Una testigo culpa al Ejército mexicano de la ejecución de varios indígenas
Acusada de militar en el Ejército Popular Revolucionario (EPR), la estudiante de sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Erika Zamora, de 21 años, fue encarcelada en la prisión del puerto de Acapulco, y desde allí denunció que la operación castrense del día 7 contra aquella guerrilla fue sin cuartel: gentes desarmadas fueron muertas rendidas y los detenidos sufrieron torturas. Once supuestos miembros del marginal EPR, que opera en Guerrero y Oaxaca, perdieron la vida en el asalto militar a la escuela.
"Entre las 5.30 y las 6 de la mañana, el primer indígena salió...
Acusada de militar en el Ejército Popular Revolucionario (EPR), la estudiante de sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Erika Zamora, de 21 años, fue encarcelada en la prisión del puerto de Acapulco, y desde allí denunció que la operación castrense del día 7 contra aquella guerrilla fue sin cuartel: gentes desarmadas fueron muertas rendidas y los detenidos sufrieron torturas. Once supuestos miembros del marginal EPR, que opera en Guerrero y Oaxaca, perdieron la vida en el asalto militar a la escuela.
"Entre las 5.30 y las 6 de la mañana, el primer indígena salió con las manos en alto. Se hincó y dijo: "Me rindo, perdónenme, nosotros no tenemos armas, no tiren". Hincado, lo acribillaron. Fue el primer muerto de la cancha", acusó la detenida en un testimonio que publicó el lunes La Jornada.Las circunstancias en que cayeron las 11 personas acusadas de empuñar las armas en el EPR difieren según el Ejército, la fiscalía, los detenidos o los sobrevivientes, y esas discrepancias condujeron al debate, y a la solicitud, cursada por varias ONG de que intervenga la Suprema Corte de Justicia en las investigaciones. La Procuraduría General de la República (PGR), que no ha encontrado nada punible. "No se trató de ninguna masacre. Fue un enfrentamiento donde el Ejército fue agredido", dijo el subprocurador, José Luis Ramos.
El Ejército mexicano informó el día ocho de que, habiendo observado la presencia de personas armadas en las cercanías de una escuela, una patrulla se identificó como tal y pidió su rendición. Lejos de hacerlo, los sospechosos corrieron hacia el interior del local, y junto a otros insurrectos abrieron fuego contra la unidad, que respondió con sus armas reglamentarias. El examen practicado a las víctimas, destacó el funcionario, certifica que los disparos causantes de su muerte fueron efectuados a larga distancia. Rafael Álvarez, de la ONG Miguel Agustín Pro Juárez, dirigido por jesuitas, no lo cree. "¿Cómo creer que si los del EPR iban armados con fusiles AK-47 y el choque duró seis horas no ha habido soldados heridos?"
Según el recuento del activista, fundamentado en el relato de testigos, hubo dos grupos dentro de la escuela cercada: uno, desarmado; otro guerrillero. El primero -20 veinte campesinos-, fue obligado a tumbarse en una cancha de baloncesto. Un indígena que no entendió la orden, al parecer el mismo al que se refiere Erika Zamora, resultó muerto. "Otro que levantó la cabeza para ver a quién habían disparado, también fue tiroteado. Nos lo dijo el tercero en la fila, que sobrevivió", dijo Álvarez. De acuerdo a sus imputaciones, los soldados dispararon sobre las cabezas de los campesinos, y entonces, desde la escuela, los guerrilleros atacaron al Ejército. El destacamento replicó. La Jornada tituló el lunes: "En El Charco se ejecutó a campesinos desarmados".
El intercambio duró 10 minutos y cuando cesó los militares siguieron gritando que salieran, y volvieron a disparar. Erika dice que hubo campesinos muertos y heridos dentro del salón, pero ignora el número.
[Por otra parte, los analistas mexicanos están convecidos de que el ataque contra una patrulla militar en Guerrero, que causó la muerte a tres soldados y heridas a otros tantos, es una represalia del EPR. A pesar de ello, el ministro de Defensa, Enrique Cervantes, aseguró anoche que no está del todo claro quién llevó a cabo la emboscada del lunes. No es la opinión del fiscal del Estado, que acusó directamente al grupo guerrillero, según informa Reuters.]