El ministro argentino de Justicia niega que quiera parar el caso abierto por Garzón

El ministro de Justicia argentino, Raúl Granillo Ocampo, que se reunió ayer con su homóloga es pañola, Margarita Mariscal de Gante, negó que hubiese tratado de influir para detener la investigación del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, sobre los desaparecidos de la dictadura militar en el país suramericano. Granillo reconoció que había tratado el asunto con la ministra, a quien expuso que la ley argentina obliga a que los delitos se juzguen en el propio país si se han cometido en él.

Se mostró así de acuerdo con el criterio del Ministerio Fiscal español en contra de la...

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El ministro de Justicia argentino, Raúl Granillo Ocampo, que se reunió ayer con su homóloga es pañola, Margarita Mariscal de Gante, negó que hubiese tratado de influir para detener la investigación del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, sobre los desaparecidos de la dictadura militar en el país suramericano. Granillo reconoció que había tratado el asunto con la ministra, a quien expuso que la ley argentina obliga a que los delitos se juzguen en el propio país si se han cometido en él.

Se mostró así de acuerdo con el criterio del Ministerio Fiscal español en contra de la investigación de Garzón, y señaló que "no es que el Gobierno argentino no quiera colaborar" con el magistrado, es que "no puede", en virtud de la legislación vigente, y señaló que esa instrucción "ni me fastidia ni me da gozo".

Aunque declinó expresar el parecer mostrado por Mariscal de Gante a este respecto, indicó que no ha "visto su desacuerdo", por lo que estimó que "su visión es parecida" en relación con las normas que regulan la asignación de competencias.

Insistió en defender que hay delitos que, por su gravedad, no deberían prescribir nunca, y que tendrían que ser investigados "en cualquier circunstancia, pero que "por el momento" lo impide la ley, además de indicar que su partido "es parte del proceso como víctima".

Rechazó por tanto el informe atribuido al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairino, que habría justificado por las circunstancias históricas el alzamiento militar y señaló que el Gobierno argentino considera que "no hay justificación posible, y mucho menos para cometer las atrocidades que se cometieron".

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