Serra dice que España destruirá sus minas antipersonas en menos de cuatro años
El ministro de Defensa, Eduardo Serra, dijo ayer que, "probablemente", España no agotará el plazo de cuatro años -desde su entrada en vigor- que concede el Tratado de Prohibición de Minas Antipersonas para destruir sus reservas de estas armas. En declaraciones a la Cadena SER, Serra ni confirmó ni desmintió que el Ejército tenga almacenadas 600.000, como publicó este periódico el pasado domingo, alegando el secreto del dato, pero reiteró que el Gobierno tiene la voluntad de firmar el acuerdo y eliminar los stocks.También afirmó que no hay minas en las fronteras de Ceuta y Melilla con Ma...
El ministro de Defensa, Eduardo Serra, dijo ayer que, "probablemente", España no agotará el plazo de cuatro años -desde su entrada en vigor- que concede el Tratado de Prohibición de Minas Antipersonas para destruir sus reservas de estas armas. En declaraciones a la Cadena SER, Serra ni confirmó ni desmintió que el Ejército tenga almacenadas 600.000, como publicó este periódico el pasado domingo, alegando el secreto del dato, pero reiteró que el Gobierno tiene la voluntad de firmar el acuerdo y eliminar los stocks.También afirmó que no hay minas en las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos y que la información publicada, como quedaba claro en el texto, aludía a "futuribles", a planes de contingencia para casos de conflicto.Respecto a la posición de España en la Conferencia de Oslo, en la que presentó varias enmiendas para suavizar la prohibición, Serra recordó que no llegan a la mitad los países que se han comprometido a firmar el tratado. "Por eso, nuestros esfuerzos. A costa de parecer menos populares, queríamos ser más serios y que se procediera a la destrucción total de esos artefactos", explicó.
Por su parte, las ocho ONG que impulsan la campaña en favor de la destrucción ya, en un año a lo sumo, de las minas pidieron ayer al Gobierno que firme de inmediato el tratado y elabore un proyecto de ley que prohíba también las bombas de racimo como aprobó el Congreso en febrero.
Las ONG aseguraron contar con información fidedigna de que la compañía española Exppal seguía exportando minas antipersonas en 1996, dos años después de que se prohibiera.