Admitida una querella contra dos consejeros de la Generalitat por la autopista A-16

La batalla judicial provocada por la autopista A-16 tiene un nuevo frente. El Juzgado número 6 de Vilanova i la Geltrú ha admitido a trámite la querella presentada por un abogado contra dos consejeros de la Generalitat, a los que acusa de un presunto delito de prevaricación, de otro contra la división de poderes, de desobediencia a la autoridad judicial y de daños en yacimientos arqueológicos. La querella ha sido presentada por el abogado Jordi Verdaguer contra Artur Mas y Joan Guitart, que en el momento de los hechos eran consejeros de Política Territorial y Obras Públicas, y de Cultura, re...

La batalla judicial provocada por la autopista A-16 tiene un nuevo frente. El Juzgado número 6 de Vilanova i la Geltrú ha admitido a trámite la querella presentada por un abogado contra dos consejeros de la Generalitat, a los que acusa de un presunto delito de prevaricación, de otro contra la división de poderes, de desobediencia a la autoridad judicial y de daños en yacimientos arqueológicos. La querella ha sido presentada por el abogado Jordi Verdaguer contra Artur Mas y Joan Guitart, que en el momento de los hechos eran consejeros de Política Territorial y Obras Públicas, y de Cultura, respectivamente; el director general de Patrimonio, Josep Maria Huguet; el ex delegado de la Generalitat en Autopistas, Jaume Amat, y dos directivos de la empresa Aucat. Jordi Verdaguer, que dice que la autopista "es un desastre desde su origen, tanto desde el punto de vista legal como técnico", ha sustentado su querella en las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que el año pasado fallaron contra la A-16, sentencias que sin embargo no se han aplicado porque están recurridas ante el Tribunal Supremo. La primera declaró nulo el anteproyecto de la A-16 a su paso por Cubelles, y la segunda el decreto de la Generalitat por el cual las obras del tramo Sitges-El Vendrell fueron adjudicadas a dedo a la empresa Aucat. Además, Jordi Verdaguer acusa al Departamento de Cultura por haber permitido la destrucción de yacimientos arqueológicos (silos y enterramientos humanos de la época prerromana) que han quedado sepultados bajo el asfalto. La empresa Aucat ya se ha personado en la causa.