La UE intenta cerrar un acuerdo sobre libre tránsito de mercancías
Los Quince intentarán alcanzar el próximo lunes, en el Consejo del Mercado Interior, un acuerdo político sobre un nuevo mecanismo, insistentemente reclamado por España, que garantice la libre circulación de mercancías y evite el bloqueo de las exportaciones hortofrutícolas españolas a su paso por Francia.La UE ha renunciado a dar a la Comisión poderes especiales para sancionar a los Estados que no garanticen la libertad de circulación, pero parece decidida a establecer un sistema de "presión política" con plazos de denuncia más breves que los actuales.
La propuesta a estudio introduce u...
Los Quince intentarán alcanzar el próximo lunes, en el Consejo del Mercado Interior, un acuerdo político sobre un nuevo mecanismo, insistentemente reclamado por España, que garantice la libre circulación de mercancías y evite el bloqueo de las exportaciones hortofrutícolas españolas a su paso por Francia.La UE ha renunciado a dar a la Comisión poderes especiales para sancionar a los Estados que no garanticen la libertad de circulación, pero parece decidida a establecer un sistema de "presión política" con plazos de denuncia más breves que los actuales.
La propuesta a estudio introduce un elemento de presión política que faculta a la Comisión Europea para exigir al Estado en que haya obstáculos que los elimine, y fija unos plazos muy cortos para obtener una respuesta, indicaron fuentes diplomáticas.
El acuerdo, que se debe alcanzar por unanimidad, no sería definitivo en cualquier caso hasta que cuente con el visto bueno del Parlamento Europeo. El texto consta de una resolución de carácter político por el que se insta,entre otros, al Tribunal Europeo a dictar rápidamente sentencia en estos casos, así como un reglamento vinculante en el que se establece un mecanismo de información rápida por parte del Estado que haya impedido la libre circulación de mercancías.
La Comisión Europea intervendría en esa situación mediante el envío de una notificación al Estado en que se haya producido el problema y le pedirá que lo solucione. Bruselas daría al país infractor cinco días para responder satisfactoriamente, y en caso contrario la Comisión puede acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que obligue a normalizar la situación.
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