Todas las televisiones rechazan el proyecto de Fomento sobre emisión digital terrestre

Un plan del ministerio de Fomento fue protestado ayer por todos los operadores de televisión públicos y privados, tanto de ámbito estatal como autonómico. El choque se produce por el proyecto gubernamental de obligar a la conversión de la actual televisión analógica en un sistema de difusión digital terrestre, con un plazo tasado y en unas condiciones muy dudosas, a juicio de los operadores. Ellos no quieren que se regule este asunto, "por razones de prudencia", sin un estudio serio, según afirma un documento conjunto suscrito por todos.

El rechazo fue consensuado tanto por TVE como p...

Un plan del ministerio de Fomento fue protestado ayer por todos los operadores de televisión públicos y privados, tanto de ámbito estatal como autonómico. El choque se produce por el proyecto gubernamental de obligar a la conversión de la actual televisión analógica en un sistema de difusión digital terrestre, con un plazo tasado y en unas condiciones muy dudosas, a juicio de los operadores. Ellos no quieren que se regule este asunto, "por razones de prudencia", sin un estudio serio, según afirma un documento conjunto suscrito por todos.

El rechazo fue consensuado tanto por TVE como por los tres operadores privados, Antena 3, Tele 5 y Sogecable; por todas las cadenas autonómicas agrupadas en la FORTA y por las plataformas Canal Satélite Digital y Vía Digital. Representantes de todos estos operadores, agrupados en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), acordaron presentar sus alegaciones al Consejo de Estado, organismo al que el Gobierno ya ha pasado a consulta el proyecto de decreto con el que pretende aprobar, en cuestión de semanas, el nuevo modelo televisivo.¿Cuál es el problema? La regulación preparada por el departamento que dirige Rafael Arias-Salgado prevé que las actuales cadenas de televisión sean repetidas en tecnología digital; permite añadir muchos más canales y otorga un plazo de diez años para la renovación de los receptores y la extinción de la actual tecnología analógica. Lo cual obligaría a las cadenas a importantes inversiones, mientras que 12 millones de hogares tendrían que cambiar sus receptores o adaptarlos para seguir viendo lo que ya reciben. Operación esta última que, según recientes estimaciones del portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Rodríguez, implica por sí sola un costo de un billón de pesetas.

Frente a estos planes, los operadores de televisión aprobaron ayer un documento presidido por la idea de que el cambio en ciernes implica una "modificación sustancial del sector televisivo español". Y que ese tren no puede lanzarse a la velocidad deseada por los maquinistas políticos. La regulación debería hacerse por ley y no por decreto, para propiciar el debate parlamentario y la presencia de los intereses afectados de cara a su posterior desarrollo reglamentario.

Un asunto como éste "no debe ser resuelto precipitadamente"; y en todo caso, nunca debería hacerse sin consulta con el sector, ni antes de que " una entidad independiente" -subraya el documento- evalúe todas las implicaciones.

Ese estudio debería incluir aspectos tales como qué infraestructuras de recepción de la señal digital tienen los consumidores; cuánto cuesta toda la operación de adaptación; los efectos que tendría en el mercado la convivencia de distintos programas o servicios distribuidos de diferentes formas (cable, satélite, ondas terrestres); y si el mercado publicitario permite soportar más canales televisivos. Sin ese estudio, la propuesta es "cuestionable", agregan los autores del texto.

Además, los operadores televisivos se consideran con derecho, cada uno de ellos, a un canal "múltiplex" -con posibilidad de difundir diferentes programaciones-, sin verse obligados a compartirlo y sin que pueda condicionarse a ello la renovación de las concesiones administrativas del servicio televisivo analógico por ondas terrestres; es decir, de las licencias que actualmente tienen las empresas que gestionan Antena 3, Tele 5 y Canal+. Con la regulación prevista por el Gobierno, dichos operadores habrían de comprometerse a aceptar la tecnología digital terrestre si aspiran a la renovación.

Otra de las reivindicaciones expresadas se refiere a que aquellos canales que resulten libres sean adjudicados mediante concurso, sin que se obligue a los concesionarios a tener que emitir en abierto a través de esos nuevos canales.

Alud de expedientes

Mientras se discutía el documento antedicho, el titular de Fomento, Rafael Arias-Salgado, daba cuenta al Congreso de los expedientes abiertos por su departamento a las televisiones, en respuesta a preguntas del Grupo Socialista. Así, el ministro informó de la existencia de 69 expedientes en marcha contra otras tantas televisiones locales que difunden por ondas terrestres, bajo la imputación de haber invadido bandas de frecuencia que no les corresponden.Para Arias-Salgado, de las 697 emisoras locales en funcionamiento sólo hay 282 amparadas por la legalidad. El ministerio estudia un Plan Técnico para las televisiones locales, condicionado a las necesidades de la televisión digital terrestre, "que es prioritaria", precisó, según informa la agencia Efe.

Arias-Salgado mencionó también 12 expedientes sancionadores de su departamento por incumplimiento de normas de publicidad. Tele 5 y Antena 3 tienen encima tres expedientes cada una de ellas; Canal+, uno; y Televisión Española, nada menos que cinco.