Chaves se desmarca del PSOE y acepta la fórmula del Gobierno para financiar la sanidad

La Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, romperá el discurso de los socialistas en toda España al aceptar globalmente el modelo de financiación de la sanidad que propone el Gobierno, y que supondrá un reparto entre las comunidades de 165.000 millones de pesetas, pero no apoyará el llamado medicamentazo. Mientras que esa comunidad autónoma- votará el jueves a favor de la propuesta gubernamental, el PSOE hará campaña en contra de la medida en las 10 comunidades autónomas en las que la sanidad sigue dependiendo de la Administración central. Chaves arguye que no puede renunciar a 40.000 millo...

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La Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, romperá el discurso de los socialistas en toda España al aceptar globalmente el modelo de financiación de la sanidad que propone el Gobierno, y que supondrá un reparto entre las comunidades de 165.000 millones de pesetas, pero no apoyará el llamado medicamentazo. Mientras que esa comunidad autónoma- votará el jueves a favor de la propuesta gubernamental, el PSOE hará campaña en contra de la medida en las 10 comunidades autónomas en las que la sanidad sigue dependiendo de la Administración central. Chaves arguye que no puede renunciar a 40.000 millones de pesetas -los que le dará el Gobierno- por seguir la política de su partido.

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El presidente andaluz aprovechará la votación separada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de los elementos que compondrán la nueva financiación sanitaria para aceptar la formula del Gobierno y, a la vez, oponerse al medicamentazo.En la reunión del jueves del Consejo de Política Fiscal y Financiera se conocerá finalmente de dónde se obtendrán los 165.000 millones de pesetas que el Gobierno va a repartir entre las autonomías para paliar sus graves crisis financieras en materia de Sanidad. Esa cantidad es conocida como la sobrefinanciación sanitaria. El Gobierno asegura que obtendrá 50.000 millones de la lucha contra el fraude en la Incapacidad Laboral Transitoria (ILT). Otros 60.000 procederán del ahorro de retirar de la Seguridad Social cientos de productos farmacéuticos, es decir, el medicamentazo, y los otros 55.000 millones serán extraídos de un llamado Fondo Adicional.

El PSOE reniega de todos los instrumentos de los que se quiere servir el Gobierno, para obtener el dinero para financiar la Sanidad, pero en concreto el reparto del Fondo Adicional le parece "un insulto". Según la versión socialista, el 60% de los 55.000 millones irá a las arcas de Cataluña, porque así lo ha pactado e Gobierno del PP con CiU, a coalición de Jordi Pujol. Por esa cuenta, sólo queda para las comunidades que dependen directamente del Insalud, porque no tienen transferida la Sanidad, un 15%. Éstas atienden al 68% de la, población frente a un 16% de Cataluña. El 25% restante del fondo se reparte entre las comunidades que tienen competencia en Sanidad.

El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, salió ayer reconfortado, aunque ciertamente disgustado, de la reunión de la ejecutiva del PSOE, que fue presidida por Joaquín Almunia. Por un lado, compartía absolutamente el rechazo y la movilización de su partido frente al modelo de financiación sanitaria pactado entre el Gobierno, CiU, PNV y Coalición Canaria, pero no ve otra salida que apoyarlo porque no puede explicar lo contrario a sus ciudadanos. "El Gobierno nos ha pillado aquí", decía ayer entristecido un miembro de la ejecutiva federal.

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Si la Junta de Andalucía decidiera el próximo jueves votar en contra de la propuesta que se discutirá el jueves se aplicaría el modelo anterior, que supondría para esa comunidad una pérdida de 40.000 millones, lo que ahora le ofrece el Ejecutivo del PP según instrucciones dadas por el vicepresidente económico del Gobierno, Rodrigo Rato.Ésta sería la situación, ya que no se tendría en cuenta el importante incremento de la población en Andalucía que refleja el actual padrón. "Chaves no puede presentarse en Andalucía diciendo a sus ciudadanos que deja de percibir 40.000 millones para la Sanidad porque considera injusto el modelo, dada la asfixia financiera de la comunidad andaluza en materia sanitaria", explicó un miembro de la Ejecutiva parafraseando la intervención de su compañero Chaves en el curso de la reunión. "Menos es nada", explicó comprensivo este portavoz.

La situación creada en el seno del PSOE hizo que Ramón Jáuregui, que ayer hizo de portavoz de la ejecutiva, pusiera un énfasis especial en repetir que 9a voz ' del PSOE es una y única sobre este asunto, y es de rechazo; otra cosa es lo que haga la Junta de Andalucía en el ejercicio de su responsabilidad como gobierno". A puerta cerrada, Chaves explicó a sus compañeros que el Gobierno le había llevado a un "trágala" y que no podía hacer otra cosa que aceptar.

Miembros de la ejecutiva del PSOE reconocen que el Gobierno buscaba romper la unanimidad de los socialistas, y lo ha conseguido. Todos los consultados aseguran que harían lo mismo que Manuel Chaves, que se encuentra "en un callejón sin salida".

No al 'medicamentazo'

El presidente andaluz puso de manifiesto que el PP en Andalucía estaría deseoso de verle rechazar el dinero que se le ofrece para denunciarlo ante los ciudadanos. En todo caso, Chaves precisó ante la ejecutiva que se une al no del medicamentazo. Hasta esto lo ha tenido en cuenta el Gobierno para facilitar el descuelgue de Andalucía. El Ejecutivo de José María Aznar ha propuesto que no exista una votación única sobre todos los elementos que compondrán el nuevo modelo de financiación sanitaria sino que se vote separadamente.De esta manera, el Gobierno andaluz puede votar a favor del dinero que el Ejecutivo le ofrece como sobrefinanciación sanitaria y otras medidas, al tiempo que puede decir no al medicamentazo, la exclusión de la Seguridad Social de una lista de productos farmacéuticos que el enfermo tendría que pagar de su bolsillo.

La ejecutiva socialista rechaza también el resto de las medidas con los mismos argumentos en esta ocasión que los sindicatos. El ahorro en concepto de lucha contra el fraude por incapacidades laborales es muy cuestionado por las centrales sindicales. El hecho de que al margen de la opinión de los médicos de cabecera los inspectores de Sanidad puedan decidir las altas de los trabajadores se considera en el PSOE como "la persecución del enfermo".

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