Un grupo de funcionarios recurre el concurso de traslados del Gobierno para adjudicar 1.500 plazas
El concurso interno de traslados puesto en marcha por el Gobierno vasco para cubrir en propiedad 1.500 puestos de la Administración general ha nacido con polémica. Varios funcionarios han presentado recurso contencioso-administrativo por los errores que a su juicio se han cometido. La principal crítica de funcionarios y sindicatos radica en que la convocatoria original no aclara la fecha para presentar las solicitudes y que la información facilitada desde el Ejecutivo para resolverlo es errónea. La confusión creada ha llevado al Gobierno a ampliar en 15 días el plazo.
El concurso de tra...
El concurso interno de traslados puesto en marcha por el Gobierno vasco para cubrir en propiedad 1.500 puestos de la Administración general ha nacido con polémica. Varios funcionarios han presentado recurso contencioso-administrativo por los errores que a su juicio se han cometido. La principal crítica de funcionarios y sindicatos radica en que la convocatoria original no aclara la fecha para presentar las solicitudes y que la información facilitada desde el Ejecutivo para resolverlo es errónea. La confusión creada ha llevado al Gobierno a ampliar en 15 días el plazo.
El concurso de traslados es la figura legal que permite a las administraciones estabilizar sus plantillas, ya que ofrecen a sus funcionarios las plazas que no tienen titular y que están ocupadas por interinos o por personal en comisión de servicios. El Gobierno vasco calcula que alrededor de 4.000 funcionarios de los 5.000 que integran la Administración general del País Vasco competirán por las 1.500 vacantes que ha ofertado en el concurso de promoción interna. Estas 1.500 vacantes suponen el 30% de los puestos de trabajo que hay en la Administración general, que no incluye ni a la Ertzaintza, ni a los docentes ni al personal sanitario. Se da la circunstancia de que en el ecuador del concurso va a tener lugar un cambio de Gobierno, lo que podría dificultar el trabajo de supervisión. El último concurso de traslados organizado en el País Vasco tuvo lugar hace más de siete años, lo que ha provocado, según los sindicatos, un "índice de precariedad importante", al estar ocupados una gran parte de los puestos por funcionarios destinados en comisiones de servicios. El Boletín Oficial del País Vasco incluyó el pasado 27 de abril la bases que rigen el concurso de traslados, para que los funcionarios que lo desearan presentaran sus solicitudes. La primera confusión que surgió entre los aspirantes estriba en el plazo que da la orden del Gobierno para que se entreguen las peticiones: "Las solicitudes para tomar parte en este concurso", reza el texto del Boletín, "se presentarán en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de la publicación de la orden en el Boletín Oficial del País Vasco". El día siguiente era fiesta en Álava, 28 de abril, Día de San Prudencio, por lo que los funcionarios no sabían si el plazo empezó a contar desde el 28 o desde el 29 de abril. "Había dudas", denuncian fuentes sindicales, "de si el concurso finalizaba el día 27, el 28 o el 29 de mayo. Y por si fuera poco, una semana antes de concluir el plazo, se anunciaron modificaciones en los requisitos de varias plazas". Esta corrección de errores llevó a la Viceconsejería de Función Pública a ampliar el plazo en 15 días, de manera que la fecha para entregar las solicitudes finaliza hoy, 12 de junio. Varios funcionarios han anunciado a la viceconsejería su intención de recurrir esta ampliación por entender que no se ajusta a la legalidad. Los funcionarios que no logren el traslado que han pedido podrán participar en una segunda etapa, lo que se conoce como fase de resultas, en la que se cubrirán las plazas que hayan resultado vacantes como consecuencia del primer reparto. De momento, el proceso sigue su curso y está previsto que finalice en el primer semestre de 1999, cuando la comisión devaloración evalúe las peticiones y se resuelvan los recursos. Cuando el Gobierno presentó el borrador del concurso a los sindicatos en marzo, sólo ELA dio su visto bueno. Los demás se opusieron por la valoración que se hace de las comisiones de servicios. "Estas comisiones", explican fuentes sindicales, "se adjudican de manera discrecional. Quien haya estado en comisión de servicios en los últimos años es seguro que obtiene la plaza".