El Tribunal Europeo declara legal la discriminación positiva de la mujer
Ante igual mérito, sólo en ciertos casos se beneficiará al hombre
Más de dos años después del polémico caso Kalanke, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha vuelto a consagrar la legalidad de la discriminación positiva en favor de la mujer. La sentencia de ayer sobre el caso Marschall admite que a igualdad de condiciones se elija a una mujer para un puesto de trabajo "a menos de que haya motivos relativos a la persona de un candidato masculino que hagan inclinar la balanza a su favor".
La sentencia de ayer respeta el espíritu del caso Kalanke por el que el Tribunal de Luxemburgo declaró ilegal la discriminación positiva en fa...
Más de dos años después del polémico caso Kalanke, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha vuelto a consagrar la legalidad de la discriminación positiva en favor de la mujer. La sentencia de ayer sobre el caso Marschall admite que a igualdad de condiciones se elija a una mujer para un puesto de trabajo "a menos de que haya motivos relativos a la persona de un candidato masculino que hagan inclinar la balanza a su favor".
La sentencia de ayer respeta el espíritu del caso Kalanke por el que el Tribunal de Luxemburgo declaró ilegal la discriminación positiva en favor de la mujer cuando se aplica de forma "absoluta e incondicional". Pero admite que esa discriminación se haga de forma automática siempre y cuando los demandantes de un empleo o de una promoción tengan la misma capacidad, haya más hombres que mujeres en el sector económico afectado, se descarte la prioridad en favor de las mujeres "cuando uno o varios de los criterios inclinen la balanza en favor del candidato masculino" y cuando esos criterios no sean discriminatorios para las mujeres candidatas.Luxemburgo ha declarado legal una ley del Estado alemán de Renania del Norte-Westfalia precisamente porque el automatismo de la discriminación positiva en favor de la mujer está atenuado por la posibilidad de que sea un hombre quien obtenga el puesto si hay motivos suficientes para otorgárselo, aun en igualdad de condiciones entre un demandante hombre y un demandante mujer.
La decisión del tribunal es consecuencia de la denuncia presentada en su día por el profesor Hellmut Marschall, que trabaja para Renania del Norte-Westfalia. El 8 de febrero de 1994 presentó su candidatura para la promoción a un puesto superior del centro escolar de la ciudad de Schwerte. Las autoridades locales le comunicaron su intención de nombrar a una mujer porque una disposición del Estatuto de los Funcionarios de esa región señala: "Cuando, en el sector del organismo competente en el que deba producirse la promoción, haya menos mujeres que hombres en el nivel del correspondiente puesto de la carrera, se concederá preferencia en la promoción a las mujeres, a igualdad de aptitud, competencia y prestaciones profesionales, salvo que concurran en la persona de un candidato motivos que inclinen la balanza a su favor". Marschall recurrió a los tribunales alemanes.
El conflicto deberá ahora ser dilucidado por el Tribunal administrativo de Gelsenkirchen, una vez que Luxemburgo ha asegurado la conformidad de esa ley regional con la legislación comunitaria. Será el tribunal local quien decida si en el caso Marschall se dan motivos que inclinen la balanza o si, habiendo igualdad entre las candidaturas, la decisión de la administración regional fue correcta.
La Comisión Europea acogió ayer con satisfacción la sentencia. El comisario de Asuntos Sociales, Padraig Flynn, se declaró "encantado" porque la sentencia ha confirmado que "aún persisten ciertos prejuicios y estereotipos sobre el papel de la mujer en el trabajo". El Tribunal de Luxemburgo considera que ante una promoción "en caso de igual capacitación existe la tendencia a preferir a los hombres en detrimento de las mujeres como consececuencia de los prejuicios tenaces y de las ideas estereotipadas sobre la función y las capacidades de la mujer". En consecuencia, declara legal una ley que "tiene por objetivo preciso y limitado autorizar medidas aparentemente discriminatorias que intentan eliminar o reducir las desigualdades de hecho que pueden existir en la realidad de la vida social".