PSC e IC se unen para rechazar el proyecto de ley del agua

El proyecto de ley del agua elaborado por el Gobierno catalán es inaceptable, afirmaron ayer en el Parlament los diputados Manel Nadal (PSC) y Joan Boada (IC). Ambos explicaron que si el Ejecutivo no modifica el texto, sus formaciones presentarán una enmienda a la totalidad. Los motivos que llevan a los dos partidos a plantear el rechazo general al texto son el "antimunicipalismo" del proyecto y el impacto negativo en la agricultura y en los usuarios que reciben el agua de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). Los agricultores pueden llegar a pagar unos mil millones de pesetas al año,...

El proyecto de ley del agua elaborado por el Gobierno catalán es inaceptable, afirmaron ayer en el Parlament los diputados Manel Nadal (PSC) y Joan Boada (IC). Ambos explicaron que si el Ejecutivo no modifica el texto, sus formaciones presentarán una enmienda a la totalidad. Los motivos que llevan a los dos partidos a plantear el rechazo general al texto son el "antimunicipalismo" del proyecto y el impacto negativo en la agricultura y en los usuarios que reciben el agua de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). Los agricultores pueden llegar a pagar unos mil millones de pesetas al año, explicaron los dos diputados, con datos aportados por la Unió de Pagesos. Los usuarios de Lleida, que actualmente pagan a la CHE y que, salvo que hubiera un pacto con el Gobierno central que la ley no incluye, podrían verse sometidos a doble tributación, pueden ver incrementado el coste en un 50%, aproximadamente. Boada y Nadal explicaron también que el sistema utilizado para promediar los consumos, arroja precios superiores a los actuales para los consumos medios. El PSC e IC proponen la revisión del impuesto para los agricultores de forma que se negocie con ellos un precio adecuado por hectárea y se penalice el consumo por encima de esta cantidad, lo que promovería el ahorro del agua. Nadal y Boada se refirieron también al carácter "antimunicipal" del proyecto, en la medida en que atribuye a la Agencia del Agua la potestad municipal de establecer su precio. Asimismo, cuando habla de las entidades locales del agua (agrupaciones de municipios para el suministro y el saneamiento) establece que los ayuntamientos deberán ceder a éstas las redes y competencias, pero si se trata de bienes de la Generalitat, entonces no hay cesión sino delegación. Un último punto innegociable es la solución al conflicto del recibo del agua, que afecta a 70.000 familias de área metropolitana. "No podemos aceptar una ley que no resuelva el problema", dijeron.