Huchas con doble fondo

Todo empezó, en realidad, el 22 de marzo de 1988. Ese día, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia en la que dejaba en manos de las comunidades autónomas el desarrollo de las leyes que afectan a las cajas de ahorros de su territorio. Era la consecuencia de los recursos interpuestos por la Generalitat de Cataluña, la Xunta de Galicia y un grupo de 50 parlamentarios del Partido Popular contra la Ley de órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA).La sentencia del Alto Tribunal daba, pues, a las comunidades autónomas la potestad, entre otras cosas, de decidir la composición de sus ó...

Todo empezó, en realidad, el 22 de marzo de 1988. Ese día, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia en la que dejaba en manos de las comunidades autónomas el desarrollo de las leyes que afectan a las cajas de ahorros de su territorio. Era la consecuencia de los recursos interpuestos por la Generalitat de Cataluña, la Xunta de Galicia y un grupo de 50 parlamentarios del Partido Popular contra la Ley de órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA).La sentencia del Alto Tribunal daba, pues, a las comunidades autónomas la potestad, entre otras cosas, de decidir la composición de sus órganos de gobierno. Es decir, el número de personas que componían su asamblea y su consejo en representación de ayuntamientos, impositores, fundadores o empleados.

Los Gobiernos autonómicos fueron poniendo en marcha, poco a poco, sus leyes y reglamentos, respetando algo que era considerado una regla de oro dentro del sector: el equilibrio entre la representación política pura (ayuntamientos, un parte de impositores y, en muchos casos, entidades fundadoras) y la no política.

Sin embargo, esa regla de oro comenzó a resquebrajarse a partir de 1995 y ahora está a punto de quebrarse definitivamente, debido a que los partidos políticos, en contra de la opinión de los técnicos e incluso de la autoridad monetaria, han comenzado a legislar a su medida. El primer síntoma de esta tendencia se produjo con la Ley de Cajas de Galicia. En ella se recogió la posibilidad de que la Xunta, presidida por Manuel Fraga, pudiera decidir sobre el destino de la obra social de las cajas de ahorros gallegas. Y estableció otro precedente. Abrió el debate sobre si los Gobiernos autonómicos pueden decidir el lugar al que han de dirigirse las inversiones de las cajas.

El Gobierno extremeño introdujo, poco después y nunca con rango legal, un mecanismo para que las cajas colaborasen, con fondos de la obra social, a determinados programas auspiciados por la Junta. En concreto, para planes de empleo.

No obstante, el verdadero punto de inflexión en este afán intervencionista de los Gobierno autonómicos lo puso el valenciano. El Ejecutivo que preside Eduardo Zaplana aportó un elemento, novedoso en su ley: el Parlamento autonómico se incorpora al reparto de votos en la asamblea, con nada menos que el 28% del total.

Este porcentaje, unido tan sólo al de los municipios (otro 28%), superaba con creces las límites de la ya casi olvidada regla de oro de las cajas del equilibrio entre lo público y lo privado. Un acuerdo de última hora PP-PSOE impidió que el 28% de representación del Parlamento fuera a parar a manos del grupo mayoritario en la Cámara, precepto que fue sustituido por el de la propocionalidad.

Castilla-La Mancha, el feudo del socialista José Bono, emprendió un camino muy parecido al valenciano, puesto que también introdujo en su ley la representación de las Cortes, concretamente con un 21% del total. Además, el reglamento de la ley manchega establece un férreo control sobre los préstamos que las entidades dan a los municipios que cuentan con algún representante en sus consejos y hace una ponderación del voto que parece una especie de traje a la medida para que el ,PSOE recupere la gestión de la Caja de Castilla-La Mancha.

PP y PSOE no son los únicos partidos políticos que han puesto sus ojos en la caja de las cajas. La Generalitat de Cataluña, controlada por Convergència i Unió, quiere disponer del 20% de los fondos que las cajas de ahorros de su comunidad destinan a la obra social.

El intento más llamativo de intervenir directamente en la gestión de las cajas lo ha protagonizado Juan José Lucas, el presidente de la Junta de Castilla y León, que ha tratado de resucitar el coeficiente de inversión. Lucas pretendía, y ha logrado en alguna medida, que las cajas de la comunidad inviertan en lo que su equipo ha definido como sectores estratégicos: agroalimentación, automoción, telecomunicaciones y energía.

Ello le ha valido un duro enfrentamiento con la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la rebelión de una de las entidades de su comunidad, el Círculo Católico de Burgos. Una revuelta sólo comparable a la de la Caja de Castilla-La Mancha y la de Guadalajara contra Bono.

Difícil consenso

Este explosivo combinado ha hecho que las cajas pidan cordura a los políticos y que las cúpulas de éstos hayan reaccionado y parezcan, al menos en principio, dispuestos a buscar un pacto que inyecte tranquilidad en un sector que representa la mitad del sistema financiero español.Un consenso, por cierto, complicado" pues debe dar respuesta a preguntas que son realmente para obtener matrícula de honor: ¿Debe modificarse la naturaleza jurídica de las cajas? ¿Hasta qué punto debe llegar la presencia y la influencia de los poderes públicos en las cajas? ¿Deben servir los recursos de las cajas para cubrir Y inversiones de las comunidades autónomas dirigidas, por ejemplo, a programas de empleo? ¿Cómo influye un excesivo intervencionismo en la competitividad de las cajas? ¿Dónde está el límite entre la tutela de las comunidades y su capacidad para inspeccionarlas o intervenirlas?La flexibilidad de los partidos para abordar esta espinosa situación y su capacidad para encontrar soluciones van a tener dos exámenes inmediatos: la redacción definitiva de la Ley de Cajas de Andalucía y las elecciones para la presidencia de la CECA, cuyo proceso está abierto desde el pasado viernes, según anunció su actual cabeza visible, Braulio Medel.