El gasto municipal y autonómico de 1997 iguala al público de 1987

El informe del Gobierno ofrece un dato muy elocuente sobre el crecimiento del gasto público de las autonomías y de los municipios en los últimos 10 años. El gasto total de ambos entes territoriales en 1997 es similar a todo el gasto público, incluida la Administración central, en 1987, esto es,12,28 billones.

El informe sostiene que "el conjunto de los gastos del sector público en España ha evolucionado en los últimos años con un ritmo de crecimiento mucho mayor que el del resto de los países de nuestro entorno". El Gobierno lo atribuye al "relativamente escaso peso del sector públi...

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El informe del Gobierno ofrece un dato muy elocuente sobre el crecimiento del gasto público de las autonomías y de los municipios en los últimos 10 años. El gasto total de ambos entes territoriales en 1997 es similar a todo el gasto público, incluida la Administración central, en 1987, esto es,12,28 billones.

El informe sostiene que "el conjunto de los gastos del sector público en España ha evolucionado en los últimos años con un ritmo de crecimiento mucho mayor que el del resto de los países de nuestro entorno". El Gobierno lo atribuye al "relativamente escaso peso del sector público en l978", al aumento de las cargas sociales impuestas "no sólo por la necesidad de dar contenido a los mandatos sociales de la Constitución sino también por la crisis económica", a la necesidad de dar contenido al ejercicio de autonomía de las comunidades y al ejercicio de las opciones políticas de los dirigentes políticos de todos los niveles.

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El informe sostiene que la descentralización alcanzada por España, y que culminará en los grandes servicios con el traspaso de la sanidad a las autonomías, es muy difícil de sobrepasar en cuanto a gasto público.

A renglón seguido sostiene la conveniencia de que las autonomías se corresponsabilicen con la Administración central en la obtención de ingresos para sostener un Estado tan descentralizado. Y, por último, defiende la necesidad de un pacto local para reequilibrar el control del gasto público entre ayuntamientos y autonomías, muy escorado a favor de éstas.

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