El Gobierno pedirá a Aznar el referéndum para Treviño por mandato parlamentario
Aun siendo consciente de que su actuación será puro testimonio, el Gobierno decidió ayer activar para el Condado de Treviño el artículo 8 del Estatuto de Gernika, que recoge el procedimiento para la agregación a la comunidad de municipios enclavados íntegramente en su territorio. El mandato parlamentario derivado del acuerdo alcanzado el pasado 19 de junio por todas las fuerzas nacionalistas e IU -y que fue una de las razones esgrimidas por el PSE para abandonar el tripartito- ha obligado al Ejecutivo a hacerse presente institucionalmente en un proceso en el que no había deseado entrar hasta ...
Aun siendo consciente de que su actuación será puro testimonio, el Gobierno decidió ayer activar para el Condado de Treviño el artículo 8 del Estatuto de Gernika, que recoge el procedimiento para la agregación a la comunidad de municipios enclavados íntegramente en su territorio. El mandato parlamentario derivado del acuerdo alcanzado el pasado 19 de junio por todas las fuerzas nacionalistas e IU -y que fue una de las razones esgrimidas por el PSE para abandonar el tripartito- ha obligado al Ejecutivo a hacerse presente institucionalmente en un proceso en el que no había deseado entrar hasta ahora, sabedor de lo vano de su intervención. La decisión adoptada ayer supone abrir un plazo de un mes para recibir el parecer -en el caso de que se avenga a enviarlo- de la Junta de Castilla y León, cuya posición es de sobra conocida y ha ocasionado el bloqueo de la iniciativa promovida por los dos ayuntamientos del Condado. Trascurrido ese plazo, el Gobierno vasco se dirigirá directamente al presidente Aznar para pedirle que convoque el referéndum en el que los treviñeses deberían pronunciarse sobre la anexión a Álava. Según el Estatuto vasco, sólo quedarían después los trámites de la aprobación de la agregación por el Parlamento vasco y las Cortes Generales. Sin embargo, las previsiones del Estatuto de Castilla y León, que tiene el mismo rango legal que el vasco y otorga a su Ejecutivo la facultad de paralizar la iniciativa de los municipios, convierten en papel mojado esta actuación del Gabinete Ardanza desde un punto de vista operativo.