Fuera de los cauces
LA INICIATIVA de incluir en la Ley del Suelo, en tramitación parlamentaria, una enmienda transaccional que prohíba construir en zonas en las que existan riesgos de avenidas de agua, resulta oportuna y urgente tras la riada que en un barrio de Badajoz costó la vida a 24 personas. Ahora bien, esta tragedia pone de relieve no sólo la necesidad de perfeccionar las leyes y normas, sino de aplicarlas. Pues demasiado a menudo se incumplen, ya sea porque los ciudadanos hacen caso omiso de ellas, ya sea porque las administraciones públicas -estatales, autonómicas o municipales- no exigen su cumplimient...
LA INICIATIVA de incluir en la Ley del Suelo, en tramitación parlamentaria, una enmienda transaccional que prohíba construir en zonas en las que existan riesgos de avenidas de agua, resulta oportuna y urgente tras la riada que en un barrio de Badajoz costó la vida a 24 personas. Ahora bien, esta tragedia pone de relieve no sólo la necesidad de perfeccionar las leyes y normas, sino de aplicarlas. Pues demasiado a menudo se incumplen, ya sea porque los ciudadanos hacen caso omiso de ellas, ya sea porque las administraciones públicas -estatales, autonómicas o municipales- no exigen su cumplimiento: el barrio de Cerro de Reyes, en Badajoz, que sucumbió a la riada, estaba edificado ilegalmente en un cauce.En un Estado complejo como el español, tan urgente como esta buena iniciativa resulta la cooperación entre las diversas administraciones públicas. La ministra de Medio Ambiente,Isabel Tocino, no sólo debe reclamarla, sino impulsarla a fondo. Dentro de esta lógica resulta complemento obligado para mejorar la información disponible que la próxima Ley de Aguas, que se demora demasiado, obligue a las confederaciones hidrográficas a facilitar a las comunidades autónomas y a los Ayuntamientos los mapas de las zonas de riesgos catastróficos para tenerlos en cuenta en la planificación urbana. La reforma de la Ley de Impacto Ambiental también tendría que avanzar en esta dirección. Pero, dada la lentitud legislativa, lo más perentorio es declarar no urbanizables las zonas de riesgo y que las comunidades autónomas trasladen rápidamente ese criterio básico a sus planes de ordenación del territorio, de los que son competentes.