Los abogados del presidente tienen muchas vías para evitar un juicio
Abogados de Washington y del resto del país han comenzado a analizar los puntos débiles y fuertes de un caso criminal que muchos consideran improbable que termine en los tribunales: el esfuerzo del fiscal independiente Kenneth Starr de llevar a juicio al presidente de Estados Unidos.Al margen de las ramificaciones políticas de un eventual proceso, experimentados abogados criminalistas sostienen que el caso que Starr lleva entre manos es arriesgado pero razonable, dadas las pistas sobre las que ha investigado. "Diría, como fiscal, que es un caso que yo llevaría", declaró John R. Wing, un letrad...
Abogados de Washington y del resto del país han comenzado a analizar los puntos débiles y fuertes de un caso criminal que muchos consideran improbable que termine en los tribunales: el esfuerzo del fiscal independiente Kenneth Starr de llevar a juicio al presidente de Estados Unidos.Al margen de las ramificaciones políticas de un eventual proceso, experimentados abogados criminalistas sostienen que el caso que Starr lleva entre manos es arriesgado pero razonable, dadas las pistas sobre las que ha investigado. "Diría, como fiscal, que es un caso que yo llevaría", declaró John R. Wing, un letrado defensor de la firma Weil Gotshal and Manges de Nueva York, que fue el fiscal federal que actuó sin éxito, en 1973, en el caso contra el fiscal general (ministro de Justicia) John Mitchell.
Simpaticen o no con la causa de Kenneth Starr o con Bill Clinton, los expertos legales opinan que hay una serie de cuestiones complejas que pueden facilitar a los abogados del presidente muchas vías para tratar de evadir su eventual procesamiento. Entre las importantes cuestiones figura la de si la Constitución norteamericana permite incluso el procesamiento de un presidente en ejercicio o si los cargos criminales deben ser presentados primero a través del impeachment o destitución presidencial.
Los abogados del presidente también podrían esgrimir que Starr se ha excedido en su autoridad al dar un giro a su investigación, que se limitaba originalmente al escándalo Whitewater sobre una irregular transacción inmobiliaria, ampliándola a las acusaciones de falso testimonio jurado o incitación al perjurio en el caso Paula Jones sobre presunto acoso sexual. Además, hay interrogantes respecto a la legalidad de la grabación de las conversaciones de Monica Lewinsky en las que confiesa a la ex secretaria de la Casa Blanca Linda Tripp una supuesta relación sexual con Clinton.Washington TWP