Felipe González y AIfonso Guerra declaran hoy en el juicio por el 'caso Filesa'
El ex presidente Felipe González y el ex vicepresidente Alfonso Guerra comparecerán a las 10.30 de hoy ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo como testigos del caso Filesa, propuestos por la acción popular del empresario José María Ruiz-Mateos. Los dos primeros mandatarios de la etapa socialista tendrán que responder acerca de la presunta trama de financiación del PSOE a través de las empresas del holding Filesa. Las acusaciones se centran en el supuesto desvío al PSOE de unos mil millones de pesetas pagados por bancos y grandes empresas a Filesa por la realización de informes técnicos inex...
El ex presidente Felipe González y el ex vicepresidente Alfonso Guerra comparecerán a las 10.30 de hoy ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo como testigos del caso Filesa, propuestos por la acción popular del empresario José María Ruiz-Mateos. Los dos primeros mandatarios de la etapa socialista tendrán que responder acerca de la presunta trama de financiación del PSOE a través de las empresas del holding Filesa. Las acusaciones se centran en el supuesto desvío al PSOE de unos mil millones de pesetas pagados por bancos y grandes empresas a Filesa por la realización de informes técnicos inexistentes.
Tras el interrogatorio de los 12 acusados, media docena de peritos y una treintena de testigos, el resultado final del proceso sigue rodeado de múltiples interrogantes. Los principales acusados, el senador del PSC-PSOE Josep María Sala y el ex diputado socialista Carlos Navarro, negaron haber ido adquiriendo una serie de sociedades para canalizar recursos financieros hacia el PSOE mediante el cobro de facturas por informes inexistentes.Sala y Navarro justificaron la compra de la primera sociedad, Time Export, una empresa casi en quiebra, aludiendo a su bajo precio y a la ubicación de sus céntricas oficinas en Barcelona.
Sala explicó que al poco tiempo de la compra se desentendió del local y dejó la empresa en manos de Navarro, quien a su vez la cedió a su tío Luis Oliveró para sus propios negocios. Alberto Flores, pese a que ostentó formalmente durante unos meses el 60% de las acciones del holding, aseguró que en realidad era un empleado al que Oliveró pagaba 200.000 pesetas al mes por ser su representante en Madrid.
Contra todo pronóstico, Oliveró, sobre quien. sus compañeros concentraron todas las responsabilidades, se acogió a su derecho constitucional a guardar silencio y no respondió ni siquiera a su abogado, Pablo Jiménez de Parga.
Alquiler dé Gobelas
Aida Álvarez, antigua coordinadora de finanzas del PSOE, y su compañero, Miguel Molledo, titulares del grupo de empresas 2020, negaron asimismo haber pagado el alquiler de la sede electoral socialista de la madrileña calle Gobelas mediante facturas giradas por una de sus empresas, Distribuidora Express, a Filesa.
Según Aida Álvarez, las facturas, por un importe total de 90 millones, fueron remitidas por error a Filesa y posteriormente anuladas. El contable de Filesa que denunció los hechos, Carlos Van Schowen, en vez de romperlas, se las guardó y las entregó años después al juez, como si hubieran sido válidas, agregó Aida.
Los otros seis acusados, antiguos altos directivos de empresas como ABB, Elsan, Cepsa o Enasa, que pagaron los informes millonarios, capearon como pudieron la acusación de haber entregado "donativos" al PSOE y justificaron, con argumentos más o menos afortunados, tanto el encargo. de informes técnicos como su posterior destrucción o extravío: "Si tuviera en mi casa los informes técnicos de 40 años de servicio, fijese usted lo que sería", se justificó el director general de Cepsa, Eugenio Marín.
Las defensas centraron sus esfuerzos en desvirtuar el informe de los peritos de Hacienda, la piedra angular sobre la que gira toda la acusación. En el turno del fiscal y los acusadores, los peritos apabullaron con datos, justificaciones de movimientos bancarios o contables y con valoraciones siempre en el sentido más desfavorable al reo. A duras penas los defensores in tentaron contener el vendaval, incluso subrayando las vinculaciones de la perito Pilar Valiente como ex directora general del PP.
Tras desgranar cifras, asientos contables y seguimientos de facturas y talones a velocidad de computadora, los peritos de Hacienda se tomaron licencias explicativas tan extrapericiales como eficaces. Filesa, aseguraron, no tenía personal cualificado para realizar complejos informes técnicos facturados a un precio muy superior al del mercado.
Oliveró, explicaron, habría tenido que realizar prácticamente él solo 35 informes técnicos sobre muy variadas materias y habría facturado en dos años cerca de mil millones con un sueldo de sólo seis. En suma, Filesa era un ente creado para recibir donativos con destino al PSOE. La "prueba evidente", para los peritos, es que las empresas aceptaron regularizar ante el fisco el dinero pagado por los informes como gastos no deducibles.
Paradójicamente, tanto entusiasmo de los peritos ha comenzado a ser explotado ya por los defensores. Con la veteranía que les dan sus muchas intervenciones ante los tribunales, los peritos de Hacienda eludieron confesar que fueron ellos mismos quienes directamente revisaron, seleccionaron y requisaron los documentos en los registros a bancos y empresas, en los que casi nunca -sólo en tres ocasiones, de más de 40- estuvo presente el juez instructor Marino Barbero. Así, los peritos se remitieron "al secretario" o a "la comisión judicial" -de la que ellos formaban parte-, como la responsable de las intervenciones.
Las víctimas de los registros, en sus declaraciones como testigos, han hablado del "asalto" de los peritos, que "abrían los archivadores, tomaban directamente la documentación y decidían lo que era de su interés", como se quejó el empresario Ramón Tico Vilarasa. Las defensas alegarán que los peritos actuaron como policías e intructores y buscarán así la nulidad de la prueba.