La fórmula 'un país, dos sistemas' funciona en Hong Kong al año de su retorno a China

En 1966, el último gobernador británico, Chris Patten, enumeró 16 criterios a la luz de los cuales China iba a ser juzgada por su respeto de la fórmula "un país, dos sistemas". Entre estos citó el mantenimiento de una Administración de calidad, la autonomía de su política general y monetaria respecto a China, la lucha contra la corrupción y la protección de las libertades. Un año después de la devolución, Patten dio su veredicto en su primer discurso público desde su marcha: "Hong Kong es una sociedad libre regida por el Estado de derecho. Lo era el año pasado y lo sigue siendo ahora".

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En 1966, el último gobernador británico, Chris Patten, enumeró 16 criterios a la luz de los cuales China iba a ser juzgada por su respeto de la fórmula "un país, dos sistemas". Entre estos citó el mantenimiento de una Administración de calidad, la autonomía de su política general y monetaria respecto a China, la lucha contra la corrupción y la protección de las libertades. Un año después de la devolución, Patten dio su veredicto en su primer discurso público desde su marcha: "Hong Kong es una sociedad libre regida por el Estado de derecho. Lo era el año pasado y lo sigue siendo ahora".

Jiang Zemin llegó ayer al territorio para conmemorar el primer aniversario de la devolución. El presidente chino puede felicitarse de que China haya respetado sus compromisos y, al mismo tiempo, haya demostrado que, aunque parezca imposible, la fórmula "un país, dos sistemas" podía funcionar. De hecho, todos los testimonios recogidos confirman la no intervención de China en la gestión de los asuntos públicos del territorio; el mantenimiento de una perfecta libertad de prensa; la existencia de debates abiertos; la libertad de expresión y de manifestación para los demócratas que, sin embargo, son considerados disidentes en el otro lado de la frontera; la celebración de elecciones que, pese a obedecer a unas reglas del juego muy estudiadas encaminadas a limitar el poder de los demócratas, no por ello han dejado de ser libres; la presencia en el territorio de numerosos disidentes de la República Popular China que renuevan sin problema su permiso de residencia y el respeto de las reglas del juego financieras del territorio por los grupos chinos implantados en él.Es cierto que el jefe del Ejecutivo, Tung Chee Hwa, nunca ha puesto verdaderamente a prueba esta autonomía tomando una decisión que pudiera disgustar a Pekín. Pero, por su parte, China ha respetado sus compromisos. Afirmar a raíz de eso que"nada ha cambiado en Hong Kong" y que todas las inquietudes han desaparecido es precipitado. En primer lugar, porque Hong Kong es cada vez más chino y está perdiendo algunas de las cualidades que lo convirtieron en un lugar internacional: el nivel de inglés de la población baja cada día un poco más y hoy, a excepción de la élite intelectual y financiera, resulta difícil encontrar habitantes que hablen verdaderamente inglés, más allá de una cuantas fórmulas de uso corriente. Teniendo en cuenta que tres cuartas partes de los colegios han sido obligados por el Gobierno a dar las clases en cantonés a partir de septiembre y también a izar la bandera de la República Popular China los días de fiesta oficial y que las televisiones presionan al Gobierno para que las autorice a incrementar la difusión de programas en chino, queda claro que en 10 años, el número de angloparlantes será extremadamente limitado.

Pero sobre todo, Hong Kong, el orgulloso enclave capitalista, es presa de la duda. Una duda que ha vuelto a poner en tela de juicio numerosas formas de funcionamiento del pasado. En concreto, la crisis financiera que se tradujo en un hundimiento de la Bolsa (un descenso del 50% en relación a su tope), de los precios inmobiliarios (una reducción del 40%), una multiplicación de las declaraciones de quiebra y una explosión de la tasa de paro (un 4,5% a finales de mayo frente al 2,5% hace unos meses), introdujo una profunda modificación en la relación entre el Gobierno y la población local.

Por un lado, los habitantes, hasta ahora fervientes defensores de la no intervención del Estado en la economía, hoy exigen al Ejecutivo lo que apenas se atrevían a pedir al Gobierno colonial: se le critica con asiduidad por su gestión desordenada de la crisis, se le pide que acuerde una bajada de los impuestos (ya de por sí muy bajos), que financie las pérdidas de los ahorradores, que cree empleos. Por otro, el Gobierno, que al no haber sido elegido por las urnas no ha adquirido aún verdadera legitimidad, no deja de realizar gestos dirigidos a una población empobrecida por la crisis y de anunciar sucesivos planes de estabilización