La posibilidad de un recurso ante el Constitucional

Los equipos jurídicos de las instituciones vascas buscan a toda velocidad un resquicio legal para recurrir ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Supremo. No obstante, reconocen que las vías son reducidas.

La anulación por el alto tribunal de la normativa fiscal vizcaína de 1988 preocupa, más que por su propio peso legal (está ya superada por la renovación del Concierto económico de 1997 o la nueva norma de sociedades), por el precedente que pueda establecer.

Existen otros 69 recursos aún pendientes de resolución. Hasta el momento, todas las decisiones de los altos ...

Los equipos jurídicos de las instituciones vascas buscan a toda velocidad un resquicio legal para recurrir ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Supremo. No obstante, reconocen que las vías son reducidas.

La anulación por el alto tribunal de la normativa fiscal vizcaína de 1988 preocupa, más que por su propio peso legal (está ya superada por la renovación del Concierto económico de 1997 o la nueva norma de sociedades), por el precedente que pueda establecer.

Existen otros 69 recursos aún pendientes de resolución. Hasta el momento, todas las decisiones de los altos tribunales habían respaldado las tesis de las Haciendas forales vascas. Por ello, la sentencia del Supremo ha supuesto un serio revés.

El diputado general de Vizcaya, Josu Bergara, aseguró que la institución foral está estudiando un recuso de amparo ante el Tribunal Constitucional. La diputación considera que el Supremo se ha excedido y ha llegado a conclusiones que superan la función de juzgar, como en todo recurso, si la decisión del tribunal inferior era conforme a derecho.

El problema está en cómo argumentar que las Juntas Generales de Vizcaya están legitimadas para recurrir por esta vía. Otra fórmula jurídica que se está analizando es el recurso de unificación de criterio, que cabría presentar ante el Tribunal Supremo, ya que su resolución de ahora es contradictoria con la sentencia dictada por el mismo tribunal en 1991 y que dio la razón a las Juntas Generales de Guipúzcoa sobre una norma fiscal de contenido similar.

Sucede, sin embargo, que esta unificación tendrá que darse necesariamente al existir otras normas recurridas y pendientes de sentencia en el Supremo.

[Por su parte, el portavoz del Gobierno, Miguel Angel Rodríguez, dijo ayer que "no hay decisión política que pueda derivarse de la sentencia" del Supremo y precisó que "primero debe ser estudiada por el Ejecutivo".

Rodríguez insistió en que "lo que hay es una sentencia que, como todas, debe ser respetada y cumplida" y confirmó que el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, presentará la próxima semana al Gobierno un informe al respecto"].