La Audiencia exculpa al porquero de la Cañada Real

La Audiencia Provincial de Madrid ha exculpado de delito ecológico al propietario de la granja de cerdos situada en los aledaños del poblado marginal de la Cañada Real, en las inmediaciones del vertedero de Valdemingómez. En este poblado viven unas 60 familias con sus hijos.

La Audiencia confirma así una sentencia anterior sobre este mismo caso dictada por el Juzgado de lo Penal 10, donde hace dos años se celebró un juicio contra el dueño de esa granja, Francisco H. F., bajo la acusación de haber contaminado con la actividad de su granja charcas de agua cercanas al poblado. El juici...

La Audiencia Provincial de Madrid ha exculpado de delito ecológico al propietario de la granja de cerdos situada en los aledaños del poblado marginal de la Cañada Real, en las inmediaciones del vertedero de Valdemingómez. En este poblado viven unas 60 familias con sus hijos.

La Audiencia confirma así una sentencia anterior sobre este mismo caso dictada por el Juzgado de lo Penal 10, donde hace dos años se celebró un juicio contra el dueño de esa granja, Francisco H. F., bajo la acusación de haber contaminado con la actividad de su granja charcas de agua cercanas al poblado. El juicio se celebró a instancias del fiscal. El juez penal, sin embargo, absolvió al granjero y criticó al Ayuntamiento por haber realojado a esas familias chabolistas cerca de una granja que ya existía allí. Disconforme con la absolución del granjero, la fiscalía presentó un recurso ante la Audiencia de Madrid. Entre otras cosas, aducía que esa granja, aparte de contaminar, funcionaba sin los preceptivos permisos municipales.

La Audiencia, en una sentencia de la que ha sido ponente la juez Paloma Pereda, da la razón al juez de lo penal. Considera que la granja lleva ubicada en ese lugar 20 años, mucho antes de que el Ayuntamiento de Madrid decidiera instalar en sus inmediaciones a los chabolistas de la Cañada Real.

Es cierto que el granjero, sostiene el tribunal, carecía de permiso municipal, pero también lo es que su actividad está autorizada por el Ministerio de Agricultura. Al igual que dijo en su día el juez de lo penal, la Audiencia Provincial entiende que no cabe culpar al granjero de "Ias condiciones de vida" de estas familias chabolistas -que carecen "de luz eléctrica y agua corriente"- ni del eventual riesgo que pueda suponer su actividad.