La defensa de Urralburu, argumenta que la documentación suiza es ilegal

La defensa de Gabriel Urralburu, ex presidente del Gobierno de Navarra, cuestionó ayer la legalidad de la comisión rogatoria suiza incorporada a la causa que se está juzgando en la Audiencia Provincial de Pamplona. En su opinión, la documentación aportada por el juez helvético Paul Perraudin viola los derechos a un proceso con garantías para el ex dirigente socialista navarro, para quien el fiscal pide 11 años de cárcel por un delito de cohecho continuado y dos contra la Hacienda Foral de Navarra.

Olivia Balda, la esposa de Urralburu, para quien el fiscal solicita cuatro años de prisión...

La defensa de Gabriel Urralburu, ex presidente del Gobierno de Navarra, cuestionó ayer la legalidad de la comisión rogatoria suiza incorporada a la causa que se está juzgando en la Audiencia Provincial de Pamplona. En su opinión, la documentación aportada por el juez helvético Paul Perraudin viola los derechos a un proceso con garantías para el ex dirigente socialista navarro, para quien el fiscal pide 11 años de cárcel por un delito de cohecho continuado y dos contra la Hacienda Foral de Navarra.

Olivia Balda, la esposa de Urralburu, para quien el fiscal solicita cuatro años de prisión como presunta autora de un delito de cohecho y cooperación necesaria, permaneció durante todo el juicio con la cara cubierta por un pañuelo y unas gafas negras. Solamente cuatro personas siguieron la vista desde los asientos destinados al público.La documentación remitida por la justicia suiza a la española acredita que Urralburu y Antonio Aragón, su consejero de Obras Públicas, tenían al menos 409 millones de pesetas depositados en sus cuentas ginebrinas. El juez suizo envió asimismo seis fichas manuscritas por Jorge Esparza, el contable del clan Roldán, en las que aparecen detalladas todas y cada una de las comisiones ilegales que cobraron de varias constructoras por obras realizadas en Navarra durante su mandato. Junto a las iniciales G. U. y A. A., que corresponden a Gabriel Urralburu y a Antonio Aragón, se anotaron las iniciales de las constructoras, las obras realizadas y la cantidad exacta que cobraron cada uno de ellos. Entre otras muchas, aparecen la Universidad Pública de Navarra, la autovía de Leizarán, el embalse de El Ferial y el edificio de consultas externas Príncipe de Viana.

Javier Asiaín, defensor de Urralburu, planteó al tribunal que esta comisión rogatoria suiza incumple el convenio europeo, de asistencia jurídica en materia penal y la llamada reserva del principio de especialidad. El letrado argumentó su exposición alegando que estas fichas sirvieron de base para la primera comisión rogatoria solicitada por el juzgado de instrucción número 1 de Pamplona, en octubre de 1995, y que fueron remitidas por Perraudin al fiscal jefe anticorrupción a través de la empresa de mensajería DHL. En opinión del letrado, el juez suizo incumplió la legislación internacional al enviarlas a la fiscalía mediante este sistema de correo que no garantiza su posible manipulación.

Esta cuestión previa planteada por la defensa de Urralburu es idéntica a la presentada, y rechazada por el tribunal, por los abogados de Roldán durante el reciente juicio en el que éste fue condenado a 28 años de cárcel. Ahora, la presentada por el letrado del ex presidente del Gobierno de Navarra lleva camino de correr la misma suerte. Previsiblemente, los procesados se negarán a contestar a cualquier pregunta relacionada con esta comisión.