La ruina sin fin
LA TELEVISIÓN pública española es una máquina perfectamente engrasada para perder cuantiosas cantidades de dinero y acumular un volumen de endeudamiento capaz de poner en riesgo cualquier objetivo de déficit público. En los últimos seis años, el Ente Público Radiotelevisión Española ha acumulado un endeudamiento de tal magnitud que a finales de este año superará los 825.000 millones de pesetas. Cualquier empresa, incluso pública, gestionada con sentido común habría acometido ya con mucha antelación un plan para reducir drásticamente sus costes, aumentar los ingresos y consolidar la situación f...
LA TELEVISIÓN pública española es una máquina perfectamente engrasada para perder cuantiosas cantidades de dinero y acumular un volumen de endeudamiento capaz de poner en riesgo cualquier objetivo de déficit público. En los últimos seis años, el Ente Público Radiotelevisión Española ha acumulado un endeudamiento de tal magnitud que a finales de este año superará los 825.000 millones de pesetas. Cualquier empresa, incluso pública, gestionada con sentido común habría acometido ya con mucha antelación un plan para reducir drásticamente sus costes, aumentar los ingresos y consolidar la situación financiera. Hoy, RTVE tiene una agujero financiero de proporciones fabulosas. Parafraseando a Quevedo, habría que decir que la grandeza de la televisión española es como la de los agujeros, que son tanto mayores cuanto menos hay en su interior.Que la precaria situación financiera de la televisión pública se ha convertido en una amenaza real para el déficit público lo prueba el que el jefe de la Oficina Presupuestaria, José Barea, insista en casi todos sus informes -filtrados sistemáticamente a la opinión pública desde el PSOE- en la urgencia de reformar profundamente la estructura y la gestión del Ente Público. En su último informe desvelado, el diagnóstico de Barea explica que la plantilla de Televisión Española tiene un excedente de personal de unas 4.500 personas; que no existe relación alguna entre ingresos y gastos; que los costes de producción propia son desmesurados hasta el escalofrío, dándose el caso de que un minuto de producción propia cuesta 100 veces más que uno producido fuera, y que los centros territoriales funcionan con la prodigalidad de virreinatos, hasta el punto de que su mantenimiento cuesta unos 19.000 millones anuales.
En coherencia con este diagnóstico, el jefe de la Oficina Presupuestaria propone varios remedios para acabar con esta fuente inagotable de pérdidas y endeudamiento en que se ha convertido el Ente Público. Tales recetas van desde el simple cierre del grupo -que Barea parece desechar rápidamente, quizá por el convencimiento de que ningún Gobierno renunciará a una televisión pública- hasta una acción combinada que permita mantener la titularidad pública de los canales de RTVE, financie presupuestariamente los programas que estén considerados como servicio público y sitúe la producción de programas en un régimen de alianzas con socios privados. Este abanico de opciones debe ser interpretado como una llamada a la sensatez empresarial.
La enésima llamada de atención sobre el despilfarro y el caos en RTVE tiene como destino probable el olvido. Como antes se desecharon otras propuestas para cortar la hemorragia de pérdidas, la última, el plan de reforma elaborado por la anterior directora general de Radiotelevisión. La cuestión de fondo no está en los diagnósticos, ni en los innumerables planes que se han elaborado, sino en la escasa voluntad política del Gobierno para iniciar una reforma auténtica que pueda limitar su control no sólo sobre la información, sino sobre el conjunto de la programación. Frente a las propuestas de Barea, sin duda discutibles, la vicepresidencia del Gobierno propone más de lo mismo: sufragar con cargo a los bolsillos de los ciudadanos el agujero de RTVE -con la aportación o tasa de 20.000 pesetas por cada ciudadano- y mantener intocada la estructura que ha generado las pérdidas. Con el agravante de eliminar las funciones de control del Consejo de RTVE.
No cabe la menor duda: el Gobierno del PP quiere mantener el control de la televisión pública, aunque sea a costa de mantener una ruina permanente que justifique su dependencia perenne del prespuesto. Aznar y su Gobierno prometieron primero con grandes aspavientos que la independencia de la televisión pública sería respetada y que se buscaría una solución para sus problemas financieros. Ni lo uno ni lo otro. Después de que Aznar rompiera su promesa de nombrar un director independiente del Ente con la designación del diputado popular Fernando López-Amor, las cadenas públicas de TVE han alcanzado grados de sectarismo, manipulación informativa y culto a la personalidad del presidente del Gobierno que exceden con mucho los peores momentos de otros gobiernos, y que en algunos casos superan con creces el ridículo; las pérdidas siguen acumulándose sin freno y las soluciones oficiales siguen siendo las de siempre. La inquietud de Barea está justificada.