco Rodríguez Martínez, catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Granada. Para conseguir este cambio, previamente habrá que esperar a que se abra la nueva negociación dentro de tres años y, mientras tanto, conseguir conciliar los intereses de los diferentes países de la cuenca del Mediterráneo. El profesor Rodríguez Martínez situó este comentario en el contexto político de la Unión Europea, en el que los países mediterráneos constituyen un núcleo relativamente pequeño a la hora de negociar, puesto que sólo aportan el 25% de la producción agraria de la UE. Según el ponente, que dirige el curso Políticas agrarias y desarrollo rural en España, en el proceso de negociación de la reforma de la OCM aceitera, como en la que ha afectado a otros productos, España "ha actuado de forma agresiva pero insolidaria", puesto que ha vulnerado un principio básico: "No se pueden alterar los derechos consolidados de países que pueden ser aliados", explicó, y subrayó el caso de Italia cuyos privilegios no considera justos pero que entiende que deben tutelarse para obtener resultados beneficiosos para el resto. Reforma estructural Para el conferenciante, España debería centrar sus políticas agrarias en una reforma de sus estructuras, que contemplan desde la remodelación de la fiscalidad agraria -algo que Portugal está haciendo y que en España no se ha iniciado- hasta la elaboración de un nuevo plan para el regadío. Desde su punto de vista, la mejora de este tipo de cuestiones mejoraría sus posibilidades a la hora de volver a negociar la OCM dentro de tres años. Pero ello tiene que ir unido a un entendimientos con los países del entorno mediterráneo, puesto que con la incorporación de los países del centro y el este de Europa, prevista para el 2003, las ayudas que percibe el campo español se verán mermadas, puesto que la producción de esas naciones se centra en materias similares a las que pueden producirse en algunos de los socios comunitarios con más peso específico (Inglaterra) y se ofertan extensas superficies que requerirán de la compra de bienes de equipo. Esto es lo que interesa a otros miembros de la UE, como Alemania. Si antes de estas incorporaciones España no ha captado el apoyo de los países mediterráneos, especialmente de Italia, sus posibilidades de bloquear cualquier decisión, que afecte negativamente a los intereses españoles, en el Consejo de Ministros de la Unión Europea resultará mínima.