Cultura prevé sembrar de metales los yacimientos para burlar a los "piteros"
La Consejería de Cultura pretende sembrar con virutas de metal los yacimientos arqueológicos andaluces para volver locos a los piteros, esos ciudadanos armados de detectores de metales que expolian el patrimonio histórico menos vigilado. La medida, contemplada en el Avance del Plan del General de Bienes Culturales, pretende evitar la depredación de los piteros, que se han "profesionalizado" y extendido "de manera alarmante", según denuncia el Defensor del Pueblo Andaluz en su último informe.
La acción de los piteros se ha convertido en uno de las mayores amenazas del patrimonio arqueoló...
La Consejería de Cultura pretende sembrar con virutas de metal los yacimientos arqueológicos andaluces para volver locos a los piteros, esos ciudadanos armados de detectores de metales que expolian el patrimonio histórico menos vigilado. La medida, contemplada en el Avance del Plan del General de Bienes Culturales, pretende evitar la depredación de los piteros, que se han "profesionalizado" y extendido "de manera alarmante", según denuncia el Defensor del Pueblo Andaluz en su último informe.
La acción de los piteros se ha convertido en uno de las mayores amenazas del patrimonio arqueológico andaluz, pese a que su depredación suele ser bastante superficial. Los yacimientos de la región, en la mayoría de los casos, no cuentan con ninguna medida de protección ni pasiva (vallas o cerramientos) o activa (vigilantes). Precisamente estas catas desprotegidas se están viendo sometidas a "un importante proceso de degradación y expolio", cada vez más "precisos y sistemáticos". La sucesión de expolios ha llevado a José Chamizo, defensor del Pueblo, a revelar en su último informe anual sus temores de que se estén creando en Andalucía "estructuras delictivas organizadas que giran en torno al negocio de la compraventa de objetos culturales expoliados". La preocupación por el trabajo del pitero profesional ha llevado a Chamizo a abrir una queja de oficio (la 97/1774) para que se afronte "la necesidad de adoptar medidas de protección ante esta amenaza". Esta preocupación ha sido recogida por la onsejería de Carmen Calvo, que en el Documento de Avance del Plan General de Bienes Culturales 1996-2000 incluye un apartado específico titulado Lucha contara el expolio de yacimientos arqueológicos, en el que se fijan medidas para combatir a los depredadores arqueológicos. Entre las medidas propuestas se prevé la regulación del uso de detectores de metales siguiendo el modelo del Reglamento de Armas de Fuego, que daría a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado un arma eficaz contra los expolios. Igualmente pretende la elaboración de un reglamento de uso de los detectores en los yacimientos arqueológicos. Ingenioso y fácil El defensor considera "sumamente acertada y particularmente ingeniosa" la propuesta de sembrar de virutas metálicas los yacimientos. Chamizo considera que esta medida "podría resultar de fácil aplicación y permitirá obtener resultados inmediatos". Por ello, considera conveniente "que se ponga en marcha con la mayor diligencia posible" y que se recabe para ello la colaboración de las asociaciones culturales de la región. No obstante, el defensor se lamenta de que estas medidas ya fueron sugeridas por su entidad en 1993 "sin que hayan sido ejecutadas pese al tiempo transcurrido". Y siguen sin ser ejecutadas. El defensor pide que ante el "grave deterioro" de los yacimientos andaluces se solvente de una vez la polémica sobre si las excavaciones se deben señalizar o no. Las catas señalizadas son objeto de intensa depredación, especialmente si el vallado o la instalación de cartelería no va acompañada de otras medidas de protección. Sin embargo, Chamizo alega que si un yacimiento ni siquiera aparece en los mapas "resulta imposible pretender una adecuada puesta en valor" de éstos y, además, "resulta imposible imputar un delito contra el patrimonio" a un presunto expoliador cuando no se puede acreditar que el pitero sabe que efectivamente está trabajando sobre un yacimiento. El informe del defensor de 1997 da también lo suyo a los ayuntamientos por no afrontar "como debieran" la protección de su propio patrimonio e incluso por mostrar "aquiescencia" con los expoliadores.