Romay explicará en el Senado la venta de féretros usados en Galicia

El ministro de Sanidad, José Manuel Romay, y su homólogo en la Xunta, Hernández Cochón, tendrán que explicar en el Senado y en el Parlamento de Galicia, respectivamente, el trasvase de cadáveres y la venta de féretros usados que han practicado supuestamente tres funerarias de Pontevedra. Las tres están acusadas de estafa y de delito contra la salud pública. Las comparecencias las piden los socialistas.

La directora de Salud Pública de la Xunta, Pilar Farjas, señaló ayer, sin embargo, que su departamento no ha apreciado delito en las actuaciones de las tres funerarias, atribuyendo la...

El ministro de Sanidad, José Manuel Romay, y su homólogo en la Xunta, Hernández Cochón, tendrán que explicar en el Senado y en el Parlamento de Galicia, respectivamente, el trasvase de cadáveres y la venta de féretros usados que han practicado supuestamente tres funerarias de Pontevedra. Las tres están acusadas de estafa y de delito contra la salud pública. Las comparecencias las piden los socialistas.

La directora de Salud Pública de la Xunta, Pilar Farjas, señaló ayer, sin embargo, que su departamento no ha apreciado delito en las actuaciones de las tres funerarias, atribuyendo las denuncias que investiga el fiscal a "un problema mercantil".

La denuncia contra las tres funerarias, radicadas en municipios próximos a Vigo, fue formulada por Emorvisa, funeraria participada por el Ayuntamiento vigués en un 51%. Desde la liberalización del sector, en 1996, Emorvisa funciona según un reglamento municipal. Los propietarios de las tres funerarias denunciadas son agentes de una misma compañía de seguros.

La denuncia de Emorvisa señala que estas funerarias se han dedicado a facturar a los familiares de los fallecidos dos féretros, el primero de ellos como gastos del sepelio sin detallar. Este féretro era luego remitido, según la denuncia, a un taller clandestino donde le cambiaban el forro para su venta y reutilización. Por este sistema, las tres funerarias habrían estafado el año pasado unos 40 millones de pesetas. El senador socialista Carlos Príncipe no duda de que se trata de "una red que se dedica a tráficos ilícitos con el beneplácito del PP", partido al que pertenecen como destacados militantes sus beneficiarios.