Expediente a Mario Conde por construir una presa de 15 metros en su finca sevillana

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha incoado expediente contra el ex presidente de Banesto Mario Conde por haber construido sin permiso una presa de unos quince metros de altura en su finca Los Carrizos, situada en el municipio de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla). Con éste suman ya cuatro los expedientes abiertos por acciones irregulares de Mario Conde en su finca sevillana. La mayoría de ellas se refieren a alteraciones al medio ambiente o al dominio público hidráulico sin haber solicitado permiso ni tampoco contar con la autorización preceptiva.

La finca tiene un...

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha incoado expediente contra el ex presidente de Banesto Mario Conde por haber construido sin permiso una presa de unos quince metros de altura en su finca Los Carrizos, situada en el municipio de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla). Con éste suman ya cuatro los expedientes abiertos por acciones irregulares de Mario Conde en su finca sevillana. La mayoría de ellas se refieren a alteraciones al medio ambiente o al dominio público hidráulico sin haber solicitado permiso ni tampoco contar con la autorización preceptiva.

La finca tiene una superficie de 3.700 hectáreas, una extensión similar a la del municipio de Fuenlabrada, en el sur de Madrid, donde viven 160.000 personas. Esta propiedad forma parte de la fianza judicial impuesta a Conde por el caso Argentia Trust, una operación que le ha supuesto seis años de condena por la Audiencia Nacional y que el lunes próximo se dilucidará su recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.La presa ilegal y otras irregularidads cometidas en Los Carrizos fueron descubiertas en octubre del año pasado durante las investigaciones periciales de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía a raíz de la solicitud de Conde para transformar en cultivos de olivar parte de la finca con el fin de acogerse a las subvenciones europeas. La inspección detectó que el cambio de cultivos no se ajustaba a los solicitado. Había arrancado 2.000 encinas de más de cien años de antigüedad, en un área de 592 hectáreas, vulnerando simultáneamente la ley forestal y la de protección del medio ambiente andaluzas.

50 millones

Con estos datos, la Junta de Andalucía incoó sendos expedientes, uno de los cuales está a punto de resolverse. La infracción por conculcar la ley forestal podría suponerle una sanción máxima de 50 millones de pesetas en caso de falta muy grave y 25 millones en el caso de la infración medioambiental.Pero no fueron ésas las únicas irregularidades detectadas en Los Carrizos. Los inspectores descubrieron que Mario Conde había dividido su finca en tres trozos con un mallado destinado a la caza mayor, para el que tampoco había pedido autorización. "Si lo hubiera hecho no se le hubiera impedido porque es legalizable, pero hay que pedirlo según la ley de caza, y él no lo hizo", afirma un portavoz de la Junta. Por esta infracción podría recaerle un millón de pesetas de multa.

Durante la inspección para levantar acta de estas irregularidades apareció una presa de unos quince metros de altura que no figura en ningún registro. Una obra de esta envergadura requiere evaluación de impacto ambiental por parte de la Consejería de Medio Ambiente y autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

La Junta comunicó el singular hallazgo a este organismo, que realizó una indagación a finales de enero pasado para comprobar el alcance de la denuncia. Según consta en la notificación de la Junta, Mario Conde había construido la presa para la captación de aguas pluviales destinadas a dotar de agua el nuevo sistema de riego implantado en las transformaciones de cultivo.

Al no constar en la Confederación del Guadalquivir ningún permiso para esta obra, ha abierto un expediente sobre evaluación de daños al dominio público hidráulico, del que se ha informado al propio Conde para que presente alegaciones. Según fuentes de la Confederación, Conde no las ha presentado aún, aunque dispone de tiempo legal para hacerlo. Con todo, el organismo dispone de un año de plazo para resolverlo y dictaminar la trascendencia de la infracción. Según la Ley de Aguas y el reglamento que la desarrolla, podría corresponderle una multa entre las 40.000 pesetas (para la infracción leve) y los 75 millones, en caso de infracción muy grave.