"Marcos quiere guerra en Chiapas hasta el 2000"

Socorro Díaz ha llegado a Madrid en un momento delicado. A la secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que acude a la capital española invitada por el Instituto Ortega y Gasset, le toca defender las recientes expulsiones de extranjeros de Chiapas, acusados ¿le socavar las autoridades legítimas de la región. Canadá y Noruega han pedido explicaciones. Madrid ha guardado silencio, a pesar de que cuatro ciudadanos españoles fueron deportados la semana pasada. Díaz, de 48 años, y desde septiembre del año pasado número dos del PRI, defiende la medida y acusa al subcomandant...

Socorro Díaz ha llegado a Madrid en un momento delicado. A la secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que acude a la capital española invitada por el Instituto Ortega y Gasset, le toca defender las recientes expulsiones de extranjeros de Chiapas, acusados ¿le socavar las autoridades legítimas de la región. Canadá y Noruega han pedido explicaciones. Madrid ha guardado silencio, a pesar de que cuatro ciudadanos españoles fueron deportados la semana pasada. Díaz, de 48 años, y desde septiembre del año pasado número dos del PRI, defiende la medida y acusa al subcomandante Marcos, líder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), de querer mantener la guerra en Chiapas hasta el año 2000.Pregunta. ¿Se está equivocando México con los extranjeros en Chiapas? Respuesta. Quiero hacer una puntualización. Los expulsados de Chiapas son ciudadanos de diversos países que han entrado a México pidiendo visas de estudiantes o de turistas. Nunca han tenido el estatuto de observadores. Han ido a hacer activismo político. Lo que el Gobierno está haciendo es restituir el respeto a las leyes mexicanas.

P. No me refiero a la legalidad de la medida, sino a su oportunidad. ¿No es una equivocación política expulsar extranjeros, aunque sea legal? Se puede pensar que no quieren testigos.

R. Dada la situación en Chiapas, es pertinente. Además, al recurrir a la figura del 33 [artículo 33 de la Constitución, que permite al Ejecutivo expulsar sin ninguna restricción a todo extranjero que crea conveniente], el Gobierno actuó con benevolencia, porque podían haber sido procesados. Ha habido voces que lo han pedido.

P. ¿Apoya usted eso?

R. No. Mire usted, no. A mí me parece que se les concedió el beneficio de la duda. La aplicación del 33 es una manera ciertamente rápida de resolver el problema, porque están entrando en una zona de riesgo y no queremos tener más enfrentamientos sangrientos entre los indígenas de Chiapas, pero menos que participen o puedan resultar víctimas los extranjeros.

P. Pero el 33 es muy duro. Los expulsados no pueden volver a México.

R. El nivel de injerencia extranjera en Chiapas obliga a que el Gobierno de México diga, hasta aquí y que simple y llanamente en ejercicio de su soberanía establezca medidas que son un mensaje...

P. Un mensaje a toda la comunidad internacional.

R. Sí. En el sentido de que no se puede tolerar la participación de extranjeros coadyuvando a a agravar el conflicto en Chiapas. Esa es nuestra posición. Pensamos que es inaceptable la formación de autoridades paralelas en la región. P. ¿Y no le resulta dificil defender la legitimidad de la autoridad en Chiapas? Un solo dato: en La Trinitaria, por ejemplo, en las últimas legislativas antes de la rebelión zapatista, el PRI logró 18.114 votos contra cero de la oposición.

R. Le quiero decir algo muy concreto. Los indígenas no eligen a sus autoridades dentro de las normas electorales establecidas, sino de manera consensuada. Los partidos políticos, como organizaciones nacionales en las zonas indígenas, que se rigen por sus usos y costumbres, tienen una presencia sui generis.

P.¿Cómo de sui generis?

R. En el sentido de que e acepta que las elecciones sean de acuerdo con los usos y costumbres de las comunidades indígenas, que se reúnen en asamblea y deciden de forma unánime. Esto responde a prácticas ancestrales. Y los partidos se adaptan a esto.

P. Ya. Nada que ver con el fraude.

R. Nada que ver con el fraude electoral.

P. La matanza de Acteal no ha contribuido precisamente a consolidar su legitimidad. La fiscalía tiene una larga lista de altos cargos de la seguridad del Estado y del Gobierno local implicados en los asesinatos.

R. La matanza de Acteal es un crimen horrendo que el partido condenó inmediatamente. Es un enfrentamiento producto de discordias de carácter religioso, étnico y político.

P. Nadie dice que el sustrato religioso o étnico de Chiapas no sea complicado. Pero luego se da la participación de la estructura del Estado en los asesinatos.

R. Se han establecido posibles responsabilidades políticas de las autoridades entonces al frente del Estado de Chiapas y luego la renuncia del gobernador.

P. La destitución. Y después no se le investigó más.

R. Pero hay más, de 60 personas detenidas y sujetas a proceso, algunas de ellas funcionarios del Gobierno del Estado, y quedan 20 órdenes de aprehensión. Se ha actuado con el propósito de llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias y castigar a los culpables.

P. Casi todos de ellos de su partido.

R. El PRI señaló desde el principio su exigencia de que se investigara la posible responsabilidad de autoridades federales, estatales y municipales, y exige una solución pacífica en Chiapas, reconociendo las legítimas aspiraciones de los indígenas. Para ello, el presidente Ernesto Zedillo ha presentado una iniciativa de ley para los derechos y cultura indígenas. A juicio de especialistas, es una de las más avanzadas.

P. ¿Y por qué no se aprueba por consenso?

R. Se están buscando los consensos necesarios para aprobarla por mayoría.

P. Se puede aprobar por la mitad de votos más uno, pero servirá de poco si se ignora a los zapatistas.

R. El Ejército Zapatista se ha mantenido incomunicado inclusive de los intermediarios. No ha hablado con ellos desde hace muchos meses.

P. El EZLN dice que firmó unos acuerdos con el Gobierno. Los intermediarios, entre los que hay miembros de su partido, volcaron estos acuerdos en una ley, y el Gobierno se negó a asumirla. ¿No es comprensible que los zapatistas piensen que hablar no sirve de nada?

R. Los acuerdos de San Andrés fueron firmados, efectivamente, por todas las partes. Esta ley, [la de Zedillo] se ajusta básicamente a lo que se comprometió el Gobierno.

P. La izquierda y el EZLN dicen que no.

R. ¿Pero cuál es la actitud del subcomandante Marcos? Decir que a la ley [redactada por los intermediarios] no se quita una coma. Perdone. Eso no es negociar. Eso es querer establecer una presión, mantener el conflicto en Chiapas y sostener una amenaza de guerra permanente.

P. ¿Marcos quiere la guerra permanente?

R. Así es. Su posición es mantener el conflicto en Chiapas con cálculos político electorales de presión al sistema de cara al año 2000