El Gobierno de Aznar abre una crisis en la comunidad canaria por la TV autonómica
Fomento, que proyecta privatizar los terceros canales, dice que ahora no dará la licencia
El Gobierno, que tramita un proyecto de ley para privatizar las autonómicas, se opone al primer intento al respecto. Coalición Canaria (CC) y el PSOE aprobaron ayer el pliego de condiciones por el que la radiotelevisión canaria adjudicará a un operador privado el suministro de programas. El PP, socio de gobierno de CC, se ausentó de la votación después de que Fomento advirtiera al gobierno canario que prohibirá ese canal. CC acusó al PP de "vetar a un grupo de comunicación" . Antena 3, Sogecable y la productora de Valerio Lazarov han mostrado su interés en participar en el concurso.
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El Gobierno, que tramita un proyecto de ley para privatizar las autonómicas, se opone al primer intento al respecto. Coalición Canaria (CC) y el PSOE aprobaron ayer el pliego de condiciones por el que la radiotelevisión canaria adjudicará a un operador privado el suministro de programas. El PP, socio de gobierno de CC, se ausentó de la votación después de que Fomento advirtiera al gobierno canario que prohibirá ese canal. CC acusó al PP de "vetar a un grupo de comunicación" . Antena 3, Sogecable y la productora de Valerio Lazarov han mostrado su interés en participar en el concurso.
Los dos representantes del PP en el Consejo de Administración de la televisión canaria, Antonio Tejedor de Ron y Miguel Ángel Remedios, insistieron ayer en los defectos de forma que ya habían apuntado durante la sesión del consejo celebrada el sábado pasado. Pero también pusieron sobre la mesa un dato nuevo: mostraron al resto de miembros del consejo (tres de Coalición Canaria, dos del PSOE y uno del Grupo Mixto) un documento del Ministerio de Fomento, en el que se advierte que la ley del Tercer Canal no permite la transferencia a terceros de la gestión del servicio de televisión autonómica; y que "no cumpliéndose lo previsto en la ley, el real decreto de concesión no podrá ser aprobado". En términos conminatorios -la carta de Fomento se reproduce en esta página- el ministerio advierte también que "en el supuesto de que el concurso se convocase, el Estado adoptará las medidas necesarias para exigir el fiel respeto a la legislación vigente, que impide realizar actividades como la anunciada".El director general de la televisión canaria, Jorge Bethencourt, entiende que el documento remitido por el ministerio que dirige Rafael Arias- Salgado es "literalmente, una amenaza". Bethencourt criticó la "osadía" de la Administración estatal al entrometerse en una decisión del consejo de administración "sin conocer ni el fondo, ni la superficie de lo que se trata. "Esto es una instrumentación política que excede todo lo que he conocido hasta ahora", señaló Bethencourt.
El consejo de administración de RTVC estudiará una respuesta legal contra el Ministerio de Fomento y contra la persona que, en 1996, desempeñaba el cargo de consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Canarias. Se trata de Ignacio González, actualmente coordinador regional del PP, al que el director del ente televisivo autónomo, Jorge Bethencourt, imputa no haber remitido al Gobierno central la petición de concesión del tercer canal, incumpliendo, según dijo, un acuerdo adoptado en su día por el Ejecutivo. Bethencourt opina también que las televisiones autonómicas de Cataluña, País Vasco, Andalucía y Comunidad Valenciana "emiten sin la concesión formal" que Fomento exige ahora a la comunidad de Canarias.
Después de que los dos representantes del PP se ausentaran, los votos a favor de los representantes nacionalistas y socialistas en el consejo de administración de la Radio Televisión Canaria (RTVC) hicieron posible la aprobación del pliego de condiciones por el que se regirá la adjudicación del contrato de suministro de programas a un operador privado. En contra sólo votó el único consejero del Grupo Mixto.
Grave situación
Esta situación agrava el estado del matrimonio de conveniencia establecido entre el PP y Coalición Canaria. Las frágiles bases sobre las que se sustenta el equilibrio de poder en el gobierno del archipiélago (seis consejerías de los nacionalistas y cuatro del PP) han estado a punto de saltar por disensiones en asuntos como el régimen económico y fiscal de las islas; pero sólo cuando parece a punto de cristalizar la televisión autonómica suenan más alto los tambores de guerra en el Ejecutivo regional. Y así, mientras el coordinador regional del PP afirmaba, hace sólo unos días, que "el PP no quiere obstruir la televisión autonómica", ahora pone sobre la base una batería de argumentos para paralizar la adjudicación del contrato de producción audiovisual a un operador privado. En este intervalo de tiempo han trascendido los nombres de los operadores que podrían estar interesados en acudir al concurso: Antena 3 Televisión, Sogecable y Prime Time, esta última la productora de Valerio Lazarov.Mientras las sombras se ciernen sobre el pacto de gobierno en Canarias, el presidente regional, Manuel Hermoso, trató de suavizar el impacto político de las tensiones entre los miembros del PP y de CC, al proclamar que "luchará hasta la muerte por la estabilidad del Ejecutivo". Hermoso ha rechazado asimismo la posibilidad de destituir a los cuatro consejeros del PP en el Gobierno canario, como consecuencia de su oposición al proyecto televisivo, y ha puntualizado que los continuos incumplimientos del pacto de gobernabilidad serán objeto de una "enérgica protesta" ante los órganos de dirección del Partido Popular en Madrid.
El plazo de presentación de ofertas de los operadores privados interesados en suministrar programas a la televisión canaria finalizará el 14 de agosto, una vez aprobado el controvertido pliego de condiciones. El Consejo de Administración decidirá el 1 de septiembre qué empresa es la adjudicataria del concurso. El contrato de adjudicación de servicios se formalizará en los 20 días siguientes, y la empresa ganadora dispondrá de tres meses para instalar dos centros de producción audiovisual en cada una de las capitales canarias, y otras cinco delegaciones en el resto de las islas
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