España replicó al veto de Coderch con la expulsión de un diplomático cubano
El régimen de Fidel Castro retiró, el 26 de noviembre de 1996, el plácet al nuevo embajador de España en La Habana, José Coderch, en una contudente manifestación de su enfado por la política del Gobierno del Partido Popular con relación a Cuba. El Ejecutivo de José María Aznar decidió desde el primer momento replicar a esa medida pero, tras barajar varias opciones, tardó diez meses en hacerlo: expulsó a un diplomático cubano de España en septiembre de 1997. La Habana hizo inmediatemente otro tanto con un funcionario español allí destinado.
El Gobierno español acordó en noviembre de ...
El régimen de Fidel Castro retiró, el 26 de noviembre de 1996, el plácet al nuevo embajador de España en La Habana, José Coderch, en una contudente manifestación de su enfado por la política del Gobierno del Partido Popular con relación a Cuba. El Ejecutivo de José María Aznar decidió desde el primer momento replicar a esa medida pero, tras barajar varias opciones, tardó diez meses en hacerlo: expulsó a un diplomático cubano de España en septiembre de 1997. La Habana hizo inmediatemente otro tanto con un funcionario español allí destinado.
El Gobierno español acordó en noviembre de 1996 que tenía que responder en el plano bilateral al desaire de Castro, que se negaba a acoger al embajador Coderch. El Ejecutivo no quiso hacerlo de inmediato porque su prioridad era entonces lograr que la Unión Europea endureciese su posición con Cuba exigiéndole con más contudencia la adopción de medidas aperturistas para concederle nuevas ayudas al desaollo.Paralelamente, el Ejecutivo que preside José María Aznar puso a punto una serie de opciones de réplica al rechazo cubano nuevo embajador. La más radical consistía en expulsar a cinco diplomáticos cubanos acreditados en España, todos ellos más o menos vinculados con el servicio secreto de su país. La más suave de las respuestas consistía en echar a uno sólo de esos agentes, según indican fuentes gubernamentales.
Tras un largo debate interno se eligió esta última opción en septiembre pasado. El Gobierno español optó entonces por denegar la acreditación a un diplomático cubano que llevaba meses tramitándola y así se le obligó a abandonar España. Aunque desde un punto de vista práctico la decisión española equivale a una expulsión, desde un punto de vista jurídico es algo menos drástica.
El Cesid (servicio secreto español) había advertido al Gobierno que, mientras esperaba su acreditación, este funcionario cubano había intentado también recabar información confidencial sobre aspectos tecnológicos de dos importantes empresas punteras españolas, Endesa y Telefónica, dos compañías entonces de titularidad pública. El servicio secreto español también avisó de que ese agente presionaba a algunos jóvenes cubanos becados en España para que le ayudasen en su labor de espionaje.
El régimen de Castro fue más rápido en reaccionar que el Gobierno español. Días después de lo sucedido a su agente expulsó de La Habana a un funcionario español no diplomático adscrito a la Embajada de España. Se traba de una persona mayor, que llevaba 14 años en Cuba, y cuya labor era de índole administrativa y no guardaba ninguna relación con el espionaje.
El jefe y único miembro de la antena del Cesid en La Habana no tuvo problemas especiales por esas fechas si bien la relación entre el servicio secreto español y el cubano es, desde hace tiempo, muy tensa. El Cesid intenta en Cuba obtener información por su cuenta sobre la actividad de unos 14 o 15 etarras afincados o deportados en la isla porque sus colegas cubanos no se la facilitan, sino más bien todo lo contrario.
Las quejas de Castro a Almunia
En su larga conversación del 28 de febrero con el secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, Fidel Castro se quejó amargamente de que, tanto ahora como en los tiempos en que gobernaban los socialistas, la Embajada de España en Cuba dedica innumerables esfuerzos a ayudar a los disidentes y a fomentar la subversión en este país caribeño. Castro llegó a concretar sus acusaciones sobre todo al Centro Cultural español en La Habana y al Cesid.Fuentes del Gobierno español y del PP relacionadas con la política exterior interpretan que el Gobierno cubano pretende con estas presiones limitar la capacidad de acción del futuro embajador -cuya propuesta podría retrasarse más de lo previsto- para que reduzca al mínimo posible sus contactos con la disidencia.
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