Médicos y grafólogos

Hoy comienza la fase pericial con la declaración de médicos, psicólogos y grafólogos. Los primeros que hablarán son Juan José Carrasco Gómez y Enrique Fernández Rodríguez, los médicos que reconocieron a Segundo Marey para comprobar las secuelas que padece por los nueve días que estuvo secuestrado en 1983.Uno de los peritos que estaban convocados, Joaquín Alegret Justes, experto en medicina legal de la Universidad Complutense, falleció hace un año, según un informe aportado por la policía al tribunal. Quien sí testificará será su colega José Delfín Villalaín Blanco, miembro de la cátedra de Med...

Hoy comienza la fase pericial con la declaración de médicos, psicólogos y grafólogos. Los primeros que hablarán son Juan José Carrasco Gómez y Enrique Fernández Rodríguez, los médicos que reconocieron a Segundo Marey para comprobar las secuelas que padece por los nueve días que estuvo secuestrado en 1983.Uno de los peritos que estaban convocados, Joaquín Alegret Justes, experto en medicina legal de la Universidad Complutense, falleció hace un año, según un informe aportado por la policía al tribunal. Quien sí testificará será su colega José Delfín Villalaín Blanco, miembro de la cátedra de Medicina Legal de Valencia. Otros peritos llamados por alguna de las partes son José Javier Simón Alonso, la grafopsicóloga María de los Ángeles Fernández López y el grafólogo Rafael Martín Ramos.

La misión de los grafólogos es defender sus respectivos informes sobre los cuerpos de escritura realizados por los procesados Ricardo García Damborenea, ex secretario general de los socialistas vizcaínos; Julián Sancristóbal, ex gobernador civil de Vizcaya, y el ex subcomisario José Amedo. Las pruebas sobre Damborenea y Sancristóbal tienen el fin de aclarar si alguno de ellos o ambos fueron autores del comunicado firmado por primera vez con las siglas de los GAL.

Otro de los cometidos de estos peritos es determinar si Amedo es el autor de un manuscrito que se le atribuye, en el que el autor se refiere a la entrevista mantenida entre el juez Baltasar Garzón y el ex inspector de policía Michel Domínguez en 1993.

Los actuarios económicos Tomás Martín Sánchez y María de los Ángeles Muñoz Menéndez recogieron ayer la documentación que les permitirá cuantificar la indemnización que le corresponde a Marey en compensación por los daños. El fiscal la cifra en 35 millones, pero la abogada de Marey, Olga Tubau, la eleva a 125. Carmen González Cayuela, Fernando Romero de la Rosa y Álvaro Gascón Juste serán preguntados acerca de si se retiró un millón de francos franceses de los fondos reservados de Interior, en la cuenta del Banco de España, en fechas previas al secuestro.