El Gobierno cierra con PSOE y nacionalistas el paquete de medidas contra el terrorismo

El Gobierno ha cerrado con el PSOE y los nacionalistas el paquete de medidas legales contra el terrorismo de baja intensidad. El acuerdo sólo contempla la celebración de juicios rápidos y la penalización de las contramanifestaciones y las amenazas. Han sido numerosas las figuras legales propuestas por el Gobierno que han decaído para facilitar el consenso del PNV, pendiente sólo de algún matiz y, sobre todo, de IU. Así, el Gobierno y el PSOE descartan tipificar como terrorismo individual el delito de daños y desórdenes públicos. También ha caído la propuesta del Gobierno de castigar hasta con ...

El Gobierno ha cerrado con el PSOE y los nacionalistas el paquete de medidas legales contra el terrorismo de baja intensidad. El acuerdo sólo contempla la celebración de juicios rápidos y la penalización de las contramanifestaciones y las amenazas. Han sido numerosas las figuras legales propuestas por el Gobierno que han decaído para facilitar el consenso del PNV, pendiente sólo de algún matiz y, sobre todo, de IU. Así, el Gobierno y el PSOE descartan tipificar como terrorismo individual el delito de daños y desórdenes públicos. También ha caído la propuesta del Gobierno de castigar hasta con dos años a manifestantes enmascarados. No obstante, IU aún no ha confirmado el acuerdo.

El Gobierno ha peinado su amplia batería de propuestas para combatir legalmente el terrorismo de baja intensidad en aras de conseguir el consenso de todos los partidos democráticos que se agrupan en el Pacto de Madrid.El encuentro celebrado esta misma semana entre el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, y el portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, se ha saldado con un acuerdo total. También el portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, dio ayer su visto bueno, con la salvedad de no ampliar las competencias de la Audiencia Nacional de forma permanente. CiU se adhiere al acuerdo con el PNV.

El pacto está pendiente prácticamente de Izquierda Unida. "El acuerdo ni está cerrado ni está abierto", dijo ayer la portavoz de IU, Rosa Aguilar, quien manifestó que su coalición necesitaba aún un plazo para expresar su opinión definitiva.

Posteriormente, el ministro del Interior convocará el Pacto de Madrid. Mayor Oreja prevé que será antes de fin de mes, esto es antes de la celebración del juicio contra los dirigentes de HB, señalado para el 6 de octubre.

Mantener la unidad

La consecución de un acuerdo amplio ha traído como consecuencia que decaigan numerosas propuestas del Gobierno. El ministro del Interior considera que lo importante es mantener la unidad en torno de un acuerdo simbólico contra el terrorismo. Para, Mayor Oreja, la apuesta fundamental, en este momento, radica en la reacción de la sociedad vasca ante el juicio de la Mesa Nacional de HB.

La celebración de juicios rápidos para delitos de vandalismo callejero es uno de los puntos claves que se mantiene de la propuesta inicial del Gobierno. Supone la supresión de la fase inicial de instrucción para ir directamente al juicio oral. Los partidos coinciden en que es una de las medidas más eficaces de todo el paquete de propuestas.

También se mantiene la tipificación de las contramanifestaciones como delito. Tanto el Gobierno como el PSOE han insistido en dejar claro que se penalizan contramanifestaciones procedentes de grupos de apoyo a banda armada. Los partidos de la oposición al Gobierno han insistido en la negociación en que el texto sea muy claro por temor a que la ambigüedad en la redacción pudiera permitir la extensión a otros supuestos.

La propuesta consiste en la creación de un artículo, el 521 bis, que castiga con penas de arresto de 10 a 24 fines de semana o multa de cuatro a diez meses a quienes "impidieren, obstaculizaren, perturbaren o limitaren el legítimo ejercicio de la libertad de reunión o manifestación de otros".

Asimismo, el Gobierno ha pactado una fórmula para castigar las amenazas que comporten riesgo de actuación terrorista. Se introducirá la expresión "los que reclamaren acciones violentas" en el artículo 170 del Código Penal, referente a las amenazas. Dicho artículo dice: "Si las amenazas de un mal que constituyere delito fuesen dirigidas a atemorizar a los habitantes de una población, grupo étnico o un amplio grupo de personas y tuvieran la gravedad necesaria para conseguirlo, se impondrán, respectivamente, las penas superiores en grado a las previstas en el artículo anterior". En el artículo anterior se barajan penas de entre seis meses y cinco años, según los casos.

En términos claros, las expresiones de apoyo a ETA, como, por ejemplo, "¡Gora ETA militarra!" no suponen penalización. Sin embargo, otra expresión como "¡ETA, mátalos!" sí.

En el curso de la negociación con los partidos han decaído algunas de las propuestas más beligerantes del Gobierno, como la penalización con cárcel por la asistencia a manifestaciones ilícitas o el castigo con hasta dos años de prisión a quienes acudan a manifestaciones enmascarados o pintados. Tanto el PSOE como IU se han opuesto a estas medidas incluidas en la oferta del Gobierno.

También ha decaído, para facilitar la participación de IU en el consenso, la propuesta del Gobierno de ampliar a danos el delito de estragos sin necesidad de pertenecer a banda armada al aplicarle la figura del terrorista individual.

El cierre del acuerdo queda pendiente especialmente de la opinión definitiva de IU. Por parte de los nacionalistas, la única salvedad consiste en que la Audiencia Nacional no asuma competencias definitivas en esta materia. "Queremos potenciar al juez natural", dijo ayer Iñaki Anasagasti, que expresó su apoyo general tras entrevistarse con el ministro Mayor Oreja.