Lo de Guadalajara

EL SENADOR del Partido Popular y presidente de la Diputación de Guadalajara, Francisco Tomey, no podrá seguir negándose a entregar los documentos que la oposición socialista y la fiscalía de la provincia le vienen reclamando en relación con la aparente existencia de un déficit oculto en las cuentas de la Diputación. Ésa es la primera consecuencia de la decisión de la fiscalía del Supremo de pedir a ese tribunal que investigue la eventual existencia de un delito de falsedad. En las cuentas se hacían constar ciertos ingresos pendientes de cobro que hasta el momento no han sido acreditados. Sólo ...

EL SENADOR del Partido Popular y presidente de la Diputación de Guadalajara, Francisco Tomey, no podrá seguir negándose a entregar los documentos que la oposición socialista y la fiscalía de la provincia le vienen reclamando en relación con la aparente existencia de un déficit oculto en las cuentas de la Diputación. Ésa es la primera consecuencia de la decisión de la fiscalía del Supremo de pedir a ese tribunal que investigue la eventual existencia de un delito de falsedad. En las cuentas se hacían constar ciertos ingresos pendientes de cobro que hasta el momento no han sido acreditados. Sólo a la vista de los documentos reclamados podrá establecerse si hubo malversación de fondos públicos o cualquier otra actuación que explique la aparente irregularidad contable.Ante la negativa de la Diputación a entregar los documentos acreditativos de las deudas consignadas, los socialistas presentaron una demanda judicial, pero la Diputación siguió sin aportar lo que se le pedía. De la investigación preliminar realizada por la fiscalía de Guadalajara se deduce la inexistencia de soporte documental de algunos de los supuestos ingresos pendientes de cobro. El Estado, por ejemplo, adeudaría a la Diputación 1.000 millones de pesetas; sin embargo, el Gobierno ha negado oficialmente, en respuesta a una pregunta parlamentaria, tal deuda. La fiscalía apunta la hipótesis de "créditos inexistentes o ficticios" y la sospecha de que los responsables de las cuentas conocían la existencia de una "alteración de la verdad" en las mismas. Ello deberá ser en todo caso investigado por el Supremo, dada la condición de aforado de Tomey.

De los indicios conocidos parece deducirse la existencia de irregularidades contables y de un posible delito de falsificación de documento oficial; pero no podrá verificarse mientras no se conozcan los datos que Tomey se ha negado a aportar. Ahora no podrá dejar de hacerlo sin incurrir en delito de desobediencia a la justicia. Todavía quedaría por averiguar el motivo de la ocultación. Puede que se trate sólo de enmascarar el déficit por motivos políticos, pero también de encubrir una malversación. Tomey y su partido niegan enérgicamente "haberse llevado un duro" y dicen ser los más interesados en que se investigue el asunto. La experiencia, actualizada ahora por las condenas de Roldán y Conde, aconseja, sin embargo, desconfiar de los juramentos de honradez no acompañados de las aclaraciones solicitadas. Tal vez sea prematuro pedir dimisiones, pero es seguro que, en igualdad de condiciones, los del PP, cuando estaban en la oposición, ya habrían exigido tres o cuatro.